Desde el gobierno de Schiaretti se ha lanzado una campaña general para destacar que la provincia de Córdoba estaría quebrada y que hay que proceder a un ajuste. La campaña es desarrollada sistemáticamente por el aparato estatal y por la prensa oficialista. El propio gobierno ha recortado un 45% por cuatro meses las remuneraciones de los funcionarios. Pero ello es una impostura, para proceder al objetivo oficial de recortar salarios y jubilaciones. Distintos informes y versiones marcan que es inminente un nuevo ataque a la Caja de Jubilaciones provincial.

Pero la quiebra y el ajuste se dirigen en un su solo sentido, hacia la clase trabajadora. A los grandes capitalistas no solo no les saca ni un peso, sino que se pretende marchar a su rescate. En la importante economía cordobesa operan verdaderos pesos pesados del capital nacional e internacional; ellos tienen el control de la tierra y de la producción “sojera”, de la industria, de los bancos y de la especulación financiera, y otros que explotan grandes vetas de negocios con ganancias millonarias. Un caso extremo se verifica en el transporte interurbano, hace catorce días el sindicato AOITA está de paro, y no solo que el gobierno no procede a estatizar el sistema, sino que reclama más subsidios nacionales para los capitalistas mientras miles de trabajadores se encuentran sin salario y miles de usuarios siguen sin servicio.

En primer lugar podemos analizar la economía del “campo”, tan defendido siempre por el mismísimo Schiaretti. En febrero de 2019 la Bolsa de Cereales de Córdoba emitió su informe económico N° 272 titulado “La campaña 2018: motor, combustible y aceite de la economía provincial”, en el cual se expresaba que la producción agrícola aportaría 9.770 millones de dólares provenientes de 37 millones de toneladas de granos, que representarían el 29% de la producción agrícola total nacional. Se destacó que la inversión fue de unos 3.000 millones de dólares para poder sembrar 8,3 millones de hectáreas, que representa poco más que la superficie de la mitad de la provincia. Según un informe posterior de la Unidad Ministerial del Sistema Integrado de Información Agropecuaria (UMSIIA), esa campaña 2018/2019 término cosechando más de 41 millones de toneladas (Infocampo, 10/09/2019).

Si proyectamos esos números, tenemos una diferencia entre inversión y resultado superior a los 7.000 mil millones de dólares. Acá viene la pregunta ¿cuánto aporta a la provincia esa producción? No hay informe específico, pero el informe mencionado de la Bolsa de Cereales, expresa que “… el movimiento comercial de estas actividades inyectará 320 millones de dólares en tasas e impuestos a las arcas de la provincia, sin considerar tributos patrimoniales como el inmobiliario rural, u otros tributos coparticipables…”. Si fueran verdaderas las cifras del informe, tendríamos apenas un monto menor al 3% del total producido. Pero además hay que decir que esos impuestos vuelven con creces al capital agrario. Por ejemplo, lo recaudado por el inmobiliario rural y otros tributos financia un fondo de obras y programas para los empresarios del campo. También gran parte del endeudamiento público provincial está relacionado al financiamiento de las obras para el “campo”.

Alguien podría alegar, y de hecho que el gobierno lo hace constantemente, que detrás del “campo” todo un sector de la población depende de esa producción. Veamos el tema. La provincia de Córdoba tiene 3,5 millones de habitantes y según el último Censo Nacional Agropecuario (2018) la población rural en la provincia asciende 48.969 personas, es decir un 1,3% del total de población. El desarrollo capitalista del campo y la concentración de tierras también ha marcado una reducción drástica de la mano de obra, retrocediendo a 40.837 trabajadores. Hay que recordar que la situación de los obreros rurales es una de las más delicadas de todo el país. La Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA) fijó un salario mensual de abril para el peón general en $30.971 y el 63% del total son trabajadores en negro (Indec). Lo peor de todos es lo siguiente: el empresario del campo ya no vive en el campo (Agrovoz, 25/2).

Cuando Schiaretti dice que hay que cuidar el “campo” en realidad no se refiere a la empobrecida y mínima población rural, está defendiendo al capitalista y a los agrotóxicos que se quedan con la riqueza de la provincia; su aparato político se lleva su parte de esa explotación. Del mismo modo actúa con las terminales automotrices, la obra pública y el conjunto de los grandes capitalistas. El endeudamiento exponencial de la provincia, que creció 1.000% en los últimos cuatro años, tiene el mismo contenido social y económico. En próximos artículos analizaremos detalladamente estos temas.

La crisis de la provincia de Córdoba ha sido ampliamente precipitada en beneficio de los capitalistas. Para salir de la misma corresponde, entre otras medidas, establecer un impuesto extraordinario a los grandes patrimonios y a las altas rentas como defienden Soledad Díaz, (Legisladora del FIT) y Romina Del Plá (diputada nacional). Es sumamente urgente para financiar el aumento del presupuesto sanitario necesario para luchar contra la propagación del coronavirus, para establecer un seguro al parado y pagar salarios y jubilaciones.