Políticas
1/9/2026
Los tarifazos son de nosotros, los subsidios de las privatizadas
Los aumentos en el transporte público y al energía siguen hundiendo los salarios, mientras el gobierno premia a las empresas con plata del Estado.
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Los servicios públicos concentran uno de los mayores fracasos de la experiencia liberfacha. Prueban que la política económica de Milei hunde a los trabajadores sin resolver ninguno de los problemas que prometía erradicar. Los tarifazos permanentes que golpean los salarios se aplican en simultáneo con subsidios cada vez mayores que el gobierno viene gatillando a las privatizadas. Los usuarios son obligados a pagar más por servicios más deficientes, a la vez que el negocio se concentra en un puñado de empresarios amigos del gobierno que embolsa subvenciones del Estado.
Desde el 1 de septiembre rige en el AMBA un nuevo boletazo. El transporte público es la carga de mayor peso para las familias del Gran Buenos Aires, que lo necesitan diariamente para ir a trabajar o acudir a la escuela. Las tarifas de colectivos que circulan en CABA y la del Subte aumentan un 4,1%, y la suba es mayor (4,3%) en las líneas de la provincia de Buenos Aires, con lo que el gobierno de Kicillof acumula un 68,7% de incremento solo en lo que va de 2026. Los trenes metropolitanos, a su vez, aplican ahora un aumento del 14,2%.
Si bien es donde más impacta, el tema no se circunscribe a la región metropolitana: el IPC del Indec registra que en el acumulado hasta julio el encarecimiento del transporte público duplica al índice de inflación general tanto en el NOA como en Cuyo. De más está decir que no hay salario que siga ese ritmo.
La bronca es mayor cuando se contempla el resto de los servicios. El Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (UBA-Conicet) estima que un hogar promedio del AMBA necesitó en agosto $289.622 para cubrir el consumo mensual de energía eléctrica, gas natural, agua potable y transporte. Eso implica una suba del 54% en la comparación interanual, más de 20 puntos arriba de la inflación estimada.
De nuevo, no se reduce a los usuarios del Gran Buenos Aires. Volviendo al Índice de Precios al Consumidor del Indec vemos que el ítem "electricidad, gas y otros combustibles" subió parejo en las distintas regiones del país, siempre muy por encima de la inflación general, salvo en el Noreste donde entre enero y julio ya suma un encarecimiento del 66,8%.
Si se cuenta desde diciembre de 2023 las tarifas de luz y agua se multiplicaron por 6, el doble que el IPC general, mientras que las del transporte se multiplican por 15 y las de gas por más de 20. Se comprende cómo es que llegamos a un endeudamiento masivo de los trabajadores para costear gastos corrientes y esenciales.
En el propio gobierno reconocen que es una carga inafrontable. Por eso dispusieron una morigeración del tarifazo de la luz y el gas para septiembre. La contracara es que mientras el pueblo padece la motosierra, las empresas privatizadas gozan de un "plan platita".
Un informe de la consultora Economía y Energía suma que el primer semestre se giró en subsidios energéticos el equivalente a 2.147 millones de dólares, un 80% más que en los primeros seis meses del año pasado. Nada menos. La gran mayoría de ese salto se explica por las mayores transferencias a Cammesa, la compañía mayorista que despacha la energía a las distribuidoras.
Estas últimas ni siquiera pagan la mayor parte de la electricidad que reciben, sino que acumulan deuda multimillonarias que luego son sistemáticamente condonadas por los sucesivos gobiernos. Al igual que hicieron Macri y el peronista Frente de Todos, Milei incluyó en el proyecto de ley para recortar el régimen de zona fría un regalo de 1.800 millones de dólares en deudas perdonadas a las distribuidoras, de los cuales más de dos tercios corresponden a Edesur y Edenor. Se entiendo cómo es que Vila y Manzano acaban de pagar la privatización de Metrogas, monopolizando así la provisión energética de los hogares del norte del GBA.
Le sigue en la lista de beneficiadas por la condonación de deudas el grupo Desa, que se quedó en los últimos años con las cuatro grandes distribuidoras bonaerenses, entre ellas Edelap, que viene de dejar sin luz a decenas de miles de hogares y empresas por una explosión en su subestación de Tolosa.
La explicación oficial del crecimiento de los subsidios se ampara en el aumento de los costos de generación eléctrica, pero ese es un resultado directo de la propia política mileísta.
En primer lugar, eso se explica por el traslado al mercado interno de los precios internacionales de los combustibles, que implementó el gobierno para premiar a las petroleras de Vaca Muerta. Sumado a los mayores precios del GNL importado, genera un fuerte crecimiento del costo de la generación térmica. Otra derivación de eso, desde ya, es que llenar el tanque se volvió prohibitivo.
En segundo término, inciden los mayores precios fijados a la generación hidroeléctrica, motivadas por el proceso de privatización de las represas. En el caso del estratégico complejo hidroeléctrico del Comahue la venta incluyó un aumento en la remuneración hídrica de 11 a 9 dólares por megavatio.
Así se enriquecen los empresarios amigos del gobierno, como los hermanos Neuss, que además de quedarse con centrales hidroeléctricas compraron también distribuidoras en otras provincias y con las acciones del Estado en Transener -que controla casi todas las líneas de alta y media tensión-, concentrando participación en todos los eslabones de la cadena. Un dato adicional que acaba de sacar a la luz el portal La Política Online es que ni bien tomaron posesión de Transener se repartieron más de 250.000 millones de pesos en dividendos que estaban en la caja de la compañía.
Como pasa con este gobierno, además de insoportable es inviable. Si los tarifazos son motivo de calentura, pongamos todas las energías en organizar en todo el país una gran Marcha de la Bronca para plantearle a los trabajadores la necesidad de derrotar a Milei con la huelga general.
