31/01/2002 | 739

Los yanquis aceleran la crisis

Una nueva situación politica

La decisión de la Asamblea Interbarrial del 20 de enero acabó estructurando un nuevo cuadro político para el movimiento popular. En efecto, cinco días más tarde, tenía lugar el primer cacerolazo realmente nacional desde el levantamiento popular del 19-20 de diciembre. Desde el norte, en Salta, hasta Neuquén o el litoral e incluso en el centro de Mar del Plata, decenas y decenas de miles de personas se movilizaron como consecuencia del llamado de la Asamblea Popular central en la ciudad de Buenos Aires. Aunque desapercibido para los medios de comunicación, este movimiento dio lugar a las primeras asambleas populares en el Gran Buenos Aires y particularmente en La Matanza. En esta novedad ya se encuentra presente «la unidad de los piquetes y las cacerolas», del que comenzaría hablarse en los días posteriores, porque es claro que las asambleas del conurbano no pueden ser otra cosa que la fusión de los vecinos y los obreros ocupados y desocupados.


La lucha por llegar a la Plaza


Pero el cacerolazo del 25 no se limitó a copar las principales esquinas de los barrios. A pesar de la intensa presión del gobierno, los vecinos decidieron marchar a Plaza de Mayo en un movimiento francamente multitudinario, que no reculó ni cuando se desató el aguacero. El movimiento a la Plaza significa que para el pueblo en lucha sigue planteada una cuestión de poder; el problema de marchar a la Plaza se volvería a plantear en ocasión de la marcha piquetera del lunes 28. La expresión de la cuestión del poder fue la consigna que dominó la concentración en la Plaza: «que se vayan todos». El tema del «corralito», que mal que pese a los charlatanes no es otra cosa que el derecho que se adjudican los bancos y el régimen político a confiscar al pueblo, volvió a ser proyectado como lo que realmente es: como una cuestión de poder, o dicho de otra manera, como el rechazo del pueblo a las decisiones confiscatorias del poder capitalista.


Puede sorprender que tendencias como el Frenapo, que está dirigido por la pequeña burguesía y un sector de la burocracia sindical, desprecien la importancia del «corralito», pues se supone que afecta los intereses de su propia base social. Cada vez que puede, esta gente procura destacar, sin embargo, que existen problemas más importantes que la confiscación de los depósitos. Pero más allá del hecho de que esta posición obedece a que el Frenapo ha sido devaluacionista y a que apoya a Duhalde, la minimización del «corralito» responde a su oposición a plantear una lucha consecuente contra los monopolios bancarios y los pulpos acreedores, y por lo tanto a plantear la cuestión del poder. El «corralito» constituye, por otra parte, un factor excepcional de desorganización de la vida económica, con la consecuente miseria para sectores más vastos de la población. Va al centro de la cuestión de la deuda externa, porque es claro que la confiscación de los acreedores de los bancos, que son los ahorristas o depositantes, desnuda el carácter confiscatorio de la pretensión de los acreedores del Estado, que son los bancos, a cobrar integralmente sus préstamos usurarios. Las Asambleas Populares, a diferencia del Frenapo y de otros charlatanes de la misma cepa, lejos de minimizarlo, le han dado al «corralito» su verdadera proyección socio-política al reclamar la nacionalización de la banca. Es decir que para las Asambleas, la lucha contra el «corralito» plantea la reorganización política y social; es en este planteo que se refleja el crecimiento ideológico y político de la clase media, no en que sea indiferente con la confiscación económica que ejecutan los bancos. Como, por otro lado, la lucha contra los cierres de empresas, despidos y el desempleo en masa, también plantea la reorganización política y social, despreciar la lucha contra la confiscación por parte de la banca y la lucha por su nacionalización, significa privar de una salida al movimiento de los desocupados y piqueteros. La nacionalización de la banca, que debe ser realizada bajo control obrero, es la consigna de unidad política de los piquetes y las cacerolas.


