De todos los Estados que integran el bloque imperialista, el norteamericano fue el único que reclamó en forma consistente la devaluación del peso y la declaración de la cesación de pagos de toda la deuda argentina. La exigencia fue formulada por primera vez por Claudio Loser, un capitoste del FMI, en la reunión del Fondo que tuvo lugar en Santiago de Chile en marzo pasado. La banca europea, y en particular la española, resistió sistemáticamente la una y la otra. De la Rúa y Cavallo defendieron la posición europea y hasta pergeñaron un canje de deuda externa en beneficio de la banca con inversiones locales. Rodríguez Saá los siguió por este camino. Duhalde, en cambio, ejecutó la devaluación y entró en choque con la banca europea. Como dice la corresponsal de Clarín en Washington (10/1): “El Fondo está totalmente de acuerdo con las dos medidas más importantes anunciadas hasta ahora: la devaluación y la cesación de pagos”. En esta medida, el golpe de Estado de Duhalde ha empalmado con la posición del Tesoro norteamericano y con los intereses de la banca yanqui.

Pero Duhalde procedió a la devaluación en función de los intereses de la burguesía argentina, que procura una licuación de su deuda bancaria local y de su deuda financiera con el exterior. El artículo 6 de la ley de superpoderes lo autoriza a actuar en esa dirección. Para compensar a los bancos por una reducción de las deudas empresarias, la ley autoriza al gobierno a contraer un préstamo en el exterior. También lo autoriza a cambiar el régimen monetario, lo que permitiría emitir unos 3.000 millones de pesos. Asimismo, puede gravar las exportaciones petroleras, aunque este recurso quedó anulado luego de una negociación que prevé un anticipo de impuestos de 1.400 millones de dólares, a cargo de los pulpos del sector. También al rescate de la “patria capitalista” podrían ir los 5.000 millones de dólares que el Banco Central podría obtener de la compra de dólares en el mercado oficial, a 1,40 pesos, y su venta en el financiero, a 1,80 o 2,00 pesos.

El interés del Tesoro norteamericano no pasa, claro, por el salvataje de la burguesía local. Pasa por una mayor penetración financiera y comercial en Argentina. Para eso reclama, de un lado, una reestructuración de toda la deuda externa, incluida la local ya canjeada, con quitas del 50%. Esto significaría un golpe, quizás mortal, a los bancos europeos y españoles, y al Galicia, porque tienen el mayor porcentaje de la deuda que sería afectada. Acabaría también con los bancos Ciudad y Provincia, que tienen una elevada proporción de títulos de la deuda en su cartera. La cuestión de qué hacer con los 60.000 millones de dólares ya canjeados de la deuda externa, y con los 10.000 millones de la deuda ya canjeada con las provincias, es el mayor punto explosivo que puede acabar con el gobierno de Duhalde.

Pero el Tesoro también reclama un cambio flotante, o sea una maxima devaluación, que también tendría como consecuencia el derrumbe del sistema financiero local. Con un cambio alto Argentina incentivaría inversiones internacionales, principalmente norteamericanas, destinadas al mercado de exportación, inclusive el de Estados Unidos, que también disputaría a los europeos el mercado brasileño. El gobierno Bush condiciona el otorgamiento de un préstamo internacional a la Argentina, a la adopción de un mercado de cambios libre.

El planteo norteamericano no es ajeno al de una fracción del Grupo Productivo. El economista Eduardo Curia, vocero empedernido de estos intereses, está realizando una campaña a favor de la maxidevaluación (La Nación, 8/1 y Cronista, 9/1), en representación de los intereses exportadores locales. Una maxi devaluación obligaría definitivamente al Estado a hacerse cargo de la deuda de la burguesía local. Es posible que el planteo de Curia se encuentre respaldado por el grupo Techint.

El gobierno de Duhalde se encuentra frente a la terrible tarea de arbitrar entre estos intereses, norteamericanos, europeos y locales, en el marco de una situación extrema. En el otro polo están las masas. La previsión de una caída de la producción de otro 8% en el 2002 y una desocupación que puede llegar al 60% de la población activa, delinea una violentísima agudización de la lucha de clases y de la crisis política.