El desmadre inflacionario tiene su expresión más aguda en el caso de los precios mayoristas. Allí el aumento ha sido del 60,5% en los últimos 12 meses, por encima de la devaluación del período, ubicada en el 32,1%.

Los datos se desprenden de un estudio realizado por la Fundación Mediterránea sobre la evolución de los precios mayoristas hasta septiembre 2021. La suba ha sido particularmente pronunciada en el caso de los productos manufacturados (62,4%), los materiales de construcción (66,2%), los minerales (59,7%), los productos agropecuarios (56,2%) y la energía eléctrica (48,7%). A su vez, los precios mayoristas nacionales registran un alza del 60,9%, en términos interanuales, mientras que los importados tuvieron un aumento del 56,1% entre septiembre 2020 y septiembre 2021.

La expectativa devaluatoria -expresada en el ensanchamiento de la brecha cambiaria- y el incremento de los precios internacionales de las materias primas sin duda actúan como alicientes para que los capitalistas incurran en sobreprecios. Lo cierto es que tamaño encarecimiento de los productos mayoristas impacta de manera significativa en el Índice de Precios al Consumidor, el cual ha aumentado un 51,4% entre agosto 2020 y agosto 2021.

En clave electoral, la Secretaría de Comercio Interior viene impulsando una serie de reuniones con CEOs pertenecientes a las grandes cadenas de supermercados y a las principales empresas de consumo masivo, como P&G, Arcor, Molinos Río de la Plata, Uniliever y La Serenísima. El objetivo de los encuentros es coordinar “aumentos administrados” hasta fin de año, y, en palabras de la propia Paula Español, “evitar que haya subas de precios especulativas” (Telam, 2/10). Sin embargo, no hay en el horizonte oficial ninguna política que permita alcanzar esa meta, solo está planteado continuar con los programas vigentes, cuya inocuidad salta a la vista. Incluso, a mediados de octubre se prevé una suba de los artículos incluidos en Precios Cuidados, lo cual implicará un nuevo golpe al bolsillo popular.

Sucede que el gobierno preserva a toda costa el secreto comercial, y, por lo tanto, no procede a abrir los libros de toda la cadena de valor a fin de evaluar los costos reales. Sin una medida de este tipo, el carácter especulativo de la formación de precios por parte de las patronales seguirá siendo la norma. No obstante, el oficialismo es incapaz de tocar los intereses de la clase capitalista, y esta es la razón por la cual ha fracasado a la hora de contener la inflación.

A todas luces la escalada inflacionaria aparece como una forma de confiscar los ingresos del pueblo trabajador en beneficio de los empresarios y el Estado. Por un lado, un estudio del centro de Capacitación y Estudios sobre Trabajo y Desarrollo (Cetyd-Idaes) de la Universidad Nacional de San Martín estima que el poder adquisitivo del salario caría 3,2% este año (BAE, 3/10), desmintiendo así las declaraciones altisonantes de Alberto Fernández prometiendo lo contrario. Por otra parte, el informe fiscal de septiembre 2021 refleja que aumentó en un 77,8% interanual el monto recaudado a través del IVA -impuesto de enorme incidencia en el consumo popular- debido al alza en los precios.

Por otro lado, el gobierno echa leña al fuego de la inflación en ascenso desde el momento que establece aumentos en el precio de los combustibles y en la factura de los servicios públicos, a la vez que se abraza al pago sistemático de la deuda usuraria, fuente de sucesivas devaluaciones y constante presión sobre el tipo de cambio.

Finalmente, la apertura de los libros de toda la cadena comercial bajo control obrero, para evaluar los costos reales, resulta fundamental a los fines de evitar sobreprecios. También es preciso recomponer los ingresos de la clase trabajadora mediante un salario mínimo de $100.000, reparto de las horas de trabajo para que no haya desempleo y paritarias sin techo indexadas a la inflación. A su vez, para combatir la inflación es necesario abrir paso a una economía planificada desde un punto de vista mayoritario; eso incluye romper con el FMI, repudiar la deuda usuraria y nacionalizar bajo control obrero las palancas estratégicas del país -banca, comercio exterior, hidrocarburos- para ponerlas al servicio del desarrollo nacional y la satisfacción de las necesidades sociales.

 

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