Duhaldismo acorralado


El cacerolazo del 25 y la marcha a la Plaza puso fin al «período de gracia» del gobierno de Duhalde. Esto se manifestó en los comentarios políticos de los diarios del domingo siguiente, donde por primera vez se planteó que el rechazo al gobierno obligaba a convocar a elecciones nacionales. Otra manifestación de lo mismo es la aparente decisión del propio gobierno de quemar las naves y anunciar que declararía la «pesificación» completa el sábado 2 de febrero. Hasta el BID y el Banco Mundial acusaron el impacto, anunciando una liberación de créditos, por dos mil millones de dólares, por primera vez desde octubre pasado (claro que en el medio, el gobierno «nacional y popular» había pagado nada menos que 1.300 millones de dólares a 13 bancos *Ambito, 29/1*, ignorando su propia declaración de cesación de pagos y mofándose de toda la opinión pública del país). La «pesificación» consagra la confiscación de los ahorristas, esto para licuar las deudas de los pulpos locales como Techint, Alpargatas, Macri, Soldati, Fortabat, e incluso de los fondos internacionales como Exxel o pulpos extranjeros como Repsol, Telefónica o Telecom. Esta licuación favorece el repago de los préstamos a los bancos, que además se beneficiarían con un bono público por las diferencias en contra que les podría ocasionar la «pesificación». Hay que mencionar que la reforma a la carta orgánica, autoriza de aquí en más al Banco Central a canjear por dinero fresco los préstamos incobrables que tengan los bancos.


El cacerolazo del 25 modificó el cuadro de la Asamblea Interbarrial que tuvo lugar el 27: no solamente fue más numerosa sino que votó el apoyo a la movilización piquetera anunciada para el 28 y la realización de un nuevo cacerolazo y marcha a la Plaza, para el viernes 1/2. Asimismo, votó distintas recomendaciones, que tienen en común la intención de profundizar los lazos de las Asambleas populares con la población de los barrios * entre las que se destaca la defensa del hospital público, la lucha contra el desabastecimiento de medicamentos y la organización de la provisión alimentaria. Se trata de medidas que manifiestan la tendencia de las Asambleas a convertirse en una autoridad popular, o sea en un organismo de poder. El desarrollo de las Asambleas en Villa Soldati, Bajo Flores y Mataderos anuncia la intervención sistemática de los obreros y de los trabajadores en el movimiento popular de la ciudad.


La resurrección de D´Elía


El anuncio de que la FTV-CTA, que dirige D´Elía, y bastante más tarde la CCC, iniciarían una marcha piquetera el lunes 28, fue una verdadera novedad en el proceso político. La FTV y la CCC no habían protagonizado una movilización en muchísimo tiempo; el 20 de diciembre habían renunciado a participar en la que había convocado la Mesa de la Asamblea Piquetera, con el argumento de que el movimiento popular de esos días era, palabras más, palabras menos, una «movida» de los servicios, de los intendentes o de los punteros. D´Elía mantiene aún hoy esta opinión y la volvió a usar para resistir la presión a marchar a Plaza de Mayo el lunes pasado. En el intervalo, tanto D´Elía como Alderete hicieron declaraciones para delimitarse del Bloque Piquetero que integran, entre otros el Polo Obrero y el MTR, al que acusaban de perseguir objetivos desestabilizadores. En lo que sí han sido pródigas la FTV y la CCC es en las entrevistas, primero con Rodríguez Saá y más tarde con los operadores del duhaldismo y de la Concertación que maneja la Iglesia, donde recibieron repetidas ofertas, por ejemplo del gobernador Solá, para desmarcarse de otros movimientos de lucha como los docentes o estatales. La otra «pata» de la Mesa de la Asamblea Piquetera, el Bloque Piquetero, sí tuvo un protagonismo destacado, primero el 20 de diciembre, luego en la movilización del 15 de enero. En toda la etapa que sigue al levantamiento popular, la FTV como la CCC han acentuado su orientación de reducir el movimiento al reclamo de «planes Trabajar» («el millón de puestos de trabajo prometidos por Rodríguez Saá *y ratificado luego por Duhalde*, que el poder político respete a las organizaciones de desocupados y que se libere a los presos sociales. A eso, el camino le agregó otro punto: la renuncia de la Corte Suprema de Justicia (ver Laura Vales, Página/12, 29/1). O sea, nada de «nacionalización de la banca», ni tampoco de «que se vayan todos». Negociar con Duhalde, en el marco de la aceptación de la devaluación y de la pesificación, o sea de la confiscación del pueblo.


