La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) advirtió que la suba de tarifas prevista elevará los costos industriales. En ese sentido, la entidad se reunirá con la secretaria de Energía, Flavia Royón, a quien le reclamará nuevos subsidios patronales como condición para no aumentar los precios. Lo anterior, sin embargo, choca con la voluntad del gobierno de recortarlos para cumplir con los lineamientos del Fondo Monetario.

Todavía no se sabe a ciencia cierta cómo será la quita de subsidios en el mercado mayorista de gas y electricidad, en el que se abastecen las fábricas. En principio, el tarifazo de Aysa para los usuarios no residenciales rondará el 250% en marzo. Lo que sí es seguro es que los trabajadores sufriremos por doble vía el aumento pautado en los servicios públicos: no solo lo veremos reflejado en la boleta de los hogares sino también en el encarecimiento de los artículos de consumo, como ocurrió en junio, con el aumento del 70% en la factura de luz para la industria.

El gobierno permite que las empresas trasladen este incremento al bolsillo popular sin avanzar ni por asomo en la apertura de los libros. Por este motivo, nada indica que de obtener el subsidio que reclaman, las Pymes se priven de remarcar sus precios.

La exigencia de mayores subsidios que amortigüen el tarifazo también se hizo sentir en la cumbre de los gobernadores del Norte Grande que tuvo lugar la semana pasada. Se trata de provincias sumamente empobrecidas y de mucho consumo eléctrico durante el verano debido a las altas temperaturas, con lo que una suba de proporciones en la boleta echaría nafta al descontento social creciente. A su vez, los mandatarios de cada una de ellas actúan como portavoces de sus burguesías locales que rechazan pagar servicios más caros.

Lo cierto es que el esquema de tarifazos permanentes lanzado por el oficialismo, en pos de acercarse a las metas fiscales del FMI, es inflacionario por donde se lo mire, constituyendo un nuevo ataque a los ya deteriorados salarios. Como vemos, no solo incentivará choques con la población trabajadora sino también con una fracción de la clase capitalista y la Liga de Gobernadores.

Sale a la luz que la segmentación es la señal de largada de un ajuste de gran alcance, que incluso promete nuevos capítulos. Es un punto central del plan Massa, con el que el kirchnerismo se ha alineado explícitamente. Tal es así, que despejaron el camino para que el nuevo ministro nombrara a funcionarios de su propio riñón dentro de la cartera de Energía, como a la propia Flavia Royón, y, recientemente, a Walter Martello en el Ente Nacional de Regulación de la Electricidad (Enre), en reemplazo de la kirchnerista Soledad Manín. Este último, además, tiene en su currículum haber sido diputado provincial por la Coalición Cívica entre 2003 y 2011. La subordinación “nacional y popular” a los dictados del Fondo no podría ser mayor.

Así las cosas, a los trabajadores nos toca defender nuestros ingresos, exigiendo un sueldo inicial de $180 mil y aumentos salariales indexados a la inflación. Por eso, es tan necesario pelear por un paro nacional y plan de lucha que ponga en agenda nuestras reivindicaciones.

 

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