El paquete fiscal y la Ley Bases, presentados por el gobierno nacional para su tratamiento en el Congreso de la Nación, llegan con el consenso de la mayoría de los gobernadores, como representantes de los intereses de las patronales de sus regiones, lo que haría posible su aprobación. Un compendio antiobrero, con libertades y liberalidades para los capitalistas, más cargas para los trabajadores y que no toca a las grandes patronales.

Las tratativas entre el gobierno y la mayoría de los gobernadores para evitar repetir la experiencia fallida de la Ley Ómnibus buscaron acercar posiciones en términos de no afectar los intereses y regímenes fiscales de las principales jurisdicciones provinciales del país, y garantizar los recursos coparticipables con los cuales los gobernadores promueven los negocios privados en sus provincias.

Quien puso blanco sobre negro en cuanto al alineamiento de los gobernadores con Milei fue el máximo mandatario de la provincia de Tucumán Osvaldo Jaldo, quien reivindicó el blanqueo de capitales y la moratoria de impuestos nacionales a los capitalistas, ambos coparticipables, entre las principales medidas del paquete oficial.

Otro punto fuerte reivindicado por los gobernadores es la restitución del nefasto Impuesto a las Ganancias para la cuarta categoría, como prenda de cambio del gobierno para el apoyo de la Ley Bases y las reformas antiobreras.

En este punto, los gobernadores patagónicos (Chubut, Río Negro y de Santa Cruz) adelantaron su rechazo a la medida que restituye el gravamen a los trabajadores que perciban salarios brutos de 1.800.000, con actualización semestral. Esto se debe a que en sus provincias el costo de vida es mucho más alto y el gravamen afectaría a la mayoría de sus votantes. Sin embargo, adelantaron su apoyo al resto del paquete, a sabiendas que una oposición de conjunto frustraría la restitución del Impuesto al Salario.

La Ley Bases de Milei también contiene el polémico Régimen de Incentivos a los Grandes Inversores (Rigi) que facilita el ingreso de capitales privados, particularmente grandes multinacionales, para la explotación de los recursos naturales de las provincias, a cambio de limosnas para la Nación y algunos ingresos para las jurisdicciones regionales. Una política de desregulación al servicio del capital privado.

Entre los interesados en la entrega de los recursos nacionales se encuentran la mayoría de los gobernadores, con especial énfasis en las provincias mineras y petroleras, como Catamarca, Salta, Jujuy, Chubut, Santa Cruz y Neuquén.

En esta línea de “favores” el gobierno retiró el apartado referido a los impuestos tabacaleros, que implicaba la “igualación impositiva” que afectaba particularmente al “Señor del Tabaco” (Pablo Otero de Tabacalera Sarandí) con inversiones en el norte del país.

Además, la Ley Bases incorpora artículos fundamentales de la reforma laboral antiobrera que favorece a las patronales regionales de las provincias, facilitando despidos y la instrumentación de regímenes especiales de indemnización (fondo de cese laboral) pactados con la burocracia sindical. Junto a la posibilidad de precarizar y flexibilizar aún más a los trabajadores.

Los pocos gobernadores que manifestaron una oposición “ideológica” son los más alienados al kirchnerismo (Buenos Aires, Formosa, Tierra del Fuego, La Rioja y La Pampa), solo para disimular que gran parte de sus aliados políticos respaldarán el paquete oficial y que también así lo harán parte de sus propios diputados y senadores. Se trata del mismo sector que no impulsa el rechazo del mega DNU en Diputados.

Los gobernadores que se valen del rechazo de los trabajadores al paquete de Milei para negociar mayores beneficios para sus capitalistas, mientras se aprestan a aprobar las medidas antiobreras del este gobierno. Redoblemos la movilización ante el Congreso para que se caiga la votación y el ajuste de Milei y los gobernadores.

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