Alberto Fernández aseguraba que el único ajuste que llevaba adelante era sobre lo que se gasta en pagar intereses de la deuda. ¿Qué dicen los números de la ejecución presupuestaria, cuando estamos redondeando el primer cuatrimestre del año en plena hecatombe sanitaria por la segunda ola de la pandemia de coronavirus? Un vistazo permite poner de relieve que lo que nos conduce al abismo es precisamente una política de recorte del déficit fiscal, con la cual se busca allanar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

Según la página oficial del Ministerio de Economía, “el primer trimestre arrojó un resultado financiero deficitario en $184.408 millones (-0,5% del PBI), el más bajo de los últimos seis años”. Si tomamos los datos de marzo, vemos que casi un 40% de déficit corresponde al pago de intereses de deuda (descontando los realizados intrasector público). En efecto, contando la ejecución presupuestaria al 27 de abril, los servicios de deuda insumieron cerca de 200.000 millones de pesos, casi la suma de lo que se destinó a salud (110.000) y educación (112.000). Lo peor de todo es que el endeudamiento, mientras tanto, no hizo si no crecer.

¿Por dónde se achicó el déficit, entonces? Las cifras son contundentes. El gasto corriente subió un 29,8% interanual, contra una inflación del 42,6% según el índice del Indec. La cartera de Guzmán se justifica alegando que deberían descontarse los gastos extraordinarios que comenzó a implicar la pandemia, como si en este momento no estuviéramos atravesando el peor momento de la crisis sanitaria y ello no requiriera medida alguna. Es una confesión lapidaria.

El ajuste también se hizo sentir en las jubilaciones y prestaciones sociales. Comparado con marzo del año pasado, crecieron un 28,7%, casi 14 puntos por debajo de la inflación. Eso lo que perdieron jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones y programas sociales, en términos generales; y eso medido en el mes en que se cobra el “aumento” por la movilidad -es decir en que la comparación es más ventajosa. Al mismo tiempo, la recaudación del sistema previsional cayó 8 puntos respecto de la inflación, producto de las exenciones a los capitalistas y la pérdida de puestos de trabajo. Recordemos de paso que en lo que refiere a los salarios de los empleados públicos del Estado nacional la paritaria firmada es de 25% punta a punta para el período junio 2020 – mayo 2021

Mientras se recorta el gasto público, resulta que la recaudación tributaria creció un 98% respecto de un año atrás. Ello, principalmente montado sobre el boom del precio internacional de la soja y el resto de las materias primas, que redondeó en un crecimiento de derechos de exportación (retenciones) de 154,4%. Conclusión: el ingreso extraordinario que genera el alza en flecha de la cotización de las commodities no llega a la población trabajadora, ni en salud, ni educación, ni salarios, ni jubilaciones, ni asistencia social, todo lo cual se desploma en relación al aumento de los precios.

Esa es la explicación de cómo el gobierno ha logrado el déficit fiscal “más bajo de los últimos seis años”. Es una ofrenda al FMI. Lo fundamental es que este rumbo de rescate de la deuda no es precisamente una política de “desendeudamiento”, sino por el contrario de hipotecamiento insostenible. Ya mencionamos que los bonos en pesos siguen aumentando, y para colmo atados a la inflación. Ahora vale agregar aquí al déficit cuasi fiscal del Banco Central, que en el año ya pagó a la banca más de 300.000 millones de pesos en intereses por las Leliq y pases pasivos; pero justamente por el efecto bola de nieve los pasivos remunerados del BCRA siguen aumentando, y ya se acercan al récord de 3,5 billones de pesos -superando ampliamente toda la base monetaria en circulación.

El ajuste es así la base del desmadre sanitario y social que atravesamos. Y este “esfuerzo” no conduce si no a un nuevo quebranto nacional, como revela gráficamente que en 2020 la deuda pública saltó de representar el 90,2% del PBI al 104,5%. Los números son inapelables.