Días atrás, Jill Biden, la esposa del vicepresidente norteamericano visitó la Argentina y brindó una conferencia en el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (Inet) sobre “la necesidad de desarrollar los institutos de oficio ligados a la demanda del mercado laboral”.

 

Junto al ministro de educación, Esteban Bullrich, y el director del Inet, Gabriel Sánchez Zinny, firmaron acuerdos para realizar intercambios en la región, alentando el círculo de la formación precaria para desvalorizar los títulos terciarios y técnicos; aún más, para promover las “habilidades que requiere el mercado”, dicho en palabras de la ministra porteña Soledad Acuña.

 

La visita se consustancia con un informe cuyo título es “Capacidades 2020”, que editó el propio Inet en junio de 2016. Allí se resumen las habilidades que requerirán las empresas en los próximos años.

 

El aumento de la productividad laboral es el eje que articula el texto, que reclama la formación de los estudiantes en las “habilidades blandas” (conocimientos no específicos, metodología de trabajo, cuestiones actitudinales), lo que requiere la adecuación de los contenidos curriculares de la escuela, la evaluación docente bajo el eufemismo de “calidad” y la introducción de nuevas pasantías en empresas para fomentar la mano de obra barata.

 

Los 12 millones de alumnos que concurren en Estados Unidos a esos institutos, según Jill Biden, son los inmigrantes y personas que quieren “trabajar duro” (Clarín, 23/6) -es decir, carne de cañón de la superexplotación en los empleos menos calificados. El planteo de la señora Biden apunta a la degradación de la escuela técnica-profesional para adaptarla a la flexibilización laboral.

 

La visita de Mrs. Biden vino a respaldar la penetración de ONGs y fundaciones de origen clerical y/o empresario en la educación pública, promovida por el gobierno. Antes que ella, Michelle Obama aprovechó la visita a la Argentina para promover su propia “fundación educativa”.

 

En la ciudad de Buenos Aires, el macrismo llevó muy lejos esta política, que liquida los contenidos curriculares, las condiciones laborales de la docencia y entrega el presupuesto estatal al sector privado. Es el caso de fundaciones como “Enseña por Argentina” y “Protege tu corazón”, que introducen “co-docentes” sin concurso y con salarios menores para “promover el liderazgo” entre los alumnos y dictan cursos oscurantistas de educación sexual en las escuelas porteñas, pero también de las Scholas Occurrentes del papa Francisco, beneficiadas con subsidios y apoyos tanto por parte del kirchnerismo como del macrismo. Los Centros de Primera Infancia (CPI) que Macri quiere extender nacionalmente son jardines maternales de segunda, en manos de privados, subsidiados por el Estado y con personal precarizado y cobrando por debajo del convenio docente.

 

Estos son sólo algunos ejemplos. Especialmente desde el año 2011 se vienen celebrando convenios y acuerdos con empresas internacionales, que se meten en las escuelas para realizar todo tipo de programas. Las leyes educativas sancionadas durante el kirchnerismo en 2005 y 2006 incorporaban esta línea privatista. En la Ley Nacional de Educación y posteriores resoluciones del Consejo Federal de Educación se incorporó el concepto de “calidad educativa”, que sirvió como marco para la sanción del Instituto de Evaluación macrista en el año 2013, introduciendo la competencia entre escuelas y docentes por el presupuesto y salario. La vara con la que se mide el rendimiento escolar son las pruebas Pisa, que parten de contenidos estandarizados a nivel internacional. Recientemente, se implementó un nuevo programa, el Re.Ma, que incorpora docentes por fuera de concursos públicos, ayudantes de segunda del CBC, es decir, no recibidos y otros profesionales no docentes, sin atravesar concursos públicos, para ejercitar a los alumnos para responder al formato de las mencionadas pruebas Pisa.

 

La terrible represión que están sufriendo los maestros y estudiantes mexicanos tiene por objetivo imponer precisamente ésta línea de barbarie educativa.

 

Llamamos a organizarnos -docentes, alumnos y familias- para defender la escuela pública frente a este saqueo.