Entre el establishment argentino existe un extendido temor a que el pacto con el FMI y su respectivo plan de ajuste desate una rebelión popular en nuestro país. El temor de los dueños del poder es completamente justificado. Es que los ajustes dictados por el Fondo Monetario Internacional han estado en la base de la mayoría de las rebeliones populares que se desarrollaron en América Latina en los últimos años.

La más reciente, la rebelión colombiana, se desató justamente en rechazo a un proyecto de ley de reforma tributaria regresiva ideado por el FMI. El proyecto de ley presentado por el gobierno de Duque, que instauraba el IVA en productos básicos y sumaba a cientos de miles de trabajadores al pago del impuesto a la renta, apuntaba a revertir el déficit fiscal y cumplir con el enorme paquete de vencimientos de la deuda pública colombiana. De los 28 billones de pesos colombianos que se pretendían recaudar con esa reforma tributaria, el 87% lo ponían los trabajadores y solo el 13% restante los sectores capitalistas. Esto en una Colombia donde, al igual que en la Argentina, la pobreza abarca al 42% de la población.

Más atrás, en 2019, la eliminación de los subsidios a los combustibles en Ecuador desató una gigantesca rebelión popular. La supresión de los subsidios fue parte de un compromiso que el gobierno de Lenin Moreno realizó con el Fondo Monetario Internacional para reducir el déficit fiscal, ante un endeudamiento de Ecuador con el organismo en el orden de los 10 mil millones de dólares. En la actualidad, en Argentina, el Fondo también presiona por una eliminación de los subsidios a la energía para reducir el déficit. Y el gobierno de los Fernández se encuentra estudiando distintas formas para viabilizar ese recorte. Una total eliminación de los subsidios plantearía, en nuestro país, tarifazos del orden del 150%, que incrementarían la inflación anual en 14 puntos porcentuales (Infobae, 30/11). En Chile fue justamente un tarifazo al pasaje en subte lo que motivó la rebelión de 2019, casi en simultáneo con la rebelión ecuatoriana. Protagonizada al comienzo por los estudiantes secundarios, se propagó luego a todo el pueblo chileno.

Otra rebelión disparada por una “sugerencia” del FMI fue la que tuvo lugar en Nicaragua en 2018. En aquella oportunidad, el gobierno “nacional y popular” de Daniel Ortega redujo en un 5% las jubilaciones y aumentó los aportes personales y patronales, desarrollando un choque no solo con las masas trabajadores sino también con la burguesía nacional, que lo supo apoyar durante los diez años precedentes. En la Argentina fue el rechazo a la reforma previsional y laboral que impulsó el macrismo lo que desató las grandes jornadas de lucha de la clase obrera en diciembre de 2017. El gobierno de los Fernández, apenas asumido y antes del desembarco de la pandemia, modificó la movilidad jubilatoria como ofrenda al FMI. Gracias a ello, los ingresos de los jubilados han vuelto a perder frente a la inflación en los últimos dos años.

Como se puede apreciar, los ajustes fondomonetaristas no fallan: son el caldo de cultivo de levantamientos populares, sea contra gobiernos derechistas y “neoliberales” o contra gobiernos “nacionales y populares”. Pero en Argentina, a diferencia de lo que sucede en otros países América Latina, se ha referenciado fuertemente una izquierda obrera y socialista que lucha por el gobierno de los trabajadores. Ingresamos a un período apasionante, donde la pelea por la intervención independiente de la clase obrera, contra el ajuste fondomonetarista y por una salida política propia es el desafío fundamental.