En este año se han reactivado dos juicios por el pago de coimas que habría hecho la petrolera PAE en 2007 al gobierno de Néstor Kirchner y al provincial -a cargo de Mario Das Neves, gobernador K en ese tiempo- para que le extiendan por 40 años la explotación del yacimiento más grande y de mayor producción de Argentina: Cerro Dragón. PAE es Pan American Energy, una empresa petrolera integrada por British Petroleum (BP, 60%) y Bridas (40%). Bridas, a su vez, es un grupo de los hermanos Bulgheroni, que en 2010 se asoció con la china CNOOC.

Uno de los juicios está radicado en Estados Unidos, en la Comisión de Valores (SEC) y es contra BP, la única de las empresas dueñas de PAE que cotiza en Nueva York. Según Clarín, BP se autodenunció ante la SEC para reducir las consecuencias al pago de una multa y evitar el derrumbe de sus acciones.

¿Cómo se habría organizado el pago de coimas y por qué monto?

PAE habría pagado unos 300 millones de dólares para lograr, en 2007, la renovación del contrato de Cerro Dragón. Un año antes, la estatal petrolera de Chubut -Petrominera-, le había entregado en concesión tres áreas a explorar a Cliveden y otras empresas del grupo Vila Manzano. Lo peculiar es que ningún ingeniero del rubro asignaba futuro a estas áreas y, aún más peculiar, que el gobierno de la provincia, a través de sendas resoluciones, había condonado el pago del canon por las concesiones. En 2009 y sin invertir un peso, Vila Manzano le vendió esa concesión a PAE en 47 millones de dólares. PAE “descubrió” que no había reservas y devolvió las áreas a Petrominera. Así se cerró el círculo de sólo una parte de las coimas. De ellas habría “mojado” también el gobierno de Das Neves, desde el momento que el organizador de la operación fue el abogado socio de Vila Manzano y, a la vez, “principal lobbista del gobierno de Das Neves en asuntos petroleros” (Letra P, 19/4).

Todo trucho

De los 300 millones de dólares de coimas, 230 habrían ido para Buenos Aires y 70 para la provincia (Cimadevila, Perfil, 11/5). El gobierno de NK, a través de De Vido, habría organizado la extensión de la concesión. En diciembre de 2006 se votó, en trámite exprés en el Congreso, la llamada “ley corta” que transfirió la administración de los yacimientos a las provincias, y en abril de 2007 se votó en la Legislatura de Chubut -por todos los peronistas y casi todos los radicales- la extensión por ¡40 años! de la concesión a PAE por Cerro Dragón.

La prórroga se hizo diez años antes del vencimiento -legalmente se debe renegociar seis meses antes. Se utilizó una certificación de reservas trucha, con membrete de la Universidad de Cuyo y ésta informó que los datos fueron aportados por la propia PAE. Se omitió el proceso de licitación y se formalizó una adjudicación directa.

¿Acaso no fue un negocio armado, más allá de la coima?

Chubut recibió por la extensión de la concesión 200 millones de dólares en cuotas.

Una parte esencial del precio de venta de una petrolera está dada por los derechos de explotación a futuro. Es decir, a mayor plazo de concesión para extraer hidrocarburos, mayor precio.

En 2010, tres años después de la entrega por 40 años, Bridas recibió 3.100 millones de dólares de la china CNOOC por la compra del 50%, encima al contado.

La disputa con los chinos

En 2010, CNOCC concretó su alianza con Bridas, al tiempo que hizo pie en el Orinoco y en Ecuador. Formó parte de la ofensiva china a escala mundial para asegurarse recursos energéticos y alimenticios, una ofensiva que choca crecientemente con el apetito del capital norteamericano. La ofensiva judicial puede preceder y aún forzar el retiro chino del yacimiento de petróleo que provee casi el 20% de la producción nacional.

“CNOOC Ltd. analiza vender su participación en la petrolera Bridas, luego de la investigación por presunto pago de sobornos en el yacimiento de Cerro Dragón” (La mañana de Neuquén, 9/4).

Cierto es que a la investigación debería sumarse la propia crisis mundial capitalista. El interés de las empresas chinas ha decaído frente a la recesión o el empantanamiento que afectan a las economías emergentes.

En cualquier caso, Cerro Dragón pone sobre la mesa dos cuestiones. Uno, que el gobierno “nacional y popular” -como sus predecesores (De la Rúa con Loma de la Lata)- son una copia de sus predecesores “neoliberales”, otorgando concesiones de bienes públicos casi a perpetuidad. Dos, que la consigna de nacionalización integral del petróleo y el gas, incluyendo la derogación de la entrega delictiva de Cerro Dragón y su vuelta al Estado, bajo control de sus trabajadores, debe formar parte de la agenda de la clase obrera.