El gobierno se apresta a lanzar un “paquete de medidas” con pretendidas aspiraciones de reactivación del consumo. Según informan algunos, las iniciativas surgieron en medio de choques y discusiones al interior del gabinete nacional y de la propia coalición de gobierno. Les habrían sido exigidas a Macri, en primer lugar, por Rodríguez Larreta y Vidal, ante la evidencia de que la caída en la imagen y la intención del voto del oficialismo ya compromete sus propias reelecciones. Los mismos reclamos le hicieron al presidente los aliados radicales, en medio de presiones internas para romper la coalición oficial. Finalmente, el ministro que lanzará este paquete, Dante Sica, lo redactó mientras se rumoreaba su renuncia, no se sabe si voluntaria o forzada. 

La punta de lanza de los anuncios es una versión reciclada de los “precios cuidados”, que en su momento lanzó el kirchnerismo y que el gobierno actual reflotó en varios pasajes anteriores de su gestión. El gobierno estaría discutiendo ahora con los supermercadistas una lista de productos, con la intención de mantenerles el precio… hasta las elecciones de octubre. ¿En qué contexto se darían estos nuevos `precios cuidados`? La estadística oficial de inflación da cuenta de un aumento de precios anual del orden del 50%, como promedio general. Pero este valor es muy superior cuando se trata de los alimentos. Por ejemplo: si se mide la inflación de febrero de este año al mismo mes del año anterior, la harina de trigo subió un 175% y  los fideos secos un 99%, mientras que los huevos lo hicieron un 86% y la yerba y el arroz blanco un 74 y 73% respectivamente. Naturalmente, estos incrementos no sólo superan largamente la inflación “promedio”, sino que duplican o triplican los aumentos salariales percibidos por los trabajadores. Estos alimentos de primera necesidad, precisamente, son los que tendrían los “precios cuidados”. O sea que, en el mejor de los casos, la medida oficial consolida el aumento confiscatorio que han percibido estos productos de la canasta básica, durante y en los meses posteriores a la megadevaluación del año pasado.

Ficción

Pero el gobierno se niega a hablar de congelamiento o control de precios, y no sólo por razones `ideológicas`.  En rigor, el gobierno ya ensayó variantes similares durante el año pasado, las cuales eran objetos de `reajustes parciales` en materia de precios, coordinados con los monopolios alimenticios y las cadenas de supermercados. Estos `reajustes` terminaban impuestos por los pulpos a través de su recurso más característico –el desabastecimiento. Pero además de mover los precios, los empresarios apelaban a otro recurso, el “relevo” de productos del listado. La maniobra es muy sencilla: sacar de la lista a un alimento con precio regulado y meter a otro que gozó de los beneficios de la libertad de precios durante los meses previos. Y que,  por lo tanto, entra a los “precios cuidados” con todos sus aumentos a cuestas.  Por otra parte, y como ya ocurría bajo el kirchnerismo, los supermercados compensan a los “precios cuidados” con fuertes aumentos en otros productos igualmente necesarios, que el consumidor embolsa en una compra general y sobre la cual, cuando apela a la tarjeta de crédito, debe añadirle el costo de un financiamiento usurario. Con una ficción de control de precios, el gobierno intenta sortear las consecuencias del derrumbe económico y político sobre sus perspectivas electorales. 

El otro recurso saliente de este “paquete” es el relanzamiento de los créditos “Argenta”, o sea, el recurso de endeudar a los jubilados con los fondos del Anses, o sea, con la plata de los propios jubilados. La pretendida “expansión del consumo” de los trabajadores pasivos sólo servirá para arrimar a necesidades apremiantes que hoy no pueden cubrirse, con jubilaciones mínimas que apenas cubren el 40% de una canasta de pobreza.

Nuestro planteo

 

Con seguridad, este paquete mentiroso servirá de excusa para que la burocracia de los sindicatos –que responde a la seudooposición que mira para otro lado frente al ajuste- profundice su pasividad, en nombre de que el gobierno “atiende” a la situación social. Por el contrario, la denuncia de estas medidas impostoras deben servir para reforzar el reclamo por un salario que cubra la canasta familiar y su indexación de acuerdo a la inflación; por la apertura de los libros y costos de los monopolios alimenticios y bancarios que “financian” el consumo, por el 82% móvil para los jubilados y por un inmediato paro activo de 36 horas que inicie un plan de lucha por este programa.  Con estas banderas, vamos al paro y a la movilización el próximo 30 de abril.