En medio de una de las crisis más profundas de la historia económica y social, con millones de desocupados, precarizados con ingresos de indigencia, se torna fundamental que abramos un debate entre el conjunto de trabajadores y trabajadoras para abrir paso a una política alternativa para enfrentar la crisis, que descarte todas las versiones políticas de quienes nos gobiernan, que bajo formas diferentes, gobiernan con total impunidad para intereses sociales totalmente minoritarios, ajenos a las necesidades del pueblo trabajador.

Fernández cerró un acuerdo de pago de la deuda con enormes concesiones a los usureros. Al contrario de lo que planteo de entrada, este paso no ha producido una salida a la crisis sino que ahora viene la discusión de la deuda con el FMI, que traerá mayores ataques a las jubilaciones y a los derechos laborales. Para cumplimentar esta tarea, refuerza la represión policial, y los diques de contención para que los trabajadores no levanten cabeza, a través de las burocracias sindicales y de los movimientos sociales del trío San Cayetano junto con las iglesias, particularmente la católica.

Como un espejo de Fernández, Sáenz hizo aprobar en la legislatura provincial, por 57 a 1, con el único voto en contra de nuestro diputado, el reconocimiento sin investigación, de la deuda en dólares, que fue sobre todo un fraude como el del Fondo de Reparación Histórica que realizó la mitad de las obras publicas y sólo fue un negociado financiero para el banco Macro. Le cargan así a las próximas generaciones el peso del pago de una deuda que no debe pagarse y al contrario, debe investigarse en su totalidad. Ahora irán a las negociaciones para postergar los vencimientos, pero las exigencias de los bonistas serán enormes, tasas altas y nueva deuda para pagar intereses de la vieja.

 

Iremos a un ajuste del estado aún más brutal en la provincia que hoy ya se manifiesta en el parate de la obra pública y en la carencia de recursos para financiar a la salud pública.

Todo esto en el marco de una crisis capitalista que produjo varios miles de despidos, en la construcción, el comercio, la gastronomía y el turismo. Incluso en la puna se paralizaron varios proyectos mineros dejando más de mil obreros en la calle. Las empresas siguen, igual que el estado y con su complicidad, la línea de transferir la crisis a los trabajadores.

Planteamos: Ocupación de toda empresa que cierre o despida, no pago de la deuda provincial. Salario igual al costo de la canasta familiar y pase a planta de todos los precarizados. Impuesto a las grandes fortunas. Prohibición de despidos y suspensiones. Que la crisis la paguen los capitalistas.

Un programa para enfrentar la pandemia

Las muertes por hambre en el norte primero y el colapso sanitario después, han puesto al desnudo a todo un régimen político y social montado sobre la base de la precarización laboral, la depredación del medio ambiente, el monopolio privado de las tierras provinciales, la superexplotación de los trabajadores. En definitiva un régimen que gobierna para garantizar la tasa de beneficio capitalista en detrimento de las mayorías populares.

El despido de la ministra de Salud puso al desnudo a un gobierno que privilegia los negocios privados por encima de la salud pública. En primer lugar el negocio de la medicina privada que, como reconoció el propio Sáenz, viene saboteando a la salud pública aun en medio de una pandemia, sin que el gobierno haya obligado a clínicas y sanatorios a poner todos sus recursos a disposición bajo centralización estatal para que todos los salteños tengamos el mismo derecho a preservar nuestras vidas.

Nos estuvieron mintiendo sobre el número de casos para no parar los negocios, se negaron a hacer testeos masivos incluso a los trabajadores esenciales como los de salud. El sistema colapsa por la falta de insumos pero sobre todo por la falta de especialistas ya que el estado es incapaz de cuidar a los que deben cuidarnos. La votación de los 38 diputados oficialistas contra nuestro proyecto para testeos masivos y pase a planta en salud desnuda toda la política oficial.

La falta de financiamiento quedó de manifiesto en la falta de abastecimiento de oxígeno y otros insumos elementales como reactivos o elementos de protección personal. En este cuadro desesperante en el que nuestro pueblo ha vivido las peores tragedias, no solo no se ha afectado en lo más mínimo los intereses de los grandes grupos económicos sino que han sido los principales beneficiarios de la política oficial en los últimos 25 años. El ingenio San Isidro no paró un minuto aunque tiene 109 obreros contagiados, tampoco El Tabacal que ya acumula 4 muertos. Sáenz rechaza afectar un solo peso del patrimonio de estos grupos, única vía para garantizar el reequipamiento del sistema de Salud y un subsidio para que la mitad de la población de Salta, precarizada o cuentapropista, pueda “guardarse” en su casa sin pasar hambre.

Las caravanas y cacerolazos del pueblo de Oran precedidos de masivas campañas solidarias, donde el pueblo salió a bancar, de sus flacos bolsillos, las carencias del sistema de salud, han puesto de manifiesto el abismo que existe entre los intereses que defiende Sáenz y las necesidades del pueblo de Salta.

 

La ley de prórroga de la emergencia sanitaria sancionada esta semana, lejos de responder a la necesidad de un cambio en la política frente a la pandemia es mas de lo mismo. No centraliza el sistema de salud, ni establece un financiamiento, ni testeos masivos ni el necesario control obrero y popular en los lugares de trabajo y barriadas para garantizar el cumplimiento de los protocolos y fiscalizar el funcionamiento y los recursos para el sistema sanitario.

Es por eso que creemos indispensable abrir el debate, en los pueblos y lugares de trabajo, sobre un programa de los trabajadores ante la pandemia, que hemos presentado también en la forma de una dictamen alternativo a la ley de prórroga de la emergencia sanitaria, ley que apoyaron todos los partidos, salvo el PO.

