La Nación del miércoles 19 no tuvo el menor reparo en dejar en evidencia el costado político del procesamiento dictado por Bonadío contra Cristina Kirchner, acompañado una orden de prisión preventiva que deberá convalidar la Cámara Federal. “Cristina deberá enfrentar al menos tres juicios durante el año electoral”, pontifica el titular de primera página. Debajo de esta proclama, en el mismo diario, Joaquín Morales Solá tampoco se interesa por los elementos probatorios del procesamiento: advierte también que “Cristina Kirchner podrá eludir la cárcel por ahora, pero no podrá esquivar el intenso debate que provocará el pedido de la Justicia para que sea detenida”, ni el peronismo en su conjunto podrá soslayar esa polémica”.

Los ‘cuadernos’ de una polarización política

El armado de un escenario de polarización política, cuyo eje sería la corrupción fomentada bajo el gobierno kirchnerista, aparece como el recurso que se encuentra más a mano para un gobierno acosado por la desvalorización económica y la quiebra del financiamiento exterior como el interno. La represión es inviable sin un complemento político, porque la propia crisis industrial extiende todos los días el campo de los afectados por el derrumbe financiero. La maniobra, como se ve, no es simplemente un intento de ‘desviar la atención de la opinión pública’, pues el propósito manifiesto es encerrar una disputa política general en el marco reducido de una confrontación entre la camarilla macrista y la kirchnerista, en torno a cuestiones delictivas y al uso político de las camarillas judiciales. El cambio palaciego de la mayoría de la Corte se ajusta a este objetivo. La polarización procura ganar para cada bando al peronismo intermedio, o pulverizar una opción nacional de este sector, cuya falta de homogeneidad política es bastante patente. La confrontación no apunta todavía a las elecciones de octubre del año que viene, sino a reforzar una coalición de gobierno con capacidad de asegurar esas elecciones e incluso una posibilidad de ganarlas – en segunda vuelta al menos. Una coalición que viabilice, de esta manera, la política del Fondo Monetario Internacional. La pelea judicial se encuentra enteramente condicionada a la necesidad de una salida política capitalista y colonial al desplome financiero que evite que la crisis en curso derive en una movilización histórica de las masas.

Prisión preventiva y desafueros

El pedido de desafuero de CFK, por parte de Bonadío, tiene la única finalidad de dictar la prisión preventiva de la ex presidenta, encerrarla hasta la última apelación disponible, algo que está ampliamente cuestionado en las sedes judiciales internacionales, como lo prueba el pedido de la ONU para que Lula sea puesto en libertad hasta que se produzca una sentencia condenatoria final – o sea por parte de la Corte Suprema de Justicia. (ojo: El nuevo presidente de la Corte es adversario de este planteo de Naciones Unidas). El alegato de que la libre movilidad de CFK pudiera “obstruir las investigaciones” es un insulto a la inteligencia de la opinión pública. Es que, por un lado, esas investigaciones se vienen haciendo desde hace varios años sin otros entorpecimientos que los habituales en los procesos judiciales, y por otro lado porque el mismo Bonadío afirma, en el fallo, que aún le queda mucho por investigar. El mismo juez ha dejado en libertad a cuarenta otros procesados por cohecho activo, en su mayoría empresarios, y dictado preventiva a otros catorce – en su mayoría funcionarios K. Dos pesos, dos medidas.

Un periodista insospechable de la Corpo, Ricardo Kirschbaum, asegura que “La Justicia tendrá que probar que casi todo el dinero subía hasta los Kirchner” (Clarín 18.). Es sorprendente que no haya podido hacerlo con tanto arrepentido suelto y con el auxilio del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Bonadío oculta más de lo que sabe, como lo prueba que no haya citado aún a los auditores externos de las empresas coimeras, que son los encargados de firmar los balances de las compañías, y que nunca lo hacen sin un previo ‘tete a tete’ con los directores de ellas. “Los responsables de varias de estas constructoras”, relata (¿o denuncia?) el periodista Hugo Alconada Mon, “no obstante, aún no desfilaron por tribunales, como tampoco las autoridades de las casas de cambio, bancos y financieras que proveyeron de pesos, dólares o euros durante años” (La Nación, 18.9). Estos son los cómplices de “la ruta del dinero K” que, a sabiendas de Bonadío, preservan a la camarilla kirchnerista para protegerse a sí mismos de ir a la cárcel.

La famosa ‘opinión pública’ es mantenida en la ignorancia acerca de que también Cambiemos votaría en contra del desafuero de CFK. ¡Qué tal! Ocurre que así como los pejotistas tienen la doctrina del fallo final para votar el desafuero (“doctrina Menem”, cajoneada por la Corte durante veinte años), los macristas tienen la suya – la exigencia de que haya una segunda condena para avalarlo. Es lo que inventaron para que pudiera zafar del desafuero su diputada chaqueña, ex intendenta de Resistencia, Aída Ayala, que ya fue condenada, en primera instancia, por saquear el erario público. Por otra parte, Cambiemos, en poco tiempo, pasará a compartir Comodoro Py con el kirchnerismo, apenas se libere la investigación Odebrecht, que está frenada por una persecución legal intencional de la Agencia Federal de Investigaciones, que conduce el macrista Gustavo Arribas, contra la constructora brasileña. Es lo que informa Iván Ruiz en La Nación (15.9) y ha sido reiteradamente denunciado por Alconada Mon, es decir, bloquear esta investigación para impedir que se investiguen los negociados en Aysa y el Sarmiento, que involucran a compañías afines a Macri.

