En medio de una crisis sin precedentes, que obligó a la burocracia cegetista a convocar a un paro de 24 horas, Menem sacó tres decretos que pulverizan los convenios colectivos de trabajo y un cuarto que avanza aún más en la desregulación y privatización de las obras sociales. El riojano puso la cara, pero la letra se la soplaron en Washington. “Compromiso cumplido”, tituló Clarín (19/12).

El primero de los decretazos plantea la revocación total o parcial de los actuales convenios, cuando el Ministerio de Trabajo entienda que “sus cláusulas se oponen a leyes dictadas después de la homologación”, o si ya estuviera vencido, si “su vigencia no reúne ya los requisitos legales y corresponde discutir un nuevo convenio” (Clarín, 22/12). Ello significa, primero, que si el Ministerio de Trabajo decide derogar un convenio, los trabajadores pasarán a regirse, provisoriamente, por la Ley de Contrato de Trabajo, “que tiene menos beneficios para el asalariado que los convenios específicos” (Clarín, 19/12), y, segundo, que los nuevos ‘convenios’ estarán a merced de nuevas leyes antilaborales o de nuevos decretazos.

Los decretos anulan la llamada ‘ultraactividad’, es decir, la prórroga de los convenios vencidos que no fueron renovados. Caro Figueroa anunció que, a partir del 15 de enero de 1997, comenzará a revisar, uno por uno, los acuerdos ‘caducos’, incluso los que fueron aprobados por el propio ministerio y que hoy están en vigencia. Los decretazos permiten acabar con los fueros sindicales y con los estatutos especiales con los que cuentan algunos gremios.

Los decretos significan, además, la eliminación ‘de hecho’ de las paritarias, ya que faculta al Ministerio de Trabajo a definir el alcance y el carácter de las negociaciones, y a “superar las propuestas de las partes” (Clarín, 22/12). Por ejemplo, si un sindicato quiere discutir un acuerdo nacional y la patronal uno sólo regional, se deberá acordar sobre aquello que integra a ambos, es decir, el ámbito regional, o sea, sólo se podrá poner en consideración aquello que quiera la clase capitalista.

Al referirse a las pequeñas empresas, que ya tienen convenios especiales a la medida de las patronales desde 1995, otro decreto señala que “los dueños podrán negociar convenios con las comisiones internas obviando la participación del sindicato nacional” (Clarín, 19/12), algo que el gobierno pretende extender al conjunto del movimiento obrero, para que “los empresarios puedan negociar directamente con las comisiones internas en las grandes empresas, aunque este paso debe ser autorizado por el Congreso (Clarín, ídem)”. Este desplazamiento de la burocracia en las negociaciones por empresa habría sido el punto en discordia con el gobierno.

Con la promulgación de los decretos, el gobierno pretende tomar la iniciativa y hacer gala de fortaleza. Sin embargo, el recurso a “los decretos de necesidad y urgencia, aunque necesarios y urgentes en este caso de la flexibilidad y la obras sociales, revelan la debilidad del presidente al no poder sacar las medidas por ley” (La Prensa, 22/12). Por eso, la gran patronal de la UIA exige que toda la reforma laboral tenga tratamiento parlamentario, es decir, salga por ley.

Los decretazos todavía no son más que un papel.