Con el argumento de “combatir al narcotráfico”, el FBI norteamericano ha instalado agencias en cinco provincias argentinas: Santa Fe, Buenos Aires, Chubut, Salta y Mendoza. Como se ve, en esto de traer al país policías y espías de los Estados Unidos no hay diferencias entre “nacionales y populares”, por un lado, y “destituyentes”, por el otro.

El asunto va mucho más allá de algunos cursos de “capacitación” a las policías locales, vinculadas orgánicamente con el narcotráfico. El gobernador santafesino, el “socialista” Antonio Bonfatti, y su ministro de Seguridad, Raúl Lamberto, viajaron a Washington y anudaron un acuerdo político con el gobierno norteamericano. Se reunieron allí con un representante de Asuntos del Hemisferio Sur del Departamento de Estado, William Ostik, de quien recibieron un informe sobre lo que sucede en su propia provincia.

Todo esto se vincula con el narcotráfico sólo muy secundariamente. Es parte de una política del Frente Amplio Progresista (FAP) de mostrarse ante el imperialismo como una alternativa “seria” de recambio político.

Esa misma línea es seguida por gobernadores K. Acuerdos parecidos han logrado Buenos Aires, Salta, Chubut y Mendoza, donde también estarán presentes la DEA -una organizadora internacional del tráfico ilegal de drogas- y otras dependencias del Departamento de Estado.

Esos convenios fueron confirmados por el encargado de Negocios de la embajada norteamericana en Buenos Aires, Kevin Sullivan: “Para nosotros -dijo- es importante seguir colaborando con el gobierno nacional y con las autoridades provinciales, para ver qué estrategias se pueden aplicar para enfrentar al narcotráfico”.

Esto es parte de la entrega nacional, de la “chevronización” de la Argentina. El acuerdo que se busca con el Club de París, con los fondos buitre, con el FMI, exige dejar en el olvido aquella imagen del canciller, Héctor Timerman, cuando incautó, alicate en mano, “material sensible” de un avión militar de los Estados Unidos en Ezeiza, en febrero de 2011. Una rendición en toda la línea, del gobierno nacional y de la oposición patronal.

A. G.