Finalmente, después de varios meses de tiras y aflojes,de sesiones que se cayeron por falta de quórum, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley de protección de glaciares presentado por Miguel Bonasso, similar al que fuera vetado en 2008 por Cristina. Ahora, elproyecto deberá pasar por el Senado, que había aprobado en su momento por unanimidad otro proyecto presentado por Filmus. ¿Victoria opositora y derrota oficialista? ¿Victoria de lacausa ambiental y popular y derrota del lobby minero?

Senado y provincias

El lobby minero, con los gobernadores de las provincias cordilleranas y los funcionarios mineros nacionales, armó una estrategia para quitarle peso a la eventual aprobación de la ley en debate. Esto se puso en marcha a la vuelta del viaje de Cristina a Canadá, donde almorzó con Peter Munk, CEO de Barrick Gold, y directivos de otras empresas mineras que operan en el país, junto a esos gobernadores y funcionarios.

Como resultado de ese entramado, las distintas provincias vienen aprobando a libro cerrado y en tratamiento exprés leyes provinciales, calcadas una de otra, para proteger en realidad el saqueo de la gran minería contaminante. En la ley de San Juan, por ejemplo, con el voto unánime de la Legislatura (incluidos los peronistas disidentes), se aprobó que los proyectos en marcha (Veladero y especialmente Pascua Lama) quedaran automáticamente excluidos de los alcances de la ley, por ser preexistentes. En Salta, solamente se opuso la bancada del Partido Obrero (ver PO Nº 1.141, 12/8, en Internet).

El Senado es otro escenario de esta estrategia; aquí las provincias cordilleranas cuentan con el apoyo de los senadores oficialistas, como de los radicales de Catamarca, y de los peronistas federales de San Juan y de Salta –falta ver qué harán los de Chubut (Di Perna y Guinle), que según el Diario de Madryn (13/8) “están en una etapa de análisis”.

Ianiglia

El proyecto aprobado en Diputados establece que el inventario y el control de las zonas protegidas queda a cargo del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias ambientales (Ianiglia), mientras los diputados cordilleranos querían dejarlo en manos de las provincias. El Ianiglia, sin embargo, depende del gobierno nacional, que responde a los intereses de las mineras. Uno de sus técnicos, Pitte, “realizó en 2005 el inventario de glaciares en la zona del Río las Taguas (donde operan Veladero y Pascua Lama) por encargo de la Secretaría de Minería local. Respecto de la minería en zonas periglaciares, dijo que, una vez inventariada, esa zona se puede evaluar si determinado proyecto puede afectarlo. Agregó que lo primero es definir qué es periglaciar –dice que hay muchas definiciones– y que el Ianiglia decidió enfocarse sólo en los llamados “glaciares de escombros”; es decir, con suelos o nieves permanentes, “que se mantienen bajo cero por dos años consecutivos”, para luego realizar el inventario. Dijo que en San Juan hay un inventario de glaciares, pero falta el de zonas periglaciares” (Diario de Cuyo, 12/8). Es decir que, según el técnico del Ianiglia, la definición de periglaciar es netamente restrictiva y que hay que hacer “un nuevo inventario” en las zonas donde se asientan Veladero y Pascua Lama. Es el cuento de la buena pipa.

¿Derechos adquiridos?

La celeridad en la aprobación de las leyes provinciales ha apuntado claramente a cuestionar judicialmente la vigencia de la ley nacional. O sea que el marco legal quedará en el limbo por un tiempo largo.

El diputado de San Juan, Daniel Tomas, presidente de la Comisión de Minería de Diputados, declaró que “la ley (del Congreso) es anticonstitucional, ya que el Congreso sólo puede dictar presupuestos mínimos” (Diario de Cuyo, ídem). La estrategia del lobby está clara.

Hoy hay dos megaemprendimientos mineros en curso: Pascua Lama y Potasio Río Colorado, ambos con inversiones superiores a los 3 mil millones de dólares. El primero, en San Juan, en la alta cordillera, hubiera debido quedar afectado por la ley de 2008, que fuera vetada por Cristina ese mismo año. Desde entonces, el gobierno nacional y el provincial se encargaron de darle todos los permisos, incluso aprobarle la DIA (declaración de impacto ambiental) de modo que hoy el proyecto está en plena etapa de construcción y, leyes provinciales mediante, apelará a los derechos adquiridos. El diputado sanjuanino Ibarra, ex giojista y actualmente alineado con el peronismo disidente, aunque votó a favor en Diputados, declaró en la televisión sanjuanina que Veladero sigue y pidió que (las mineras) se queden tranquilas (Diario de Cuyo, ídem).

El de Potasio Río Colorado es un yacimiento adquirido por Vale, el gigante minero con base en Brasil. Desde entonces, consiguió en tiempo récord los permisos provinciales y nacionales, así como la DIA que le habían retaceado al ex propietario, la minera Río Tinto. Como no está en la cordillera sino en la naciente del Río Colorado, no está afectado por el proyecto de ley actual, aunque amenaza a las cuencas del Colorado y del Río Negro por su elevada salinidad y su gigantesco consumo de agua y de energía. Esto fue denunciado por las asociaciones de rigantes de ambas cuencas y no fue considerado por los gobiernos de Mendoza y Neuquén, en cuya frontera se encuentra el megaproyecto. Pero como lo declararon los presidentes del Mercosur en su reciente cumbre, la minería es política de Estado para bolivarianos, lulistas, K y pinochetistas.

Perspectivas

Las maniobras alrededor de esta ley ponen de relieve que las movidas en el Congreso serán neutralizadas por los pulpos mineros con el concurso de los gobiernos provinciales, sus partidos oficiales y opositores, y el gobierno K. La lucha ambiental está más que nunca en el orden del día: hay que arrancar la paralización de los proyectos mineros y, a partir de aquí, pasar a hacer los inventarios que correspondan bajo el control del movimiento ambiental, de las poblaciones afectadas y de los trabajadores, para que se hagan efectivos sus reclamos contra la destrucción del medio ambiente y el saqueo de nuestros recursos naturales.