La inflación de noviembre y diciembre, según pronostican economistas y consultoras, será superior al 3,8% de octubre, entre un 4 y un 5% mensual (El Cronista, 23/11), para llegar así a entre el 38/40 por ciento para el año, lo que supondrá un nuevo (y fuerte) golpe a los bolsillos de los trabajadores y los jubilados.

Esto, en un año durante el cual cayeron abruptamente los ingresos de los sectores populares. Por las suspensiones con fuertes descuentos salariales, aceptadas y hasta promovidas por la burocracia sindical; por los despidos masivos que no detuvo la  intrascendente disposición de prohibición establecida por el gobierno y también cuando una masa de trabajadores por cuenta propia no tuvo la posibilidad de mantener una actividad estable durante varios meses.

Esto desmiente la versión oficial de que los incrementos de las jubilaciones producto de los decretazos del 2020, que van desde el 24% de las máximas hasta el 35,2% de las mínimas, “superan a la inflación”, cuando incluso estas últimas volverán a perder alrededor de 3 a 5 puntos , que se suman al casi 20% saqueado a lo largo de 2018 y 2019.

Muestran también que el incremento del 5% en las jubilaciones para diciembre, que lleva a la mínima a poco más de míseros $19 mil, será triturado, incluso antes de cobrarlo, por los aumentos de las canastas en el último bimestre que, tomando las proyecciones de economistas y consultoras, superarían el 10 por ciento.

También cuestionando los pronósticos oficiales en el sentido de que la nueva fórmula de movilidad permitirá recuperar capacidad de compra a los haberes previsionales, el Ripte, que es el índice de incremento de salarios que quiere imponer el gobierno para calcularla, ya ha perdido contra la inflación en el trimestre julio-setiembre último (6 contra 7,4 por ciento). Esto importa porque son los primeros tres meses de este segundo semestre, que se tomarán en cuenta para calcular el aumento previsional de marzo próximo.

El golpe más fuerte

El cuadro de precios desbocados, que no paró la pandemia y que seguirá los próximos meses, golpea con mayor fuerza a los sectores con más bajos ingresos, ya que los valores de las canastas básicas que son las que miden sus consumos, han venido creciendo más que la inflación. A octubre ésta subió un 27% y la canasta alimentaria un 32%, y es de suponer que seguirá la misma tendencia.

Así, por ejemplo, el precio de la carne, un producto que, históricamente, ha formado parte importante del consumo de la familia trabajadora, “viene subiendo todas las semanas desde hace un mes” y, “en el último año, el asado aumentó 56,9% y la carne picada 62,1%, según datos de octubre de 2020 contra el mismo mes del año anterior, según el INDEC” (Página/12, 19/11).

Un dirigente empresario del sector adelantó que “habrá más subas de cara a las fiestas de fin de año, que podrían ascender hasta el 30 por ciento” y que el precio medio de los cortes llegará a $550. Y aseguró que los aumentos seguirán aceleradamente en los próximos meses.

La consecuencia directa de este golpe es que el consumo de carne ha caído en los últimos tres años casi el 20%, en promedio para el total de la población, lo cual supone que el derrumbe ha sido mucho mayor en los hogares populares. También se computa en la caída interanual de “las ventas de bebidas (-9,4%) y los alimentos de almacén, que reúne a los productos más populares, como la yerba, el arroz o los fideos, que, en promedio, sufrieron en setiembre pasado, un retroceso del 3,1% en relación con el mismo mes del 2019” (La Nación, 7/10).

Es que el ajuste ha sido fuerte también contra los salarios ya que las burocracias sindicales de todos los colores han firmado convenios por debajo de la inflación. Prácticamente ninguna de las paritarias que suscribió la burocracia llega a cubrir la inflación proyectada de este año, el sueldo del 60% de los trabajadores no supera los $29.000 y el salario mínimo, en diciembre, apenas alcanzará a los $20.600, es decir por debajo de la línea de indigencia.

Canasta casi vacía

Así, el 65% de los jubilados que ganan la mínima y todos los que cobran pensiones, al igual que los asalariados que cobran la mínima, no llegan a cubrir enteramente la canasta alimentaria. Cualquier gasto fuera de la estricta compra de alimentos queda fuera de su alcance, como medicamentos o el pago de servicios . Pero la miseria que alcanza a una cantidad creciente de hogares obreros se ve en que los que ganan el salario medio del mercado laboral, que ronda los $45.000, rápidamente caen en ese mismo cuadro de indigencia si es que deben hacer frente al pago de un alquiler.

La subsistencia de las familias obreras y de los demás sectores populares plantea la necesidad de organizarse para salir a la lucha. Por un bono de emergencia para fin de año, por la apertura de paritarias sin techo para recomponer los salarios y por un incremento de éstos y de las jubilaciones que permitan cubrir el costo de la canasta que necesita una familia obrera.

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