El uso de facturas truchas constituye una práctica habitual de los capitalistas. El 80 por ciento de las irregularidades que determina la Afip consiste en el uso de facturas falsas; así se aumenta el gasto declarado, para pagar menos IVA y Ganancias (El Cronista, 30/5). Estamos hablando de sumas fabulosas, pues por cada factura trucha, el ahorro impositivo de las empresas supera el 50 por ciento (el 21 por ciento en concepto de IVA y el 35 por ciento por Impuesto a las Ganancias). Si tenemos en cuenta que una rentabilidad final (después de impuestos) ronda en el 15 por ciento, esta operatoria puede duplicar ese margen.

 

En tomo a esta práctica se lian creado verdaderas “fábricas”, que proveen estos comprobantes truchos. Las facturas apócrifas son comercializadas a partir de empresas fantasma (usinas) creadas por estudios profesionales que actúan como intermediarios. La factura está emitida y la usina tiene un Cuit, pero la venta no existe. “Según versiones del mercado, por una factura apócrifa se cobra entre el 5 y el 8 por ciento del monto total facturado” (ídem).

 

Esta práctica se viene extendiendo en los últimos 20 años. “La DGI iba a la usina, que es siempre una empresa insolvente, le determinaba impuestos impagos que nunca cobraba y así le regalaba crédito fiscal a la firma que había usado la factura apócrifa. Era el negocio redondo” (ídem). De este modo, la Afip legalizaba la operación ‘trucha’.

 

Aunque aparecen facturas apócrifas todos los días, hay dos megacausas referidas a estos casos. Una conocida como megacausa de 2003, y la otra es la actual asociada a Skanska. Entre las empresas investigadas por supuestos vínculos con Infiniti  Group, proveedor de las facturas truchas, aparecen empresas líderes como Aeropuertos Argentina 2000, Banelco, Easy Argentina, Espasa SA, Wal Mart, Banco Galicia, Banco Macro-Ban-sud, Cencosud, Clínica Bazterrica, Coviares y Autopistas del Sol. Siguiendo esta misma línea, en la megacausa del año 2003, el 25 por ciento de las empresas que están investigadas como usuarias de las facturas pertenecen al padrón de grandes contribuyentes. Entre esas compañías figuran empresas de servicios privatizadas (Telecom y la ahora reestatizada Aguas Argentinas), Supermercados Disco, productores de cine, radio y TV (Gerardo Sofovich y Diego Guebel), publicitarios (Ramiro Aguila y Carlos Baccetti), bancos y petroleras. En otras palabras, tenemos implicado en el fraude a lo más granado del capital, incluyendo e incluso liderando esta operatoria sus representantes locales, es decir, los representantes de la burguesía nacional que Kirchner se propone reconstruir como objetivo estratégico de su mandato.

 

Lo que llama la atención a partir del caso Skanska es el peso que tienen los fideicomisos que canalizan la obra pública. Según el periodista Morales Solá, muchas de las otras 23 empresas que compraron facturas truchas y que están involucradas en la misma investigación de la que forma parte Skanska, están vinculadas a fideicomisos para hacer obra pública. “¿Hay, entonces, un sistema descontrolado para administrar cerca de 5.000 millones de dólares en fideicomisos?'’  (La Nación, 20/5).

 

Estamos en presencia de una verdadera asociación ilícita orquestada desde el propio poder político. que maneja una caja paralela. Él fraude con las facturas truchas es apenas una de las caras de este negocio. El fraude continúa con el tratamiento impositivo que reciben los fideicomisos, que les permite reducir sensiblemente el impacto tributario de las utilidades del emprendimiento) «distribuyendo la carga entre los inversores o difiriendo el impuesto a través de otras maniobras contables». Iguales o más importantes que el fraude impositivo son los sobreprecios, prebendas y subsidios y, en términos generales, la impunidad en que se desenvuelve esta actividad. No es exagerado decir que tenemos “una zona liberada". El gobierno y su corte de funcionarios reciben su ‘recompensa’ por los servidos que prestan.

 

Kirchner reprime a los maestros en Santa Cruz para defender su control en un sistema organizado de fideicomisos asociados a la obra pública y a las concesiones mineras y petroleras, que no admite ninguna fisura o manejo compartido, es decir, democrático.