Planteamos, en primer lugar centralizar en un mando único estatal bajo control de los trabajadores los recursos del sistema público y privado de la salud; comisiones obreras de fiscalización en los lugares de trabajo y los barrios; impuestos a las grandes rentas y patrimonios y control popular de los recursos para combatir la pandemia. Subsidio de $30000 a toda familia que no llegue a esos ingresos para que sea posible volver a la cuarentena, como hoy resulta imprescindible para frenar los contagios. Con hambre no hay cuarentena

Basta de crímenes policiales

Pasadas apenas 24 hs de la sanción de la ley de prórroga de la emergencia sanitaria, se produjo un nuevo caso, el 7° desde marzo, en el que una persona pierde uno de sus ojos por un disparo de la policía en operativos en los que supuestamente buscan cuidarnos del COVID 19.La nueva ley fue presentada cual si fuera parte de una auto crítica y de un viraje de la fracasada política oficial, especialmente porque deroga el decreto 255 luego convertido en ley 8191 , cuestionado por inconstitucional, que le dio facultades extraordinarias a la policía. Pero la ley solo reemplazó el decreto por la inclusión en el régimen contravencional de sanciones, incluso más gravosas, frente a los incumplimientos de las normas del COE ante la pandemia. Es que los superpoderes para la policía siguen vigentes bajo nuevas formas, porque el estado busca legitimar la regimentación policial no para combatir al virus, sino para la represión a las manifestaciones sociales como hemos vistos con la detención de los mineros de Mansfield que pelean por su reincorporación o los vecinos sin techo que siguen sin repuesta hace meses a sus reclamos.

Seguimos reclamando la derogación de la Ley Contravencional, la cárcel para los responsables de los crímenes de gatillo fácil y las victimas de mutilaciones por la represión policial. Los crímenes de Facundo Castro, Guri Farfán, Cristian Gallardo, David Alfonso, Nahuel Salvatierra, Martin Carreras y tantos otros no deben quedar impunes. Impulsamos la organización independiente de las víctimas y sus familiares y la participación en el Encuentro Nacional antirepresivo del 19 /9 para darle a esta lucha un alcance nacional. Decimos fuera Berni, fuera Pulleiro.

Por la independencia política de los trabajadores y una nueva dirección para los sindicatos

El régimen de Sáenz se asienta en la cooptación generalizada de políticos que fueron electos por el Frente de Todos (aun antes de asumir 10 de los 20 diputados electos por Leavy se habían pasado al oficialismo). Con Romero mantienen su sociedad política en relación a aplicar el ajuste, pero se pelean por algunos negocios con el presupuesto público y el control del aparato del estado.

La burocracia de la totalidad de los gremios, como a nivel nacional, actúan como funcionarios del gobierno y de su ajuste antiobrero y no como representantes de los trabajadores.

Los salarios estatales solo los ha defendido la asamblea provincial docente pasando por arriba de estas direcciones traidoras. Las luchas se desarrollan en buena parte de los casos por la autoconvocatoria de los trabajadores. Así la UOCRA y AOMA dieron la espalda a la gran lucha de más de cien días de los mineros de Mansfield. Poner en pie agrupamientos antiburocráticos en todos los gremios resulta de primera necesidad para golpear en el corazón de la contención social que impide que una gran parte de los explotados irrumpan con determinación en el escenario político.

La juventud y el movimiento de mujeres de la provincia han sido un motor de movilización y lucha en los últimos años, con la puesta en pie de acciones callejeras, coordinadoras secundarias y otras valientes iniciativas en torno a la defensa de la educación sexual integral, el aborto legal y otros derechos cuyo reclamo choca de frente con los lineamientos clericales que dominan la educación y la salud provinciales. Resulta de enorme valor recuperar la acción de lucha, ya que los gobiernos se encuentran reforzando el poder clerical frente a las mayorías populares para postrarlos frente al ajuste. El costo de esta política es la tortura para las niñas violadas, como está ocurriendo hoy en Las Lajitas y el disciplinamiento y control de la juventud. Derrotemos con nuestra lucha y organización, la política de disciplinamiento del gobierno.

Con el Polo Obrero y el Frente Piquetero defendemos la independencia del movimiento de desocupados para ir por todas las reivindicaciones, desde los alimentos al trabajo bajo convenio, la fundamental lucha por la vivienda, que hoy recorre todo el país y por la unidad con el resto de los trabajadores.

Hay que profundizar la iniciativa popular frente a la crisis pasando por arriba las maniobras del gobierno y de su oposición “comparsa”. Desde cada lugar de trabajo, como los mineros que mediante paros garantizaron su protocolo, como el pueblo de Orán que con su enorme movilización puso en jaque al gobierno. Abramos el debate, impulsemos auto-convocatorias, impongamos los comités obreros en los lugares de trabajo, pasemos de largo de las maniobras del régimen político responsable del vaciamiento sanitario y de la miseria social. Defendamos la asamblea provincial docente que el gobierno busca disolver o someter. Reforcemos las agrupaciones clasistas en los gremios para recuperar sindicatos para enfrentar el ajuste.

El gobierno de Sáenz que se presentó a sí mismo como una renovación del viejo régimen de Romero y Urtubey, no es más que su continuismo, que las y los trabajadores deberemos superar reforzando una alternativa política propia.

Te convocamos a organizarte con el Partido Obrero para que la crisis la paguen los capitalistas.

https://prensaobrera.com/partido/salta-se-realizo-el-plenario-provincial-del-partido-obrero/