Lo que motivó la iniciativa de movilizarse, una iniciativa excepcional a la luz de los antecedentes, fue la firme intención de Chiche Duhalde, en el ámbito nacional, y de su correlato en La Matanza, el intendente Balestrini, de inaugurar un «plan social» sin la intervención de las organizaciones de desocupados. Es decir que el piquetazo no estuvo animado por una política de transformación de la actual situación, sino de defensa de los «compromisos adquiridos». El conjunto de la crisis era ignorado, incluso cuando arrecian los cierres de empresas y los despidos. A esto hay que incorporar un fenómeno adicional: el total y completo fracaso del Frenapo por controlar las Asambleas de la Capital. Para De Gennaro y la CTA, la «unión de los piquetes y cacerolas» no es lo que entiende el ciudadano corriente, o sea un movimiento conjunto de lucha para recuperar el dinero que los bancos han confiscado, nacionalizar la banca, cesar el pago de la deuda externa, prohibir despidos y subsidiar a los desocupados, sino que es poner a las Asambleas Populares detrás del Frenapo y de una nueva coalición de centroizquierda. El reclamo de los 380 pesos y 60 por hijo para los jefes de familia desocupada, sigue siendo un planteo parlamentario, no de acción directa; cuando se recurre a ésta es para reclamar otra cosa: los «planes» de 200 pesos. Aunque afirman abogar por la «unión de piquetes y cacerolas», su programa demuestra que el Frenapo y, en general las direcciones de la FTV y la CCC, pretenden mantenerlos separados y por sobre todo impedir que fructifique como una alternativa de poder. No casualmente, un referente tan importante del Frenapo y de la CTA, como Alberto Piccinini, se separó de los miles de personas que protagonizaron un cacerolazo y asamblea en Villa Constitución, para protagonizar su propia misa con menos de 300 personas.


Las contradicciones del piquetazo


La marcha piquetera fue multitudinaria; la mayor desde el corte de la ruta 3 en noviembre del 2000. En el trayecto, las asambleas populares confraternizaron con los piqueteros. Quedó de manifiesto, luego del cacerolazo del 25, el ascenso de masas en todo el país. Incluso fue muy fuerte la movilización del Bloque Piquetero desde la zona sur, si se tiene en cuenta que tuvo que ser improvisado para poder apoyar al piquetazo de La Matanza y la resolución de la Asamblea Interbarrial del 27. No estuvieron presentes el movimiento que encabeza Castells ni la Aníbal Verón. La envergadura del ascenso popular que enmarcó el piquetazo se está manifestando en este momento en el norte de Salta, donde miles de compañeros están cortando la ruta de General Mosconi y de Tartagal.


Pero el piquetazo volvió a revelar la crisis política del movimiento piquetero, cuando D´Elía y Alderete pretendieron finalizar la marcha en Congreso con los mismos argumentos oficialistas que vienen usando desde el comienzo de la rebelión popular: o sea el acecho de los provocadores. Pero la verdadera razón es que tienen absolutamente decidido evitar la confrontación política con el gobierno de la «burguesía nacional», es decir de los Techint and company, el gobierno que «pour la galerie» ataca al modelo neoliberal, mientras procede a una devaluación masiva ordenada por el Tesoro de los Estados Unidos y el FMI. La marcha finalmente llegó a la Plaza como consecuencia de la rebelión de las asambleas populares que se encontraban en Congreso y de una considerable masa de militantes y dirigentes de la CCC. Pero apenas se quedaron frente a la Rosada un cuarto de hora.


D´Elía y Alderete han logrado que los reciba Duhalde, pero se trata de una piadosa recompensa. En el plan que se apresta a anunciar Duhalde se consuma la expropiación del pueblo y nuevos golpes para las masas, toda vez que la «flotación cambiaria» significará sin duda un incremento excepcional de la carestía. Obviamente, no hay lugar aquí para la masa piquetera. Es seguro que el gobierno tiene interés en cooptar a las direcciones piqueteras, pero es mucho menos seguro que para ello renuncie al control de las masas por sus propios punteros en beneficio de las organizaciones de desocupados. La política de la FTV-CCC no va a ningún lado, es una política de derrota, que está en abierta y total contradicción con el ascenso popular.


Los anuncios que se prevén para el sábado no abren ninguna salida al régimen. La «patria contratista» quiere ser «pesificada» 1 a 1, mientras a los ahorristas le darán 1,4, pero sin abolir el «corralito», esto por temor a que se desencadene un corrida cambiaria. La confiscación de los ahorristas ni siquiera se puede calcular, porque para eso habría que conocer la cotización del dólar cuando se liberen los depósitos; al cambio actual es del 30%. A los bancos, por su lado, se los compensaría con un bono por la diferencia entre depósitos y préstamos, aumentando en forma exorbitante la deuda pública. Mientras tanto, sigue sin definir la deuda externa y la deuda provincial con los bancos. La banca local exige que se respete el canje de Cavallo, que le asegura la intangibilidad de los 50.000 millones de dólares que ahora figuran como préstamos al Estado, en brutal contraste con el trato que reciben los ahorristas. El conjunto de este programa agrava la quiebra del Estado, la cual no podría ser remediada por un préstamo internacional debido a que la finalidad de éste es respaldar la intervención del Banco Central en defensa del peso y de ningún modo pagar la deuda externa. A todo esto se suman las divergencias entre la parte local y exterior de la reestructuración de la deuda externa.


