En apariencia, el presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires es el programa de gastos y recursos que todos los fines de año aprueba la Legislatura, y que controla la Auditoría de la Ciudad.

 

Pero al lado de ese presupuesto “oficial”, existe otro presupuesto “paralelo” mucho más jugoso. Es el que integran las llamadas sociedades autárquicas donde participa la Ciudad: la Corporación Puerto Madero, la Corporación del Sur, el Banco Ciudad y Autopistas Urbanas. Nacidas con el rótulo formal de “sociedades del Estado”, manejan un patrimonio y recursos que se encuentran fuera del control ciudadano y que se destinan a operaciones vinculadas con el lucro capitalista y la especulación del suelo. La autarquía de que gozan les ha permitido llevar adelante ese saqueo sin tener que pasar por auditorías o controles legislativos.

 

Ya son muchas las denuncias contra la Corporación Puerto Madero, que está depredando la costanera porteña con la erección de torres que violan todas las disposiciones vigentes en materia de impacto ambiental. Es menos conocido que la Corporación es también un instrumento para la fuga de capitales: una reforma de su estatuto societario le permite reinvertir sus utilidades en cualquier lugar del país o del exterior, para la concreción de proyectos constructivos, inmobiliarios o financieros.

 

También ha sido reformado el “objeto social” de Autopistas Urbanas (Ausa), permitiendo la subcontratación de obras de bacheo y pavimentación en reemplazo de la Secretaría de Obras Públicas. Naturalmente que, al pasar por Ausa, esta tercerización elude el principio constitucional que otorga la sanción del presupuesto de gastos y recursos a la Legislatura, y escapa también a los controles de la Auditoría. El círculo de la privatización se cierra con otra “reforma estatutaria” en curso: la del Banco Ciudad, para que pueda intervenir en la formación de sociedades mixtas en la constitución de Afjp, aseguradoras de riesgos del trabajo o empresas de medicina privada. De este modo, los recursos públicos del Banco – que provienen de su condición de agente de pago y recaudación del Estado y la Justicia residentes en la ciudad – o sea el crédito, servirán para promover operaciones financieras privadas.

 

Estas cajas paralelas parasitan del ahorro social de la Ciudad y de su “presupuesto oficial”. Los resultados de esta orientación en el manejo de los recursos están a la vista: de un lado, inversiones suntuarias y ociosas, depredación del espacio público, obras públicas malas y caras. Del otro, una población sometida a un desempleo y déficit habitacional crecientes, a una salud y educación pública colapsadas, y a permanentes incrementos en las tasas e impuestos.

 

Lo que se disputan Ibarra y Macri es el control de estas “cajas” – oficiales y paralelas – de la Ciudad, que son resorte exclusivo de los funcionarios que digita el Ejecutivo.

 

Desde el Partido Obrero, propugnamos la integración de los activos de la Ciudad en una contabilidad y presupuesto únicos, que sirvan de palanca para una enérgica transformación social. El establecimiento de un presupesto único significa dotar a la Ciudad en su conjunto tanto de recursos impositivos y tasas, como del recurso del crédito. Las compras y licitaciones deben ser sometidas al control de comisiones electas de trabajadores y vecinos. El Banco Ciudad debe destinar, por ley, el 40% de sus recursos a la construcción de vivienda social. [Esta transformación, controlada por un gobierno de comunas en los barrios, electas una vez al año, permitirá cumplir con objetivos relacionados a las necesidades de la mayoría carente de vivienda, salario, trabajo y recreación].

 

La Ciudad de los contratistas y las corporaciones ha dado, como principal resultado, 250.000 desocupados y 150.000 familias sin techo. La reasunción de sus recursos como patrimonio social conduciría a un desarrollo urbano armónico, basado en el arraigo de quienes trabajan y viven en Buenos Aires.