El proyecto de participación de los trabajadores en las ganancias no es uno más de los que duermen en los cajones del Congreso. Moyano lo está usando como pivote de su campaña política: ha recibido el apoyo de todo el bloque oficial de diputados y tanto el sabbatellismo como Yasky lo aplauden a dos manos. La CGT planea una marcha al Congreso para apoyarlo y sería uno de los ‘atractivos’ del acto que Moyano ha anunciado, en River, para octubre. Ambito Financiero (21/9), sin embargo, asegura que el gobierno ya tomó la decisión de cajonearlo. Como fuere, el asunto busca sacar del foco el proyecto del 82% móvil para la jubilación mínima. La participación en las ganancias se convierte, de este modo, en una bandera contra los jubilados. Ricardo Alfonsín ha planteado que su partido está dispuesto a “estudiar el tema”, en la misma línea que ha adoptado la patronal, que dice que todo depende de cómo se lo aplique. Así lo definió Gustavo Ripoll, representante de Idea, que lo tratará en el simposium previsto entre el 13 y el 15 de octubre próximos.

La distribución, que sería anual y no remunerativa, se aplicaría sobre el 10% de las ganancias, una vez deducidos los impuestos y lo que se destine a reinversión hasta un 50%, y solamente se aplicará a partir de un monto mínimo de ganancias, cuyo importe será fijado por un Consejo Nacional tripartito (patronal, sindical, gobierno). De las ganancias participadas, otro 20% irá a un fondo “solidario” para los desocupados o trabajadores informales. O sea que el 10% de las ganancias podría convertirse, en un caso de máxima, en el 4% (50% a inversiones y 20% al fondo). Obviamente, nadie controla los balances reales de las empresas; la Afip acaba de señalar que nada menos que las cerealeras no declararon ganancias para el ejercicio 2009. El “fondo solidario” para los desocupados tendría por objeto la “capacitación”, algo que en el pasado debía realizar la propia patronal -sea en talleres o escuelas de oficios.

En Firestone, el único lugar donde se aplica un sistema similar, el importe nunca superó el 6% de las ganancias, aunque durante varios años no se cobró nada porque los balances registraron pérdidas. Este adicional fue firmado por el Sutna de la CTA en 2001, como compensación por la aceptación de despidos masivos y rebajas en las condiciones convencionales (que persisten hasta hoy). La firma había amenazado con cerrar la filial en Argentina. Es decir que la participación en los beneficios vino como consecuencia de una derrota.

Se trata, en definitiva, de un “bonus” anual no garantizado, ya que no se paga si hay pérdidas o las ganancias no superan el piso. El régimen está vigente en Chile, México, Perú, Brasil y Venezuela, es decir en países donde la explotación es mayor, la sindicalización menor y los salarios reales más bajos que en Argentina. El proyecto parece responder al modelo mexicano, que nunca superó el 4% de las remuneraciones anuales de los trabajadores (en promedio, un 3%) y es percibido por un tercio de la población económicamente activa de manera, como ya se dijo, intermitente. La iniciativa se inscribe en la “escuela norteamericana de recursos humanos”, que considera al salario un costo laboral flexible, que se adapta a las etapas de crisis. En las negociaciones salariales, la participación puede ser esgrimida como una extorsión porque los aumentos debilitarían las ganancias. Lo fundamental es que el salario y los reclamos laborales dejan de tener por base una agenda de progreso social de los trabajadores, para quedar condicionados a los vaivenes del negocio capitalista. Se trata de un reforzamiento del sometimiento social de la clase obrera y de una renuncia a sus objetivos de conjunto.

El ministro Tomada ya planteó que el proyecto es una excelente oportunidad para abrir un debate sobre la productividad, o sea la flexibilización laboral, a la que asocia naturalmente con la posibilidad de incrementar las ganancias del capital. Es decir que hay un facón debajo del poncho. Un aumento de la productividad -o sea producir más con menos trabajadores- es, sin embargo, un factor que aumenta la posibilidad de los despidos, en especial en un período de bancarrota capitalista. A la hora de considerar el proyecto, hay que poner sobre la mesa la totalidad de las condiciones en que opera la explotación capitalista. El aumento de la productividad del trabajo, desde el punto de vista del progreso humano, debería dar lugar a una reducción de la jornada laboral sin afectación del monto del salario. Debería permitir una absorción de la desocupación, en lugar de ser un factor que la promueve. Es curioso que el proyecto lo promueva un gobierno que se niega a ajustar el mínimo no imponible de acuerdo con la inflación. Digamos, con espíritu de aporte, que la ganancia que declara una empresa al final del año es inferior, en condiciones de inflación, a la que realmente obtuvo durante el año en forma diaria y continua.

Recalde, en una entrevista radial, sugirió a los empresarios que vean “lo que opina la izquierda del proyecto”, para inducirlos a que lo apoyen. Es decir que es un proyecto de derechas. La CGT y la CTA apoyan este engendro sin haberlo discutido con las bases, aunque sí lo hacen con la UIA en función de un ‘consenso’. La UIA salió a desmentir escuetamente que condicione el proyecto a un pacto social, pero es claro que está buscando meterlo en la discusión sobre ganancias. Sea como fuere, de esa ‘participación’ se encuentran excluidos los trabajadores del campo y el 35% que se encuentra en negro en la propia industria; los contratados y trabajadores por agencia no lo cobrarían, tampoco en empresas de menos de 300 compañeros. El conjunto del proyecto apunta a reforzar los lazos de las burocracias sindicales estatizadas con las patronales. Pero lo que está terciando allí es el problema político de dotar de un instrumento a un gobierno y a una burocracia que no están seguros de apoyar en el recambio presidencial de 2011. Además, jamás lo apoyarían sin asegurar los mecanismos para enchufar sus cláusulas de superexplotación, sea por rama de industria o por empresa.

El tema suscita discusiones entre los compañeros de la industria. Pero no se trata simplemente de un adicional, sino de reforzar un régimen laboral que convierte al salario en un costo laboral flexible -es decir, no en la remuneración de la fuerza de trabajo en función de las necesidades objetivas de una familia de trabajadores, sino en función de los objetivos capitalistas, incluida la adaptación del salario al ciclo de los negocios capitalistas. Se trata, en estas condiciones, de un reforzamiento de la vulnerabilidad del obrero frente al proceso de la explotación capitalista. En oposición al proyecto de participación en los beneficios capitalistas, planteamos el salario mínimo igual al costo de la canasta familiar; el 82% para los jubilados; el ajuste mensual de salarios por inflación; el reparto de las horas de trabajo entre los desocupados de la industria, la capacitación de los desempleados crónicos con un financiamiento a cargo de las patronales y, por último pero no menos importante, que se abran los libros de las empresas y la abolición del secreto comercial.

Que el proyecto de copamiento capitalista de Moyano-Recalde no nos distraiga de la lucha por el 82% que está en agenda, ni del reclamo para reconvocar las paritarias.