Los bonos, anunciados por Sergio Massa, de $37 mil mensuales en septiembre, octubre y noviembre para quienes cobran la jubilación mínima son insuficientes para sacar a esos haberes de la indigencia, y, además, dejan afuera al resto de los jubilados, cuyo poder de compra cayó 11,7% en los primeros siete meses del año.

Esas sumas, contemplando el aumento del 23,29% de septiembre que establece la fórmula de movilidad, llevarán la jubilación mínima a $124.460 brutos en noviembre (netos $121.836 si descontamos el aporte a Pami). Esto, cuando ya en julio la canasta de indigencia llegó a $111.642 y la de pobreza a $248.962. Así las cosas, Massa pretende combatir a la derecha condenando a 2,8 millones de jubilados a vivir con ingresos miserables. Algo que tampoco se revierte con el reintegro del IVA dispuesto para este grupo poblacional sobre compras de artículos de consumo masivo realizadas con tarjeta de débito.

A su vez, quedó demostrado que la política de otorgar “refuerzos” aislados a quienes perciben el haber mínimo no evitó que estos perdieran contra la inflación. Esa franja de jubilados perdió 8,7% de su poder adquisitivo entre enero y julio a pesar de los bonos. Lo cierto es que los mismos no se agregan al cálculo mediante el cual se actualizan las jubilaciones, cuya fórmula escinde los aumentos del índice de inflación, provocando una caída real de las prestaciones. Luego de noviembre, los jubilados que cobran la mínima no recibirán otro bono y sus ingresos quedarán supeditados a las subas trimestrales a la baja que estableció la reforma previsional impulsada por Alberto Fernández.

Ni qué decir de las jubilaciones que superan la mínima, las cuales quedaron excluidas del paliativo que anunció Massa. Las mismas perdieron 11,7% de su poder de compra entre enero y julio (al igual que la AUH) y continuarán retrocediendo, teniendo en cuenta que el incremento de septiembre que fijó la fórmula de movilidad hará que, “desde el inicio de este año, el aumento de haberes acumule un 74,5%, en tanto que se estima que, a septiembre, los precios medidos por el Indec tendrán un avance no menor a 90% y que, a noviembre (mes en que seguirán vigentes los mismos haberes jubilatorios) la inflación acumularía -desde enero- al menos 120%” (La Nación, 27/8). Como vemos, el gobierno sigue contribuyendo a achatar la pirámide jubilatoria, en pos de cumplir la aspiración fondomonetarista de que las jubilaciones dejen de ser un salario diferido y se conviertan en un mero subsidio a la vejez.

Finalmente, el oficialismo viene ajustando en este rubro en función de arrimarse a la meta fiscal del FMI. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, el dinero destinado al pago de jubilaciones y pensiones tuvo una caída real del 3,8% en los primeros siete meses del 2023, respecto al mismo período del año anterior. En ese sentido, el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) estima que en 2023 el gasto primario será $4,2 billones menor que en 2017, y $2,6 billones corresponden a la merma real en las jubilaciones y pensiones.

Como si fuera poco, las sumas fijas anunciadas por Massa para los salarios del sector registrado tienen como contrapartida la reducción de los aportes patronales en un 50% para las Pymes y en un 100% para las Micropymes, afectando los ingresos de la Anses. La resolución va en desmedro de futuros aumentos jubilatorios, dado que la recaudación de la caja previsional es una de las variables que componen la fórmula de cálculo de la movilidad.

Con todo, para enfrentar el ataque actual y futuro a las jubilaciones, la lucha es ahora. Debemos ganar las calles por una jubilación mínima equivalente a la canasta básica de la tercera edad, aumentos mensuales basados en el cálculo que resulte más favorable entre inflación e índice salarial y la defensa del 82% móvil en base al mejor salario en actividad. A su vez, es necesario recomponer el patrimonio de la Anses echando a los vaciadores y sometiendo la entidad al control de los trabajadores y jubilados, reponiendo los aportes patronales y formalizando a todos los trabajadores no registrados. Abajo el programa del FMI, al cual tributan tanto Massa, como Bullrich y Milei.

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