Odebrecht, Techint y Macri

En la investigación Odebrecht aparece también Techint, que coimeó a los K en los gasoductos del norte y en Córdoba por los gasoductos troncales, y que está imputada en Brasil por cohecho en perjuicio de Petrobrás, e incluso en Italia, como denuncia, siempre que puede, Emilia Delfino, en Perfil. Sin embargo, el presidente de la compañía, Paolo Rocca, no ha sido citado a declarar por Bonadío, que liberó al gestor del grupo, Zavaleta. Los Techint mienten alevosamente sobre Venezuela: Chávez no los aterrorizó en Venezuela, en abril de 2008, sino al revés: Chávez envió el ejército a Sidor para apoyar a la patronal, Techint, contra una huelga reivindicativa de los obreros. Cuando la represión fracasó en detener la huelga, Chávez despidió a su ministro de Trabajo y decidió satisfacer las reivindicaciones, a lo que Techint se opuso. En la nacionalización subsiguiente Chávez pagó una indemnización de u$s1.800 millones, por pedido de CFK, y se hizo cargo de una pasivo oculto de dos mil millones de dólares. Los Roca y los Kirchner lucraron sobre las espaldas del pueblo de Venezuela, con la complicidad de Chávez.

Es cierto lo que sostiene Bonadío, aunque con una reserva: Argentina es manejada por una asociación ilícita de macristas y peronistas en conjunto con la burguesía nacional. Esta trama se encuentra asociada ahora en el propósito de amnistiar a las compañías ladronas, haciendo recaer el delito sobre algunos directores, ahora ‘arrepentidos’, en calidad de chivos emisarios. Los ‘cuadernos’ ponen de manifiesto un sistema de espionaje que es llevado a la superficie ahora para favorecer una determinada salida a la crisis política. En un plano más general, apunta a desalojar el monopolio de las constructoras locales en beneficio de las internacionales, incluidos bancos, como está diseñado en el sistema de Participación Pública Privada – y a las inversiones de China a favor de Estados Unidos. Esto ha sido ampliamente publicitado en los medios.

Kirchnerismo y Frente de Izquierda

El kirchnerismo pretende desprenderse de las acusaciones de corrupción, denunciando el propósito ‘neo-liberal’ del macrismo. Pero, en realidad, está corrompido hasta la médula, como lo demuestran sus funcionarios agarrados ‘in fraganti’, así como su rol de organizador de la cartelización de la obra pública. La victimización que finge el kirchnerismo suma a su degeneración. Es cierto que las denuncias de corrupción fueron instrumentadas muchas veces contra gobiernos populares, como el brasileño Vargas o Perón o Eva Perón, pero esto no significa que no presidieran regímenes corruptos o que acabaran pactando con el imperialismo (Triple A), ni que sus acusadores no estuvieran más corrompidos que ellos mismos. La disputa que tiene por eje aparente a la corrupción debe ser caracterizada políticamente, no para absolver a la corrupción, sino para separar a las masas de la burguesía y para ofrecer una orientación independiente en el entramado de un conflicto de dos representantes de los explotadores, que solamente se distinguen por el momento en que son funcionales para la burguesía. Menem no lo fue en 2003, sino Kirchner; no lo fue CFK, en 2015, sino Macri; y la crisis actual determinará si éste o algún otro jugarán ese papel en el desarrollo de la crisis actual.

Mientras CFK asegura que “podrán excavar toda la Patagonia que nunca van a encontrar nada”, el juez Casanello, un ex kirchnerista al menos, asegura que “desde fines del año 2010 se pergeñó una ingeniera financiera para el millonaria blanqueo de dinero con Lázaro Báez a la cabeza, y que muchas de las personas que los auxiliaban en esa tarea realizaban a su vez desmesuradas inversiones en bienes y servicios suntuosos con el dinero habido a partir de su participación en la estructura societaria y bancaria para canalizar dinero espurio proporcionado por Báez”. ‘Cristina’ no desconocía el entramado de coimas asociado a su gobierno; Feinmann, ‘el bueno’, elogió a NK, en un libro, por la rapidez de reflejo que tuvo para cooptar a un puntero regional, a cambio de $40 mil. La ‘realpolitik’ K. A esto agreguemos Eskenazi en Repsol, la indemnización a esta vaciadora, el acuerdo con Chevron que hoy protege Macri, el pago al Club de París. Victimizarse con los K no es la forma de luchar por los intereses populares, ni combatir al FMI.

El Frente de Izquierda enfrenta, entonces, la responsabilidad de luchar contra la tentativa de polarización mafiosa, que pretenda operar como una salida política al impasse de la burguesía frente a una nueva bancarrota capitalista. Caracterizar en forma correcta el contenido político de los enjuiciamientos por corrupción, no puede ser en ningún caso un pretexto para favorecer una asociación con el kirchnerismo, al cual hay que denunciar como la jefatura de la cartelización capitalista y como fuerza política corrompida. El llamado a que el régimen actual sea reemplazado por una Constituyente Soberana, que se convoque a un Congreso de bases del movimiento obrero y que se responda con la huelga general a la política fondomonetarista; este programa traza una alternativa propia para los explotados. Así desarrollaremos un poderoso frente único de lucha que aproveche este momento excepcional que muestra a toda la burguesía y a sus partidos en el escenario de Comodoro Py y a una gran parte de ella como gestora o cómplice del FMI.