El levantamiento del motín en el penal de Sierra Chica determinó que se fueran levantando los motines y las huelgas de hambre que, durante más de una semana, sostuvieron 11.500 presos en las cárceles de todo el país.

El epicentro estuvo en Buenos Aires pero, rápidamente, se extendió a Tierra del Fuego, Trelew, Córdoba, Mendoza, Rosario, Río Gallegos —tanto a cárceles dependientes de los servicios penitenciarios provinciales como del federal; incluso a las cárceles de mujeres. En Devoto y en Caseros, los presos presentaron petitorios. Por su amplitud, el levantamiento carcelario impidió que las fuerzas policiales y penitenciarias retomaran los penales mediante la represión. Clarín (7/3) relata los desesperados esfuerzos que realizaron Corach y Duhalde para evitar que se cumpliera la orden dada por un juez de ‘recuperar’ el penal de mujeres de Ezeiza mediante el uso de las tropas de Gendarmería.

La rebelión que acaba de culminar es la mayor de toda la historia penitenciaria del país. Se trata, por lo tanto, de un hecho plenamente político, que denuncia las atrocidades del conjunto del sistema penitenciario y judicial argentino.

El motín puso sobre el tapete las terribles condiciones de hacinamiento que se viven en las cárceles. (La población carcelaria supera en un 42% (Clarín, 8/3) la capacidad de las cárceles). Según datos oficiales, en Buenos Aires, en los últimos 24 años, se triplicó la población carcelaria, mientras se mantuvo constante el número de ‘plazas’ en los penales. Sólo en los últimos diez años, creció en un 80% el número de presos como consecuencia de la tendencia de los jueces a dictar prisiones preventivas en masa. Todo esto llevó a que miles de presos estén alojados en comisarías –en condiciones infrahumanas– y a que se entremezclen ‘novatos’ y reincidentes, lo que convierte a las cárceles en ‘escuelas de delincuentes’. En este cuadro de hacinamiento, las posibilidades de educación o de trabajo de los internos son nulas.

La rebelión carcelaria también puso en evidencia el brutal trato a que son sometidos los internos –y sus familiares– por los guardiacárceles. Las golpizas, los maltratos, las requisas, las exacciones (los internos deben pagar para obtener ciertas ‘comodidades’ de los guardiacárceles) y las revisaciones vejatorias a las visitas son la norma. El temor de los internos a los castigos y represalias está tan extendido que la cuestión que más demoró el acuerdo final entre las autoridades y los amotinados fue la de las garantías de que no habría represión después del levantamiento de los motines. En este sentido, hay que señalar que los rehenes recibieron un trato mucho más civilizado por parte de los presos que el que habitualmente reciben los presos de parte de sus guardiacárceles.

Como en todos los motines que se registraron en los últimos años, uno de los reclamos fundamentales fue la aplicación de la ‘ley del 2 por 1’, que establece que se compute como doble el período en que el interno está detenido sin que se dicte sentencia. El objeto de esta ley –que tiene rango constitucional porque está incluida en el Pacto de San José de Costa Rica– es el de acelerar los procesos: en Buenos Aires son muchos los detenidos que llevan más de dos años a la espera de sentencia. Se trata de una cuestión decisiva: al 70% de los presos no se les ha dictado condena y se encuentran detenidos en virtud de las ‘prisiones preventivas’ dictadas por los jueces. El dictado de la ley del ‘2 por 1’ fue obtenida hace ya tiempo … pero los jueces han encontrado la forma de negarla en la práctica: fijan fianzas de decenas –y hasta de cientos– de miles de pesos para evitar que los detenidos puedan salir.

El sistemático empeoramiento de la situación carcelaria y judicial hace decir a los especialistas que los motines que acaban de finalizar eran perfectamente previsibles. Síntomas no faltaban: en los últimos años se registró un promedio anual de 23 motines, huelgas de hambre y desórdenes en las cárceles, ¡una cifra que en 1996 se alcanzó en los tres primeros meses del año! (Clarín, 8/3).

Finalmente, el motín sirvió para dejar en claro el sistemático régimen de guerra civil contra los explotados que rige bajo la ‘democracia’.

Según cifras oficiales, más del 90% de los presos son analfabetos o apenas pudieron terminar su educación primaria; el número de detenidos que tiene título secundario no llega al 4%; los que tienen un título universitario son apenas el 1% (Clarín, 8/3). Esto demuestra, una vez más, que sólo los pobres —los que no pueden pagar ‘buenos’ abogados, ni cuantiosas fianzas— van a la cárcel en la Argentina. En las cárceles no se va a encontrar a los Luque ni a los estafadores del Banco Nación ni, claro está, a los policías de ‘gatillo fácil’. Como, además, el 70% de los presos no tiene sentencia, tenemos que el sistema penitenciario es un depósito de pobres ‘sospechosos’.

Los motines y huelgas de hambre fueron una rebelión –que como toda explosión de rebelión, no fue ‘civilizada’ ni ‘democrática’ en sus formas pero sí en sus objetivos– contra el carácter crudamente clasista y opresor de la justicia y el sistema penitenciario y, por eso, forma parte del movimiento general de los explotados contra sus explotadores.