El legislador oficialista por Córdoba y secretario general de la CTA de dicha provincia, Pablo Carro, anunció vía Twitter la presentación del proyecto de ley de “Aporte Solidario Temporario Para Mitigar el Impacto del Endeudamiento con el FMI”, que “pagarán por 10 años las personas más ricas del país con el objetivo de aminorar la deuda”. Es parte de los intentos por contener a los sectores descontentos del Frente de Todos, dando un barniz de progresismo a las penurias que tendrá que pasar la Argentina para cumplir con el repago de la deuda impagable al Fondo Monetario.

El proyecto contempla el cobro de 1,5% a los patrimonios de las personas físicas que declaren más de $320.000.000, y sube progresivamente hasta que en casos de entre $800 a $1.500 millones pagarían $18.750.000 más el 2,25% sobre el excedente de $800 millones. La iniciativa es acompañada por otros dos diputados kirchneristas, María Rosa Martínez y Hugo Yasky, quien se abstuvo en la votación en la cámara baja y menos aún planteó a la CTA que dirige movilizar contra el acuerdo (ni hablar de un paro).

En esa misma tónica de “no obstaculizar” el pacto con el FMI se inscribe esta presentación. Como afirma su autor, la intención no es poner en discusión “si esta deuda hay que pagarla, sino quién la paga”. Va en la misma sintonía que la carta con que Máximo Kirchner y otros legisladores kirchneristas fundamentaron su voto en contra, haciendo eje en que hizo falta una mejor negociación para no plantear la necesidad de romper con el Fondo y desconocer la deuda. Es decir que son incapaces de ofrecer un rumbo alternativo.

La idea de que hay una forma progresiva de cumplir con el repago de este crédito fraudulento es una mentira, porque finalmente todo el acuerdo es inviable. Incluso, por más limitado que fuera, un impuesto o al menos un “aporte” de las grandes fortunas podría pensarse como un recurso para contrarrestar las consecuencias del ajuste en áreas sensibles como los salarios, las jubilaciones, la salud o la asistencia social, pero en cambio este proyecto se reduce a oficiar como garantía de pago al Fondo. Es incompatible con las necesidades sociales y el desarrollo económico del país.

Es lo que demostró el tardío “aporte solidario” anterior, que se aplicó por única vez y cuando la pandemia que se suponía que ayudaba a combatir ya hacía estragos. En diciembre de 2021 la Afip informó que el fisco recolectó por este concepto $237.300 millones, poco menos del 60% de lo esperado. De ello, lo que más rápidamente se ejecutó fueron los giros para subsidiar a las petroleras y otra empresas, mientras que se subejecutaban partidas como las orientadas a vivienda o becas estudiantiles.

Lo que encubren el gobierno y el kirchnerismo, que hace demagogia con un proyecto que seguramente no llegará a tratarse, es el régimen permanente de saqueo que domina en el país. Detrás de un “aporte” circunstancial a las arcas públicas se exime a la clase capitalista por la sistemática fuga de capitales, al punto que no se tocarían los patrimonios de las empresas ni las rentas sobre inversiones, ni siquiera las ganancias derivadas de la especulación con bonos del Estado. Es ahí donde está la explicación de por qué del récord de superávit comercial del año pasado no quedó nada (empezando por unos 5.000 millones de dólares que se fraguaron en saldar autopréstamos con casas matrices o filiales en el extranjero, según cifras oficiales del Indec (Prensa Obrera, 9/2).

El proyecto de ley del Frente de Izquierda, cuyo tratamiento rechazaron el Frente de Todos y Juntos por el Cambio desde el comienzo de la pandemia, sostenía un verdadero impuesto progresivo a las grandes rentas y fortunas, incluyendo a los bancos, la propiedad terrateniente y las propiedades ociosas. El mayor contraste, sin embargo, venía de que la recaudación estimada de entre 15 y 20 mil millones de dólares se destinaba a un fondo especial de emergencia monitoreado los por trabajadores para garantizar el reforzamiento del sistema sanitario, un seguro al desocupado y un plan de vivienda. Formaba parte entonces de la lucha contra quienes descargan el ajuste sobre la población trabajadora, y se inscribe dentro de la pelea por el repudio de la deuda usuraria.

La función de kirchnerismo es reaccionaria, ya que apunta a cubrirse discursivamente mientras integran el gobierno que aplicará el ajuste fondomonetarista. Los trabajadores tenemos que abrir otra perspectiva, basada en la ruptura con el FMI y el rechazo al régimen de saqueo, con medidas de fondo como la nacionalización de la banca y el comercio exterior para ponerle fin a la fuga de capitales y apropiarse del ahorro nacional para las necesidades del país.