En la primera quincena de marzo fueron excarcelados 16 de los 17 detenidos por su intervención en el Plan Cóndor. Entre ellos quedó libre Albano Harguindeguy, jefe de policía de Isabel Perón y ministro del Interior de la dictadura militar.

 

La medida no fue tomada por un juez de primera instancia sino por un tribunal de alzada, la Cámara de Casación, máxima instancia penal del país. Conviene recordar, además, que otros 17 represores habían quedado libres durante 2005.

 

Entretanto, a comienzos de abril el Jurado de Enjuiciamiento absolvió, por seis votos contra tres, a dos camaristas chaqueños, María Beatriz Fernández y Tomás Inda, quienes con diversos artilugios legales permitieron la fuga de 10 represores detenidos por la masacre de Margarita Belén, en el Chaco, cometida en diciembre de 1976 cuando 22 militantes de las Federaciones Agrarias fueron fusilados durante un “traslado”. En este último caso, el Jurado admitió que su propia existencia no tiene sentido alguno al sostener que carece de competencia “para revisar el contenido de las sentencias de los jueces”. Hasta ahora, todos creíamos que esa era, precisamente, su función. Si no es así, ¿quién tiene esa competencia?

 

A 30 años del golpe, no hay un solo juez procesado por complicidad directa o indirecta con los crímenes dictatoriales. El santafesino Víctor Brusa, por citar un caso, no resultó imputado por estar presente en sesiones de tortura ni por torturar él mismo a detenidos, sino por atropellar con su lancha y huir después, mientras conducía borracho, a un joven nadador, hecho ocurrido muchos años después.

 

La corporación judicial tiene con los antiguos represores una vieja red de vinculaciones mafiosas. Por eso le resulta difícil condenar incluso a gerontes como Harguindeguy, un dinosaurio al borde de la sepultura, porque aquellos jueces y sus sucesores tienen con ellos una añeja asociación delictiva, de modo que uno solo de ellos, si se lo deja caer, puede voltear a muchos.

 

En cuanto al Plan Cóndor, ya se habló largamente en estas páginas de su completo reciclado, siempre bajo supervisión de la CIA, para mantener su estructura intacta y dedicarla ahora, básicamente, al tráfico de armas y al narcotráfico, y lista para reprimir como en el pasado en cuanto se le ordene. Ahí están, por ejemplo, en la Triple Frontera.

 

¿Y la Corte Suprema “progresista”, la de Zaffaroni y sus compinches, los que por orden de Kirchner convalidaron la estafa a los ahorristas y ahora los tarifazos? Bien, gracias, cobrando sus 17 mil pesos mensuales cada uno sin contar los “vueltos”.