El gobierno tiene en agenda lanzar dos planes para “promover” el empleo, en los cuales la patronal no se hará cargo de la totalidad de los salarios, sino que una parte provendrá de los fondos públicos. Uno de ellos apunta a la contratación de jóvenes entre 18 y 24 años por parte de las Pymes, mientras que el segundo busca “empalmar” los programas sociales con el trabajo formal. Se trata de un abaratamiento de la mano de obra y un subsidio hacia los empresarios.

Empleo joven

En el caso del programa de empleo destinado a jóvenes entre 18 y 24 años podrán postularse aquellos que cuenten con estudios secundarios. El Estado, por su parte, se compromete a pagar una parte del salario de los trabajadores y las Pymes que los contraten completarán el resto. El subsidio estatal consiste en un monto durante los primeros nueve meses de $18.000 en el caso de las microempresas (hasta 5 empleados), de $14.000 en las pequeñas (de 6 a 15 empleados) y $11.000 en las medianas (de 16 a 80 empleados).

Luego de ese período, la suma pasa a ser de $13.000 mensuales para los trabajadores varones y $11.000 en el caso de las identidades feminizadas y no binarias. A su vez, se les concede a las empresas una reducción de aportes patronales por un año, del 95% si se emplean a mujeres y personas travestis, trans y no binarias y del 90% en los trabajadores varones.

La iniciativa, elaborada entre los ministerios de Desarrollo Productivo y de Trabajo, no solo implica un mayor desfinanciamiento de las cajas previsionales y las obras sociales debido al descuento en las contribuciones patronales, sino que además es una transferencia enorme de recursos desde las arcas públicas -las cuales se nutren por medio de impuestos que paga en gran medida el pueblo trabajador- al bolsillo de los empresarios, quienes mantienen a raya los salarios y despiden trabajadores.

Si bien el programa les prohíbe a la Pymes que contraten bajo esta modalidad despedir al personal que ya tenían previamente, la experiencia demuestra que el gobierno no mueve un solo dedo en hacer cumplir este tipo de regulaciones. Sin ir más lejos, a pesar del decreto antidespidos que rige hasta la actualidad, durante el 2020 se perdieron 276 mil puestos de trabajo formales. Por lo tanto, podemos prever que no habrá ningún tipo de control oficial para que las empresas que empleen jóvenes no reduzcan la nómina de trabajadores.

De este modo, nada impedirá que las Pymes utilicen el dinero que se “ahorran” en salarios y aportes patronales para pagar la indemnización y despedir a otros trabajadores que no estén incluidos en el programa, o bien apelar a los retiros voluntarios que no son otra cosa que despidos encubiertos. Sin dudas, se trata de un abaratamiento de la mano de obra que presiona a la baja el conjunto de los salarios de la clase trabajadora.

Esta política responde a un objetivo estratégico de la burguesía, que es el de establecer un piso salarial más bajo como parte de un ataque más general a las conquistas históricas de la clase obrera. De ninguna manera colabora en combatir el desempleo como lo demuestra el ejemplo de la provincia de Córdoba, donde existe un plan de similares características hace años, y, sin embargo, el índice de desocupación allí supera la media nacional, alcanzando el 14% en los alrededores de la capital provincial.

¿Empalme de planes sociales con trabajo formal?

En ese sentido, el Ministerio de Desarrollo Social junto con las organizaciones sociales ligadas al gobierno tienen en carpeta una resolución para que los trabajadores puedan seguir cobrando un programa social a pesar de haber conseguido un empleo registrado. El monto del plan se descontará del salario total, lo que significa un beneficio para las empresas, las cuales solo asumirán el gasto de una parte del sueldo.

Se trata de la consagración de una demanda histórica de las cámaras empresarias, las cuales reclaman que la asistencia social se convierta en un subsidio directo al capital.

A su vez, las empresas tienen la vía libre para desvincular a los trabajadores una vez que contraten a beneficiarios del Potenciar Trabajo, cuyo “costo laboral” es menor. A diferencia del programa de empleo para jóvenes, aquí no existe disposición alguna que prohíba despedir al personal que existía previamente.

El “empalme” entre los planes sociales y el trabajo formal está pensado para que tenga una duración de ocho meses y luego de ese período el trabajador deje de cobrar la prestación. Sin embargo, la preeminencia patronal es de mayor alcance puesto que en ese tiempo el empresario “ahorró” dinero suficiente para indemnizar (o pagar retiros “voluntarios”) a los trabajadores con mayor antigüedad, entonces, ocho meses después su planta estará compuesta por personal recientemente contratado, y, por lo tanto, con salarios más bajos.

Por una salida de los trabajadores

Los argumentos que utiliza el gobierno para justificar estas medidas antiobreras son absolutamente pérfidos. En primer lugar, presenta el programa de empleo joven como política para revertir el alto índice de desocupación que existe en juventud. Por otro lado, sostiene que la coexistencia del plan social con el trabajo formal favorece al beneficiario, ya que conseguir un empleo en blanco no es garantía de estabilidad laboral y en caso de ser despedido el trabajador que dejó de cobrar el plan social se queda sin ningún tipo de ingreso.

Ahora bien, el problema no se soluciona con mayores incentivos hacia las patronales. El ataque a los derechos laborales de los trabajadores nunca ha dado como resultado la generación de más puestos de trabajo, por el contrario, solo ha servido para empobrecer cada vez más a los sectores populares. Es simplemente una coartada que utilizan los distintos gobiernos capitalistas para viabilizar que sea la clase trabajadora la que pague los platos rotos de la crisis. Sin ir más lejos, las medidas mencionadas anteriormente son un refrito de lo que buscaba hacer Macri durante su gestión, lo cual pone de manifiesto que la precarización laboral y el rescate a las patronales forman parte de una política de Estado.

Para revertir el desempleo y avanzar en una mayor estabilidad laboral es necesario desenvolver un programa que priorice los intereses de los trabajadores. El mismo debe comprender un salario mínimo de $65.000, un seguro al desocupado de $40.000, la prohibición de despidos y suspensiones, el reparto de las horas de trabajo, paritarias indexadas a la inflación, la estatización de toda empresa que cierre, despida o reduzca salario, planes de vivienda que empleen mano de obra desocupada bajo convenio, una jubilación equivalente a la canasta de la tercera edad y la reposición de aportes patronales.

A su vez, la ruptura con el FMI y la nacionalización de los recursos estratégicos como la banca, el comercio exterior y los hidrocarburos, así como también la aplicación de un impuesto progresivo al gran capital son aspectos fundamentales para desarrollar al país, generar empleo y satisfacer las necesidades sociales. El fracaso de quienes nos gobernaron y gobiernan indica que solo una política comandada por los trabajadores puede conducir a buen puerto.

 

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