Como sabemos, la suba de alimentos tiene un lugar protagónico en la escalada inflacionaria, afectando particularmente a los sectores populares que destinan el grueso de sus ingresos en la compra de productos pertenecientes a este rubro.

En el primer cuatrimestre, la inflación en alimentos se ubicó en el 28%, la cual siguió su curso ascendente en mayo según los estudios privados. En ese sentido, la consultora Libertad y Progreso registró en dicho mes un aumento del 6,2% en artículos de panificación, cereales y pastas; del 7,5% en aceites; del 7,4% en condimentos y otros productos alimenticios; del 6,4% en el caso de las bebidas e infusiones y del 6,4% en la carne.

Un verdadero golpe al bolsillo popular que viene de larga data, como lo demuestra el informe publicado por la consultora Focus Market acerca de cómo variaron los precios de determinados productos de primera necesidad desde el 2008 a la actualidad. En ese período, la yerba se incrementó un 11.402%, el aceite 8.166%, el pan de molde 6.567%, el café 6.050%, la leche 5.768% y el azúcar un 4.220%. Subas que superaron ampliamente la evolución del Salario Mínimo Vital y Móvil, el cual aumentó apenas un 3.040% entre 2008 y 2022.

Ocurre que los sucesivos gobiernos han mantenido intacto el secreto comercial de los pulpos alimenticios formadores de precios, habilitando remarcaciones constantes. A su vez, han preservado el control privado del complejo agroexportador local permitiendo, entre otras cosas, que los monopolios que lo acaparan trasladen sin dificultades las alzas de los precios internacionales al mercado interno. De más está decir que las políticas oficiales vinculadas al control de precios han fracasado en toda la línea.

En la actualidad, las cerealeras que operan en suelo local continúan sacando provecho de los altos precios internacionales del trigo, atizados por la guerra. Así las cosas, según la Federación de Panaderos, la harina aumentó en mayo un 9%, cuando ya entre enero y abril había registrado un alza del 43,2% y del 85,4% comparado con el mismo período del 2021, según los datos de la consultora Focus Market. El encarecimiento de la harina seguirá impactando en los precios de los productos derivados, como el pan y las pastas, constituyendo un duro golpe a la “mesa de los argentinos”; algo que el anodino Fideicomiso del Trigo no logrará atenuar. El cuadro se agravará teniendo en cuenta que el ritmo de devaluación del peso se viene acentuando (el dólar oficial subió 4,24% en mayo), y, por consiguiente, los exportadores no demorarán en trasladar al mercado interno los mayores beneficios que obtienen vendiendo al exterior a un dólar más caro.

Por otra parte, según la consultora LCG, en mayo la carne vacuna experimentó una suba del 6% consagrando un aumento interanual del 70%. Lo anterior, sumado al deterioro en los ingresos de la población trabajadora, trajo como consecuencia que el consumo de carne vacuna en Argentina retrocediera a los 46,5 kilos por habitante por año, un 30% menos que hace 15 años. Finalmente, la decisión gubernamental de fijar una canasta de “cortes cuidados” y establecer la suspensión temporaria de las exportaciones ha sido completamente infructuosa para contener los precios.

Aquí se combinan una fuerte concentración en la industria frigorífica con una merma en la oferta del ganado de a pie en el mercado de hacienda. Sucede que Argentina tiene una porción muy importante de “tenedores de hacienda”, que compran vacas principalmente como reserva de valor -para cubrirse frente a una devaluación- pero no tienen ningún interés en incrementar la productividad por vientre. Al mismo tiempo, “el estiramiento de los engordes estaría demorando el envío a faena de esos animales” (Bichos de Campo, 1/6). El gobierno, por su parte, no mueve un dedo para combatir estas maniobras especulativas del sector ganadero.

Debido a esto la brecha que existía hace diez años entre el consumo de carne roja y carne aviar – 25 kilos a favor de la primera- desapareció. Sin embargo, los precios del pollo, si bien no evolucionan al ritmo de los de la carne vacuna, también vienen en ascenso: en abril treparon un 10% y un 69% en términos interanuales según el Indec. Esto responde, por un lado, a la disparada en el precio del maíz y la soja que conforman la alimentación del ganado avícola. A su vez, el proceso de la faena se encuentra sumamente concentrado: solo cinco empresas (Granja Tres Arroyos, Soychú, Las Camelias, Noelma y Alibue SA) se ocupan del 50% de la misma. Por otro lado, el aumento en la demanda de pollo, puesto que oficia de sustituto de la carne bovina frente al encarecimiento sideral de la esta última, también presiona sobre los precios. La determinación de abrir los libros de las patronales mencionadas, a fin de evaluar los costos reales, está completamente ausente de la agenda del gobierno.

El pescado es otro alimento cuyos precios no paran de subir. Por ejemplo, el kilo de merluza tuvo un incremento del 50% interanual y del 17% solo en el mes de abril. En primer lugar, el 90% de la pesca capturada tiene destino de exportación y son 127 las empresas frigoríficas las que acaparan todas las ventas al exterior. Cuando el pescado sale del frigorífico, automáticamente se le añade el precio FOB que “contempla el precio de mercado local, el costo de transporte (internacional) y el derecho de exportación” (Agencia Tierra Viva, 31/5). Es decir, también el pescado que va dirigido al mercado interno tiene un precio dolarizado. Como resultado, el consumo de pescado en Argentina no supera los 7 kg anuales por habitante, tres veces menos que el promedio mundial.

Queda en evidencia la paradoja de que en un país productor de alimentos, estos sean cada vez más inaccesibles para las familias trabajadoras, dado que su producción está al servicio del lucro capitalista. Como punto de partida para combatir este despojo, debemos exigir la recomposición salarial de la clase obrera, sobre la base de un salario mínimo de $180 mil, aumentos salariales indexados a la inflación y trabajo bajo convenio para todos. La lucha por el plato de comida se vincula a la necesidad de pelear por un paro nacional, seguido de un curso de acción para derrotar el ajuste.