El asesinato de los dos militantes católicos de Solano, que apoyaron la lucha de los asentamientos, sigue sin esclarecerse. Los autores del crimen no aparecen, pese a que las evidencias señalan la responsabilidad de la policía de Rafael Calzada.

Nuevas denuncias de amigos y vecinos de las víctimas se suman a las ya existentes. “Mario Manuel y Manuel Melgarejo, amigos de uno de los jóvenes asesinados presenciaron cuando un policía ponía en las manos del cadáver algunos cartuchos calibre 11,25 (“El Nuevo Periodista”. 29/7). Otros vecinos “señalan que a toda hora se producen seguimientos. Los automóviles que pueden verse hasta siete veces en una hora, son un Peugeot 404 blanco, un Fiat Spazio verde y un Ford Falcon oscuro “(Idem).

La justicia hace la vista gorda pese a que los testimonios y pruebas que inculpan a personal de la policía en el episodio son abrumadores e incontrastables.

El encubrimiento de la acción terrorista de la policía, también incluye al Ejecutivo provincial cafierista. Brunati, ministro de gobierno a quien se pretende presentar como el paladín

de “la lucha contra el delito y la corrupción en las filas policiales” -cruzada a la que se ha sumado la izquierda democratizante- no ha promovido hasta el momento una sola remoción, ni tampoco ha abierto sumario contra el personal implicado, pese a que los vecinos han proporcionado el nombre de los responsables de las amenazas y seguimientos: “el oficial inspector Gómez Peralta, el inspector Martínez y su colega Domínguez y el sargento González” (ídem).

La izquierda se postra ante Brunati

Cuándo más perentoria y apremiante se hace la necesidad de dar una respuesta ante el cariz que están tomando los acontecimientos, el movimiento se halla en una impasse.

Un festival, convocado semanas atrás fue la oportunidad para que fralistas, radicales por la liberación, MTP (Movimiento Todos por la Patria) y la Asamblea Permanente se emularan en la “defensa y sostenimiento de la democracia” y la “unidad del campo popular”, sin pronunciar palabra sobre el papel del gobierno. El “campo popular” para estos izquierdistas llega hasta el propio cafierismo que viene encubriendo al aparato policial.

Los sectores católicos nuclearios en la revista “latinoamérica gaucha” se vienen oponiendo a cualquier iniciativa de movilización (boicotearon, inclusive, el festival), en nombre de no interferir la acción de los pode-res del estado. Este sector se atrevió a apoyar con todas las letras a la gestión de Brunati y a la institución policial, señalando que ésta al igual que cualquier otra no está exentada corrupción.

El periódico “Que pasa” órgano del Partido Comunista, presentó al evento como un ejemplo frentista digno de imitación. Lamentablemente este frentismo se ha revelado incapaz de organizar una lucha más o menos consecuente por el juicio y castigo, menos aún está en condiciones de abrir una nueva perspectiva para la nación y los explotados. Pero en ese espectáculo lamentable de la izquierda democratizante, hubo, sin embargo, voces disonantes. La madre de uno de los jóvenes asesinados hizo un alegato brutal contra la policía. Otro tanto ocurrió con el representante de la comisión de Dock Sud quien denunció la labor del gobierno y de Brunati, así como de la justicia, y llamó a examinar y recoger la experiencia recorrida por los vecinos del Dock que luego de una movilización persistente lograron reunir las evidencias con la participación activa del barrio e identificar y arrancar el encarcelamiento del culpable.