Políticas
30/6/2026
Los tarifazos de julio, otra desmentida al verso de Milei
Los trabajadores pagamos el ajuste con aumentos en transporte, los servicios, la salud, luz y el gas en pleno invierno.
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Julio comienza con una nueva batería de aumentos que profundiza el ajuste contra los trabajadores. Colectivos, trenes, subtes, prepagas, electricidad, gas y agua volverán a encarecerse, con un impacto mayor en la economía de los trabajadores más vulnerables, en un contexto donde los salarios continúan perdiendo frente a la inflación y donde el gobierno de Javier Milei sostiene una política de eliminación de subsidios y transferencia de ingresos en favor de los capitalistas
El incremento más inmediato golpeará al transporte público. En la provincia de Buenos Aires el boleto mínimo de colectivo superará los $1.050 tras una nueva suba del 4,1%, mientras que en la Ciudad de Buenos Aires el mínimo rondará los $822, continuando con la aplicación de la fórmula de actualización por inflación más un adicional de 2 puntos porcentuales, y el subte trepará a $1.621. A esto se suma un cronograma de aumentos escalonados en los trenes metropolitanos, del 8,6% en julio, 10,5% en agosto y 7,1% en septiembre. El mecanismo de actualización automática por inflación más un adicional fijo garantiza que el transporte continúe aumentando incluso si el índice de precios desacelera o si los salarios siguen cayendo.
El impacto sobre los hogares obreros es enorme. El transporte representa alrededor del 40% del gasto en servicios esenciales de una familia del Amba y constituye hoy uno de los principales factores de deterioro del ingreso disponible. Mientras el gobierno celebra un supuesto ordenamiento macroeconómico, millones de trabajadores deben destinar una parte creciente de su salario simplemente para llegar al trabajo.
La ofensiva no termina allí. La electricidad, el gas y el agua también sufrirán nuevos incrementos. El ajuste resulta particularmente gravoso porque coincide con el período de mayor consumo energético debido a las bajas temperaturas. Las familias deberán afrontar facturas más elevadas precisamente cuando más necesitan calefaccionar sus viviendas.
En los últimos doce meses, las tarifas de electricidad y gas aumentaron alrededor de un 55% y el transporte casi un 50%, muy por encima del crecimiento de los salarios registrados (29,7%). Como consecuencia, el gasto mensual en servicios públicos esenciales alcanza cifras que oscilan entre los $163.000 y los $275.000 para una familia tipo del Amba.
Para los sectores de menores ingresos la situación resulta todavía más dramática: en numerosos casos deben destinar más del 20% de todos sus recursos únicamente al pago de luz, gas, agua y transporte, según un informe de la Fundación Capital sobre los ingresos de las familias del Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba) y el pago de los servicios públicos.
La política oficial revela sus contradicciones al observar lo que ocurre con el abastecimiento energético. Mientras el gobierno promete convertir a la Argentina en una “potencia exportadora” gracias al gas de Vaca Muerta, más de 130 industrias sufrieron cortes de suministro en pleno invierno. La decisión oficial de retirar los subsidios al Gas Natural Licuado (GNL) para el sector productivo obligó a numerosas fábricas a enfrentar precios internacionales que multiplican varias veces el costo habitual del gas de red. Ante semejante incremento, muchas empresas optaron directamente por detener la producción, suspendiendo y/o cesanteando cientos de trabajadores.
Esta situación desnuda el verdadero contenido del programa económico “libertario”. El llamado "sinceramiento tarifario" no busca otra cosa que garantizar la rentabilidad de las empresas privatizadas y descargar sobre los trabajadores el costo de la crisis. Al mismo tiempo que se deterioran las condiciones de vida populares, se paraliza parte del aparato productivo nacional por una política energética subordinada a los intereses del mercado y de las exportadoras.
Frente a un nuevo tarifazo generalizado, mientras los salarios permanecen pisados y las paritarias son sistemáticamente atacadas, se vuelve indispensable una respuesta del movimiento obrero. La defensa del salario, la lucha contra la aplicación de la reforma laboral en los convenios, el rechazo a los aumentos automáticos de las tarifas y la nacionalización de los servicios públicos bajo control de sus trabajadores y usuarios constituyen una necesidad urgente para impedir que la crisis siga siendo descargada íntegramente sobre las espaldas de quienes viven de su trabajo.
