El gobierno María Eugenia Vidal se jacta de haber iniciado una transformación en la Policía Bonaerense y el Servicio Penitenciario. Ello luego de contar con el apoyo de todos los bloques para aprobar la Emergencia en Seguridad, que le permite redirigir partidas y saltar contorles en las contrataciones y licitaciones.

La fuga de los tres condenados por el triple crimen de General Rodríguez, la detención del sub teniente Miguel Masana por el robo al intendente de La Plata -Julio Garro-, el ingreso sin autorización de personas no identificadas al despacho de la gobernadora en la Casa de Gobierno y la reciente amenaza telefónica; todos estos hechos fueron adjudicados por el Ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, a “mensajes mafiosos por los cambios que estamos haciendo”.

Sin embargo, según el diario Hoy (25/7) de los 1.650 agentes sumariados solo 150 han sido exonerados de la fuerza. Según el propio Ritondo, solo un 6% de los casos ha redundado en la apertura de causas judiciales. Ello no refleja el combate alguno de un entramado mafioso enquistado en la estructura de la Policía y las fuerzas de seguridad.

La aparición de sobres con dinero no identificado por la suma de $155.000 en la Departamental de La Plata y las denuncias acerca de los desvíos de fondos de las horas adicionales Polad y Cores (que en el caso de la Comisaría Primera de la capital provincial eran administradas por el mencionado Masana), no derivó en el apresamiento de ninguno de los cuatro agentes imputados, hecho que se agrava por la negativa del juez Martini a recibir un escrito del Sindicato de Policías de Buenos Aires (Sipoba) para ampliar la denuncia. La presentación efectuada por el subteniente Néstor Ospitaletche de Almirante Brown, denunciando que lo obligaban a recaudar cajas negras para sus superiores a partir de manejos irregulares con las horas Polad y con los tickets de combustibles, dan cuenta de una situación que se replica en toda la Provincia. Según el citado diario Hoy (ídem), existen también otros mecanismos: “un ex proveedor del Estado denunció que en las once delegaciones del Cuerpo de Caballería distribuidas en la Provincia, los jefes policiales se quedan con importantes sumas de dinero falseando expedientes en la cantidad de animales, a fin de apropiarse de los fondos destinados a la compra de alimento”.

En paralelo a este entramado de desvío de fondos y vínculos con el delito, la CORREPI aseguró que se multiplicaron las denuncias que reciben por detenciones arbitrarias en todo el Gran Buenos Aires. No se persigue a los delincuentes si no a la juventud trabajadora, como parte de una política represiva en un cuadro de ajuste en crisis por el descontento popular.

El griterío de Elisa Carrió sobre los vínculos con el narcotráfico del promovido jefe de la Policía, Pablo Bressi, no pasó de un episodio de la interna de Cambiemos, agudizada por la acelerada integración de pejotistas en el armado político de Vidal. Carrió no presentó ninguna denuncia, y por lo tanto Ritondo afirma que tampoco hay una investigación en curso. Lo que sí se ha hecho público desde entonces es que Bressi fue ascendido por recomendación de la DEA y la Embajada yanqui.

Los reacomodamientos en las fuerzas represivas por parte del gobierno tienen que ver con ponerse ellos al frente del aparato corrupto de la Bonaerense, a sabiendas de que necesitan servirse de él para intentar imponer el ajuste a los trabajadores. Cuentan, para ello, con el expreso apoyo del ex ministro de Seguridad de Scioli, el “pistolero” Granados.