09/03/2001 | 698

Los «progres» confiscan a trabajadores

A pocas semanas de asumir, el gobierno de Ibarra anunció con «bombos y platillos» una «solución definitiva» para el centenar de familias que habitan el derruido edificio del ex Patronato de la Infancia (Padelai) de San Telmo. La ‘salida’ consistía en una línea de créditos preferenciales de hasta 30.000 pesos para los actuales «ocupantes», destinados a la compra de lotes o viviendas en la Ciudad o en la provincia de Buenos Aires. Los frepasisas presentaron este convenio como una victoria de los habitantes del Padelai. Pocos podían imaginar que estábamos, en realidad, ante una verdadera confiscación.


De quién es el ex-Padelai


En 1991, y como resultado de la lucha de sus ocupantes, la Municipalidad de la ciudad accedió a firmar un convenio con los habitantes del ex-Padelai, agrupados en la «Cooperativa de Vivienda San Telmo». El acuerdo transfería a esta cooperativa el 70% de los derechos de propiedad del predio, reteniendo la municipalidad el 30% restante. El acuerdo planteaba también la reconstrucción del predio, con aportes de la Ciudad y de los vecinos. A pesar de los esfuerzos económicos y personales de los habitantes del Padelai para ello, los sucesivos gobiernos *menemistas primero, aliancistas después* no aportaron un centavo, en un esfuerzo evidente para hacer «caer» el convenio de 1991. Ya bajo la administración de De la Rúa, comienza a urdirse esto, que pasa esencialmente por negarles los derechos adquiridos a las familias del Padelai. En los considerandos de la «operatoria crediticia» que se puso en marcha el año pasado, los diputados aliancistas insisten en que «la solución cooperativa fracasó», por «responsabilidades comunes de los gobiernos de turno y de los habitantes». Pero ningún «fracaso» podría negarles sus derechos de propiedad. La operatoria crediticia se urdió, precisamente, para conculcar esos derechos: el decreto 1621, que pone en marcha esta «operatoria», condiciona el otorgamiento de los préstamos preferenciales a la firma de un convenio de desocupación. El contenido de ese convenio no tiene desperdicio: en primer lugar, trata a las familias de Padelai como «ocupantes», y no como propietarias. En la tercera cláusula del convenio, los «ocupantes» «renuncian y/o ceden y/o venden y/o transfieren al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires todos los derechos de propiedad, posesión y/o tenencia que tuvieran o pudieran corresponderles sobre la propiedad a ser desocupada, y que eventualmente entendieran que les corresponde (por) normas dictadas con anterioridad al presente convenio, renunciando a todo reclamo futuro en razón de lo aquí pactado». Naturalmente, la cláusula se refiere *aunque sin nombrarla* a la escrituración de 1991. La operatoria consiste, sencillamente, en liquidar los derechos adquiridos por las familias del Padelai, y transformarlas … en deudoras del Gobierno de la Ciudad. El Estado capitalista, respetuoso de la propiedad privada de los medios de producción, no tiene escrúpulos a la hora de violentar y usurpar los medios de vida de la población trabajadora.


Nuestra salida


Pero incluso la infame salida de los «préstamos preferenciales» está empantanada: «Muchos de nosotros estamos desocupados, o tenemos ingresos inestables, que no nos ‘califican’ para los préstamos que nos quieren dar. Nos quedamos porque no vamos a tomar un préstamo hipotecario para que nos ejecuten y desalojen dentro de un año», explicaba a Prensa Obrera uno de los vecinos del Padelai.


Pero estas vicisitudes no cuentan para los «progres» porteños: ellos quieren el predio vacío, para sumarlo a los negocios inmobiliarios y a la industria del turismo. «En este terreno ya está pensado un centro comercial que se comunique, a través de un tranvía ‘exclusivo’, con los restoranes de Puerto Madero». Como los vecinos se niegan a tomar los préstamos, y reclaman por sus derechos, los funcionarios «apuran» con amenazas y hostigamiento. La comisión de vecinos del ex-Padelai ha denunciado a la funcionaria Alicia Vasconcelos *ligada según los vecinos a inmobiliarias de la zona» por haber «construido dentro del predio una casa prefabricada, donde, cual garita de campo de concentración, empleados del Gobierno de la Ciudad controlan el ir y venir de los miembros de la Cooperativa.» También son frecuentes los allanamientos policiales de madrugada. Estos son los métodos con los que se quiere «acelerar» la solución anunciada en setiembre pasado.


El Partido Obrero plantea: basta de intimidación. Investigación del accionar del gobierno aliancista. La salida para las familias del Padelai debe pasar por el reconocimiento de sus derechos de propiedad sobre el inmueble. Sobre esta base, planteamos que los préstamos a otorgar a las familias tengan como garantía hipotecaria al propio edificio del Padelai, y sean integralmente cancelados por el Gobierno de la Ciudad cuando éste lo venda o lo rente. El predio del Padelai vale veinte millones de dólares, y la salida para sus habitantes implica un costo que no supera los tres millones. Una venta del Padelai debería aportar para un Fondo de refacciones y compra de viviendas para centenares de familias sin techo de la zona sur de la ciudad. Este es el planteamiento de la banca del Partido Obrero.

 

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