Elecciones, otro salvavidas


La madeja de contradicciones que se encuentra aprisionada por la crisis y la manifiesta incapacidad del Estado para imponer un arbitraje compulsivo entre los intereses en pugna demuestra que no estamos ante una crisis económica que podría manejarse con un plan económico, sino que estamos ante una disolución de las relaciones capitalistas fundamentales y de toda la superestructura que está montada sobre ella. En esto consiste el carácter revolucionario de la situación, una vez que se considera la respuesta excepcional que están brindando las masas. Las próximas medidas agravarán este panorama, acentuarán las luchas populares y la crisis política. La oportunidad de un rescate del imperialismo aún no ha llegado, porque para que sea efectivo es necesario que, primero, la situación se vuelque más o menos decisivamente o por lo menos claramente, hacia alguna de las fracciones fundamentales de la burguesía, que además pueda dominar y derrotar al movimiento popular.


La perspectiva de este agravamiento extraordinario de la situación explica el surgimiento del planteo de llamar a elecciones, o sea de declarar superado al duhaldismo y promover una nueva coalición política, pero ahora apoyada en el voto popular. La remoción del duhaldismo también serviría a una especie de política de recambio permanente, que facilite, mediante la continua degradación económica, la liquidación de los ahorros bancarios. Semejante evolución amenaza, sin embargo, con provocar un contagio económico y político internacional, en primer lugar, Brasil y España. Los partidarios del llamado a elecciones, en el campo oficial de la burguesía, ven la ventaja de que ellas podrían introducir una diferenciación política en el movimiento popular, que separe a los más moderados de los combativos. A esta expectativa obedece el giro de la prensa, que ha comenzado a decir que la organización está suplantando a la espontaneidad, con lo que se pretende trazar una línea de delimitación y de enfrentamiento con las fuerzas «organizadas». Anunciar anticipadamente una fecha para las elecciones, en lugar de que ellas tengan lugar en medio del derrocamiento del gobierno, podría ser útil para trazar una salida «popular» al régimen y dar tiempo para el realineamiento de fuerzas en los partidos tradicionales.


La salida electoral, limitada al Poder Ejecutivo, es claramente una operación cosmética para el régimen, que mientras tanto seguiría aplicando su plan económico. Algo distinto sería que se las convocara para todos los poderes del Estado, tanto en la nación como en las provincias y municipios. Pero aún esta alternativa serviría para neutralizar la cuestión de la reorganización del país sobre nuevas bases y concentrar la atención ciudadana en el único punto del recambio del personal político. Incluso si fuera obligado participar en una convocatoria electoral amplia, es necesario con todo denunciarla por sus limitaciones y finalidades, y abogar por la convocatoria de una Constituyente libre y soberana. Es que está planteada la liquidación del presente régimen político en su conjunto, no a partir de ésta o aquella opinión sino de la propia crisis, que se caracteriza por la disolución de la organización capitalista de la sociedad.


Plan de lucha de los piquetes y cacerolas


La unión de los piquetes y cacerolas cobra una gran relevancia con motivo de la convocatoria a una Asamblea Piquetera Nacional por parte del Bloque Piquetero, el 16 de febrero. La Asamblea Interbarrial ya ha prometido concurrir. El Bloque reivindica el programa que asegura esta unidad, porque plantea la nacionalización de la banca, el no pago de la deuda y el control obrero. De la Asamblea puede partir una vigorosa ofensiva de organización de Asambleas Populares en las barriadas piqueteras, lo cual dará al conjunto de éstas una dirección obrera. La experiencia del piquetazo del lunes 28 señala también que esta unión puede suplantar a las CGT en la convocatoria de huelgas activas, en especial si esa unidad integra a sindicatos, regionales y cuerpos de delegados combativos.


El cacerolazo del próximo viernes pondrá a prueba las tendencias que han surgido en esta última semana, en especial las pondrá de cara a las medidas que se anuncian para el fin de semana. El pueblo ha derrocado a dos gobiernos, pero todavía está lejos de una victoria. Por eso está claro que no hay que bajarse del caballo. Con cacerolazos los viernes, asambleas durante la semana, piquetazos y manifestaciones, huelgas y cortes de ruta, hay que derrotar a los confiscadores y llamar a una Constituyente para reorganizar al país sobre nuevas bases.

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