El ajuste contra los salarios y las jubilaciones de los municipales bonaerenses es una consecuencia directa del estado de virtual cesación de pagos que alcanza a 80 distritos de la provincia de Buenos Aires. A ello se suma la hipoteca del Estado provincial, cuyos vencimientos por 220.000 millones de pesos para lo que resta del 2020 ponen a Axel Kicillof en manos de los bonistas, con los que negocia una reestructuración de la deuda para no caer en default.

De hecho, mientras busca tentar a los acreedores con “propuestas diferenciales”, la única garantía que ofrece el gobierno para el repago de la deuda es un ajuste contra los trabajadores. Esto cuando el titular de Arba (que recauda los impuestos bonaerenses) aseguró que en los próximos meses la caída en los ingresos tributario de la provincia podría llegar a ser del 40% como resultado de la recesión económica. Una consecuencia de esta menor recaudación es la disminución de la coparticipación que reciben los municipios, que sufren una reducción del orden del 50% de las partidas.

En abril, las intendencias pagaron los salarios gracias a un “rescate” del gobierno nacional que les otorgó préstamos por 3.000 millones de pesos, pero es inviable una prolongación de este mecanismo, más teniendo en cuenta que en buena parte de las comunas las cuentas estaban en rojo antes de la pandemia.

A propósito de esta crítica situación, la ministra de Trabajo bonaerense, Mara Ruiz Malec, declaró que las intendencias tendrán que sentarse a analizar el cuadro “porque no corresponde que se paguen los salarios como habitualmente se pagan”. Así, prepara el terreno para un desdoblamiento del cobro, el no pago de bonificaciones y recortes salariales. Peor aún será para la gran masa de precarizados que trabaja para los municipios en toda la provincia. La amenaza de no pago a los municipales, además, es una advertencia contra todos los trabajadores estatales, docentes y el personal de la salud bonaerenses.

La oposición derechista de Juntos por el Cambio presentó un proyecto de ley en la Legislatura para suspender por tres meses (con posibilidad de prórroga hasta el fin de la emergencia) los aportes al Instituto de Previsión Social de la provincia de los municipales. Lo que describen así como un “ahorro” de 2.600 millones de pesos mensuales para cubrir los sueldos es en realidad un vaciamiento del IPS, y por lo tanto un ataque al régimen jubilatorio tanto de los municipales como del conjunto de los trabajadores del Estado provincial, y ni siquiera garantizaría que los municipales cobren en tiempo y forma.

Si se diera curso a esta retención de los aportes (al estilo de lo que Alberto Fernández concedió a los empresarios) se consumiría en menos de un trimestre el préstamo del Anses al IPS para cubrir el déficit que el propio Estado creó -a fuerza de precarización laboral y saqueo del “superávit” año a año-, y sería un paso más en la llamada “armonización” del régimen jubilatorio bonaerense con el que rige a nivel nacional, eliminando la movilidad y extendiendo la edad de retiro.

Estos ataques ponen en el orden del día la necesidad de la acción de los sindicatos municipales, estatales y de las centrales obreras. A contramano de los intereses de los trabajadores, las burocracias sindicales solo pusieron la cara para apoyar la propuesta de pago de deuda “sostenible” de Kicillof.

Es la hora de poner en marcha los cuerpos de delegados con mandato para deliberar cómo defendemos los salarios y las jubilaciones. Es fundamental la unidad del activismo y el sindicalismo combativo para romper la parálisis de las conducciones de los sindicatos estatales, y convocar un plan de acción de conjunto contra el desdoblamiento y las quitas salariales, en defensa del IPS, por el pase a planta permanente de todos los precarizados, y por el aumento de los sueldos para equipar el costo de vida actualizado por inflación.