Luego de que la Corte Suprema fallara a favor de la Ciudad de Buenos Aires, asignándole el 2,95% de los fondos coparticipables, Alberto Fernández se reunió con 14 gobernadores para rechazar esta decisión. Frente a ello, el legislador porteño del Partido Obrero en el Frente de Izquierda, Gabriel Solano, remarcó que “es una disputa ajena a los intereses populares” y que tanto el gobierno nacional como los gobiernos provinciales y de CABA “son los responsables de que el país esté devastado socialmente”.

A su vez, denunció la hipocresía de los gobernadores de distintos signos políticos que apelan al “federalismo” para quejarse del dictamen judicial, sin embargo, “no abrieron la boca cuando este año las transferencias del Estado a las provincias se redujeron un 45% por el acuerdo con el FMI”, dado que “donde suena FMI se callan todos la boca”.

Por otra parte, Solano defendió que la quita del impuesto a los pagos con tarjetas de crédito en CABA sea incondicional -para lo cual desde el FIT se ha convocado una sesión especial- y que no esté supeditado, como pretende Larreta, al cumplimiento del fallo de la Corte por parte de Alberto Fernández. “Está la guita para eliminar el impuesto; no depende de este impuesto que los médicos o los docentes tengan un salario como corresponde; no nos comamos este verso” recalcó, en alusión a que en la Ciudad de Buenos Aires existe un superávit fiscal.

En la puja en torno a la coparticipación entre los bloques capitalistas no están en juego las necesidades sociales. Son todos agentes del ajuste fondomonetarista que mezquinan recursos para el bienestar de los trabajadores allí donde les toca gobernar, y, además, depositan sobre el pueblo el grueso de la carga impositiva del país, mientras las patronales reciben beneficios fiscales de todo tipo y evaden a su antojo.

Abajo el acuerdo con el FMI; eliminación de los impuestos al consumo como el IVA, a la vivienda única y el gravamen a la cuarta categoría de Ganancias; aplicación de un impuesto progresivo y permanente al gran capital para destinar lo recaudado a la satisfacción de los reclamos populares.