Con bombos y platillos, el gobierno de Ibarra anunció en agosto pasado lo que pretende ser la mayor realización de su primer año de gobierno: un sistema de reservorios subterráneos de agua, que según el gobierno daría solución al desastre de las inundaciones en la ciudad. El plan de Ibarra prevé instalar, “antes de fin de año”, 13 gigantescos cilindros de 20 metros de diámetro por 25 de profundidad, a un costo total de 110 millones de dólares. Con estas instalaciones, se aguardarían las lluvias de este verano, un año después del trágico 24 de enero que dejó un saldo de miles de evacuados y 6 muertos. ¿Estamos ante la solución de este flagelo o ante las más grande de las improvisaciones?

Los reservorios y el caudal de agua

Un estudio técnico que acaba de ser elevado a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad denuncia la “manifiesta incapacidad de los reservorios anunciados para evitar las inundaciones”. Si se considera el caso de la cuenca del arroyo Maldonado -responsable de los mayores desbordes-, y tomando como referencia los caudales de las inundaciones del año 1985, “construyendo los reservorios anunciados, en lugar de inundarse 360 hectáreas, se inundarían ‘solamente’ alrededor de 310. En cuanto a la altura de las aguas, en lugar de registrarse unos 58 centímetros de agua como promedio, ocurrirían inundaciones de ‘sólo’ 47 centímetros”. La crecida del arroyo Maldonado llenaría, según el informe, un reservorio como los planeados en… 29 segundos. Es decir que el “nuevo” sistema de Ibarra toleraría algunos minutos de lluvias torrenciales. Concientes de la insuficiencia del nuevo sistema, el secretario de Obras Públicas, Fatala, ya ha comenzado a “abrir el paraguas”: “¿Significa esto *se pregunta* que ya no habrá más inundaciones? No. El clima está tropicalizado. Y nadie puede saber cuánto va a llover la próxima vez. Pero multiplicará la capacidad de prevención para una tormenta fuerte.” (La Nación, 4/8). Lejos de garantizar los resultados del nuevo sistema, Fatala responsabiliza de sus previsibles fallas al mismo “culpable” de las inundaciones de enero: la “tropicalización” del clima.

En nombre de estos inciertos resultados, se realizarán excavaciones que superarán los 50 metros de profundidad, y que “afectarán en forma hasta ahora no prevista al nivel de las napas y a la estabilidad de los suelos” (ídem). Ello puede conducir a que las aguas de la primera napa, “muchas veces muy contaminadas, ingresen en las napas inferiores y las contaminen irreversiblemente” (informe del arquitecto Costa). El peso descomunal de estas instalaciones subterráneas obligaría también a construir cimientos o bases no contemplados ni en los plazos ni en los costos de la obra.

Improvisación y parálisis

Después del desastre de enero pasado, Ibarra y Fatala anunciaron que la solución definitiva a las inundaciones pasaba por un “Plan Hidráulico” que se viabilizaría a través de un préstamo de 250 millones de pesos, proveniente del Banco Mundial. Apresuradamente, se reanudaron las obras del aliviador del Arroyo Vega, con el mismo contratista -CCI- que se encontraba denunciado por impericia y sobrefacturación. Ocho meses después, el “Plan Hidráulico” ha sido sigilosamente cajoneado. El sistema de reservorios, según explicó Ibarra, no es “una ampliación presupuestaria ni un agregado a lo proyectado hasta ahora, sino un giro estratégico en las soluciones que hasta ahora se habían ensayado” (La Nación, 4/8). Como señala el arquitecto Costa, a partir de estos anuncios “los vecinos ahora sólo podemos esperar que se realicen los reservorios”. Confirmando esta presunción, la casi totalidad de las obras del llamado “Plan Hidráulico” se han paralizado. Las tareas que correspondían a su primera etapa *un conjunto de canalizaciones y obras de limpieza y desagüe presupuestadas en 60 millones de pesos en el presente año* en su gran mayoría no se han concretado; es el caso de la limpieza de los sumideros del arroyo Medrano; de las obras en los arroyos Cildáñez, Ugarteche y White, y del plan de limpieza y mantenimiento de los sumideros y de la red pluvial, que se encuentra “suspendido”. En la audiencia pública donde se discutieron los reservorios, vecinos de la zona norte de la ciudad le señalaron a Ibarra el absurdo de esta nueva “megainversión” cuando el agua, con sumideros tapados, ni siquiera podría escurrirse hacia los reservorios… Por último, es sugestivo que se hayan incluido reservorios para “atender” el caudal del arroyo Vega, a pesar de que su aliviador se encuentra en plena construcción. Los vecinos “sospechan que en realidad el gobierno tiene decidido paralizar las obras” (ídem).

Los funcionarios, sin embargo, no han dicho de dónde saldrán los recursos para una obra que no está presupuestada. En cambio, sí hay claridad sobre los “adjudicatarios” de la obra: de las “empresas especializadas en este tipo de estructuras, sólo existen dos de ellas en plaza, de las cuales sólo una se encontraría en condiciones de ofertar, lo que no aporta condiciones de transparencia a la licitación anunciada” (informe del arquitecto Costa). Según lo anticipó el gobierno, la obra será resuelta y adjudicada por un decreto de necesidad y urgencia, es decir, colocando a la Legislatura ante los hechos consumados.

Balance

Es llamativo que entre las ventajas del sistema de reservorios, se mencione que “la construcción de estos tanques no necesita sortear las interferencias de caños o de cableados”. Distintas denuncias han revelado, en los últimos años, la existencia de conexiones clandestinas entre las redes cloacal y pluvial, que el monopolio Aguas Argentinas emplea para desagotar efluentes sin tener que invertir en nuevos canales. Un adecuado sistema de aliviadores pluviales sacaría a la luz estas irregularidades, así como revelaría el desquicio a que han conducido el sistema de conductos de agua luego de su privatización. El gobierno de Ibarra se ha revelado impotente no sólo para resolver el drama de las inundaciones, sino siquiera para resarcir a los vecinos afectados: en muchos casos, éstos no recibieron ni los prometidos descuentos en los impuestos municipales, ya que el gobierno “truchó” los mapas que debían calificar a las zonas inundables. El “opositor” Beliz *que bloqueó el tratamiento legislativo a favor de un verdadero resarcimiento* es cómplice de esta confiscación a los vecinos. La solución de las inundaciones exige un plan único de aliviadores, mantenimiento y limpieza bajo control de los trabajadores de la Ciudad y las organizaciones de vecinos afectados. Ese plan debe financiarse gravando a los monopolios inmobiliarios y a las empresas privatizadas, responsables del desquicio actual.