En un artículo de La Nación (3/1) se resalta que en la Argentina estas tragedias nada tienen de “inédito”… “Sí la magnitud que han adquirido”. El autor cree estar denunciando una desidia cuando en realidad está poniendo al desnudo el carácter bárbaro de una organización social, el capitalismo. ¿Qué actividad o industria bajo el capitalismo no está regida por las leyes del beneficio privado, que conminan al abaratamiento de los costos a cualquier precio y/o al coimeo del funcionario de turno para hacer la vista gorda a la “norma” o para obtener un contrato con el Estado?

 

La caída en los índices de seguridad pública, en todos los ámbitos de la vida, desde los bromatológicos en la comida y los medicamentos, a la de los trabajadores en sus condiciones de trabajo y retiro (flexibilización laboral, regímenes de AFJP y ART, etc.), es una consecuencia de la descomposición del orden social imperante. Nunca antes en la Ciudad y el país los presupuestos públicos para “controlar” las normas de seguridad e higiene han sido más reducidos. En este terreno, como en todo lo que tiene que ver con políticas de “distribución del ingreso”, los ‘progres’ han llevado la regresión social menemista hasta el paroxismo.

 

Hay un cordón histórico que hila la tragedia de los chicos del Once. El vínculo llega hasta los trágicos accidentes aéreos de Austral y Lapa, los pollos de Mazzorín, la leche de Bauzá, el envenenamiento de propóleos y el fraccionamiento de vinos truchos, y ahora las inyecciones de hierro falsificado. Hace pocas semanas fue dictada la ley del “buen samaritano”, saludada por Cáritas y La Nación, que facilita a los grandes pulpos alimenticios deshacerse de stocks de mercadería próxima a vencer (e invendible) entregándola como “donación” a entidades de “bien público”. El vínculo del que hablamos está presente en el mayor siniestro en materia de seguridad laboral de los últimos años, que se produjo recientemente en la mina de Río Turbio (14 mineros muertos), en la Santa Cruz de Kirchner.

 

Por todo esto, La Nación se ve obligada a admitir que estallan “muchos” reclamos, “no uno”: “el dolor, la indignación, la necesidad de encontrar culpables, la desconfianza en el Estado, la ineficiencia del mismo Estado, las sospechas de corrupción, la posibilidad de aprovechar políticamente una tragedia [al gorila le sale la fobia], la falta de respuesta suficiente de las autoridades, el silencio del gobierno nacional, la acumulación a lo largo de muchos años de demasiadas demandas insatisfechas…” ( La Nación, 4/1).