Esta semana, una decena de gobernadores se proponen firmar el traspaso de las Cajas provinciales al Estado nacional. Luego harán lo mismo las provincias restantes. A partir de esta “transferencia”, los trabajadores públicos de las provincias serán obligados a ingresar al nuevo régimen previsional. Esto significa tres cosas. Primero, que los 1.400.000 empleados provinciales van a poder ser capturados por las AFJP. Representa un “bocado” de unos 30 millones de dólares por mes en concepto de comisiones para los estafadores de la “jubilación privada”. Segundo, que de un plumazo estos trabajadores perderán el derecho que tienen ahora de jubilarse a los 55 o 60 años, con el 82% y otros beneficios, y pasarán a cobrar una jubilación del 40% del sueldo y con 5 ó 10 años más de trabajo, según los casos. Tercero, que los 500.000 jubilados que hoy tienen una jubilación media de 650 pesos mensuales van a ser “alineados” con las jubilaciones “nacionales” que rondan los… 240 pesos.

Para hacer pasar esta estafa, los gobernadores repiten que se van a respetar los “derechos adquiridos” de los jubilados, algo que los centroizquierdistas plantean que sea puesto por escrito para encubrir así su acuerdo con la entrega de las Cajas provinciales. Pero aun si el “respeto” se cumpliera (algo que este gobierno nunca hizo), igual quedarían afuera los “derechos adquiridos” del millón y medio de trabajadores que hoy tienen el derecho a cobrar el 82% cuando se jubilen y a jubilarse a la edad legal establecida (en base a estos derechos estuvieron aportando durante todos estos años). ¿Pero quién dijo que se respetarán los derechos adquiridos de los actuales jubilados provinciales, cuando el gobierno no está respetando los derechos adquiridos de los jubilados nacionales? ¿Acaso el gobierno paga el 82% a los jubilados nacionales, como marca la ley?  Los derechos adquiridos en boca y en el papel de Menem-Cavallo y todos los gobernadores son una simple estafa.

Para justificar este ataque a los jubilados y empleados provinciales, Menem-Cavallo y las gobernaciones se han largado a la divulgación de cifras sobre supuestos déficits de las Cajas, en una verdadera competencia por la mentira. Según lo reveló el COFEPRES, el Consejo Federal de Previsión, aquellas Cajas provinciales que tienen déficits lo deben a que pagan los retiros y las pensiones policiales; a que las gobernaciones cubren con dinero de las Cajas los aportes a las obras sociales, y a que el ANSES no se hace cargo de los convenios de reciprocidad por el personal transferido a las provincias. Los convenios de reciprocidad establecen que el trabajador se jubila por la Caja a la que mayores años aportó, por lo que los empleados transferidos que se están jubilando deberían recibir sus beneficios del ANSES.

Las Cajas que van a ser transferidas inmediatamente tienen “un déficit del orden de los 250 millones, en gran parte atribuible, según Amancio López (asesor del COFEPRES), al régimen policial que en muchas provincias depende del sistema previsional provincial. El déficit de la Caja de Santa Fe, dijo López, se debe a las jubilaciones policiales que tienen retiros muy anticipados. También a que muchas provincias recurrieron al expediente de reducir sus planteles apelando a la ‘jubilación forzosa o anticipada”’ (Clarín, 8/6/94).  Cuando las gobernaciones despidieron a miles de trabajadores a través de la jubilación de oficio, en cumplimiento del “plan Cavallo”, desequilibraron las Cajas, hecho que usan ahora para liquidarlas directamente.

La transferencia de las Cajas es un golpe particularmente contra los docentes provinciales, en especial contra los maestros o maestras que se jubilan a los 50 años, con 25 años de servicio al frente de las aulas, y con el 75% del sueldo promedio de los mejores cargos. Sin embargo, la CTERA ni se da por aludida…

El gobierno, que se empeñó en provincializar la educación y la salud nacionales, ahora quiere nacionalizar las Cajas provinciales. Dos puntas tienen el camino y en las dos están los bancos beneficiarios (de un lado, en lugar del gasto en salud y educación se paga la deuda externa, y las cajas provinciales, por otro lado, irán a las AFJP).

Algunos gobernadores, como Angeloz o Duhalde, han jurado que no van a transferir las Cajas de sus provincias, pero esto es puro verso. Tanto Angeloz como Duhalde han asociado a los bancos de sus provincias, que dependen de las gobernaciones, a las AFJP, como Orígenes (Buenos Aires) o Claridad (Córdoba). Es decir, los gobernadores son socios activos de la “jubilación privada”. Sólo están esperando el “mejor” momento para pasar a los empleados de sus provincias…a sus propios negocios y negociados, mientras negocian con Cavallo algunas prebendas por el traspaso.

Ocupar las Cajas

La “jubilación privada” no puede coexistir con Cajas nacionales o provinciales que paguen jubilaciones superiores. Por eso, luego de liquidar el 82 % en el orden nacional, Cavallo necesita terminar con las jubilaciones provinciales y entregar a los empleados provinciales como masa cautiva de las AFJP.

Esto ha provocado una verdadera sublevación de los jubilados provinciales y un estado de movilización entre los trabajadores provinciales. Se ocupó la Caja del Chaco, ha habido movilizaciones masivas en Río Negro, hay un paro en Salta, Chaco …Ese es el camino. Paro y ocupación de las Cajas y de los edificios de la administración pública.

En Salta, la Mesa de Enlace de Defensa de la Caja de Previsión Social decidió un paro y una movilización “por el mantenimiento del sistema en la órbita provincial” para el jueves 16, el día que el gobernador Ulloa pretende firmar en Buenos Aires el convenio de transferencia de la Caja.

En el Chaco hay un paro el miércoles 15, también contra la transferencia de la Caja.

En Río Negro hay movilizaciones permanentes.

En Catamarca, el Senado provincial votó la transferencia, mientras se prepara también un paro general. En varias provincias, los empleados de las Cajas decretaron la movilización general, llamando a los jubilados y trabajadores a movilizarse, porque la transferencia significará “inmediatamente optar entre el régimen estatal y el privado y haría perder a los que esperan jubilarse la posibilidad de cobrar el 82% que hoy tienen asegurado” (Clarín, 11/6/94).

En el Chaco se denunció “al gobierno de Acción Chaqueña de inflar las cifras del déficit del sistema jubilatorio” (Crónica, 11/6/94).

El paro y la ocupación de las Cajas y de la administración pública están planteados como la única manera de quebrar la estafa de la transferencia.  Jubilados, empleados provinciales, trabajadores de las Cajas de Previsión, todos juntos.