A siete meses de cuarentena son miles los formoseños que siguen sin poder volver a sus hogares. El gobierno de Gildo Insfrán dispuso un esquema de ingreso basado en una inscripción previa y el estudio de prioridades. Pero los criterios no son claros, o por lo menos no parecieran ser los que se manejan en la práctica. Son muchas las denuncias de personas en situaciones extremas que no reciben respuestas por parte del Ejecutivo.

Se presume que aún quedan cerca de 10 mil personas que necesitan volver pero reciben autorización del gobierno.

Con esta situación han llevado a decenas de varados a tomar medidas desesperadas, como largarse “a dedo” desde la provincia donde estuviesen, para venir a esperar bajo un árbol en la frontera con el Chaco. Algunos hasta se animaron a cruzar el Río Bermejo a nado. Esta última acción le costó la vida a un joven que intentaba llegar a su casa donde lo esperaba su hijo y esposa.

Si la pandemia dejó en evidencia la situación deplorable del sistema de salud, la existencia de tantas formoseñas y formoseños fuera de la provincia desnuda el fracaso del gobierno de Insfrán durante estos 30 años que lleva en el poder. Sucede que estas personas son jóvenes trabajadores que se fueron a otras ciudades por trabajo y que ahora, por la crisis económica, lo perdieron; o estudiantes que van a otras provincias porque no cuentan con la carrera aquí. Otros tantos salieron por cuestiones de enfermedad, imposibilitados de tratarse acá por la deficiencia del sistema de salud pública. Así queda claro a los que nos llevó el “modelo” de Insfrán: a una quiebra social generalizada. La oposición de Juntos por el Cambio no se puede hacer la distraída de todo esto; después de cuatro años de gobernar el país tiene una enorme responsabilidad.

Las presiones de familiares, que han generado una opinión pública favorable, han obligado al gobierno, a regañadientes, a habilitar otros centros de alojamiento. Aunque avanzan con una marcada discriminación racial -como el caso del alojamiento en carpas y sin servicios para un grupo de trabajadores originarios que volvían de la cosecha en Salta.

Ahora el gobierno va al choque con una parte de la Justicia Federal, porque el juez Fernando Carbajal ha dispuesto el ingreso de 81 estudiantes que habían presentado un habeas corpus. Esto provocó la furia del Ejecutivo, que disparó una serie de acusaciones contra el magistrado. Lo mismo hace contra todos los que denuncien la situación de los varados; el Concejo del Covid-19 se convirtió en una tribuna de “patoteros” propio de un régimen autoritario.

El ministro de Justicia, Jorge González, sostiene en su discurso del parte diario que las medidas obedecen al cuidado de todos los formoseños. Miente. El gobierno dispuso un régimen de aislamiento para las personas que fueron ingresando, ubicándolos en complejos donde convivían bajo hacinamiento, y en estas condiciones se produjeron gran parte de los contagios. Otros se contagiaron en un aserradero, actividad no esencial pero que contaba con la autorización del gobierno para su funcionamiento. En estos momentos dos ciudades, Clorinda y Belgrano, cuentan con circulación viral pero el gobierno no avanza con los testeos masivos para contener el virus; su única medida es el aislamiento de las ciudades, la represión y la judicialización, sin garantizar el sustento a las familias más vulnerables ni la atención de la salud de muchos que padecen otras enfermedades.

Mientras sucede todo esto, el gobierno avanza con la vuelta a las clases de forma semipresencial en gran parte de la provincia. Dicen una cosa y hacen otra.

Desde el Partido Obrero exigimos la habilitación de todos los centros de aislamiento necesarios para el ingreso inmediato de todos los varados, tomando todas las medidas sanitarias necesarias.

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