El director del Banco Nación, Claudio Lozano, no evitó meter bocado en medio del cruce al Presupuesto 2022 confeccionado por el ministro de Economía Martín Guzmán, y dijo que “no tiene ninguna novedad en materias de política social”. Así, sin cuestionar que es un cheque en blanco para subordinarse a un acuerdo con el FMI, se limitó a plantear la implementación de un “Ingreso Universal” para que “ninguna familia en el país esté bajo línea de indigencia”. Es decir que no propone siquiera un salario mínimo igual a la canasta básica familiar, sino un monto escueto que a duras penas pueda resolver las necesidades alimentarias, como si las familias trabajadoras no necesitaran viajar, vestirse o recibir atención médica. Es una expresión del papel miserable que desempeña la centroizquierda integrada al Frente de Todos.

Lo que el funcionario señala es que haría falta “solamente un 2% del PBI” para garantizar su propuesta de un Ingreso Básico Universal (IBU). Pero la renta universal no viene a solucionar el hambre y la miseria, mucho menos a modificar las condiciones de informalidad laboral y los salarios de pobreza. Más bien todo lo contrario. Se trata de la pretensión explícita de armonizar las enormes urgencias populares con el avance del ajuste fondomonetarista que las profundizará. Basta con decir que esta propuesta no es novedosa; sino que se implementa ya en varios países del mundo y tiene adeptos en el país como Eduardo Duhalde. La renta universal es incluso reconocida como “un instrumento de igualdad” por el propio Fondo Monetario y el capital financiero, es decir, por los mismos que reclaman la profundización del ajuste y arbitran toda la economía nacional. Esta política le ofrece migajas a la gran masa de desocupados y hambrientos de todo el país sin alterar el esquema económico, a la vez que avanza en el tópico de unificar el gasto social.

Esta misiva actuaría además como un subsidio indirecto a las patronales. Dentro de la propia lógica capitalista, la renta universal le permitiría a las mismas desentenderse de remunerar una buena medida de la fuerza de trabajo, que sería compensada con este ingreso. Así el empresariado podrá seguir pagando salarios de pobreza, a la par en que se mantiene una “reserva” desocupada de los trabajadores que les sirva para tensionarlos todavía más abajo y las habilite a avanzar hacia una mayor flexibilización laboral. Es una cuestión simple. Si predomina el desempleo, un trabajador tiene menos margen para discutir sus condiciones laborales o su salario, porque la enorme urgencia social le garantiza a los patrones que encontrarán con facilidad a otro empleado dispuesto a acatar sus condiciones. La posada preocupación por “la pobreza y la indigencia” de Lozano es una vía indirecta de avance de los principales fundamentos de la reforma laboral.

Esto explica los buenos ojos con que el FMI o el Banco Mundial contemplan la medida. Naturalmente, una salida genuina para el desempleo, la precarización, la informalidad y la miseria está en la vereda contraria. Desde el Frente de Izquierda – Unidad levantamos, en contraposición a la redistribución de la miseria que trae como “novedosa” Claudio Lozano, el planteo de repartir las horas de trabajo sin afectar el salario. De romper con el FMI y dejar de pagar la deuda externa a los titanes del ajuste que celebran su designio, y volcar el ahorro nacional a un necesario plan de urbanización y obras públicas que permita también emplear bajo convenio a miles de trabajadores en el país. Llevar el salario mínimo al costo de la canasta básica familiar, hoy en $70.000. Es parte de un programa para refundar el país sobre nuevas bases sociales, donde sean los propios trabajadores quienes dirijan la economía nacional. Muy en las antípodas de la pretendida “preocupación” del funcionario, tras la cual se escuda la supeditación nacional a las directivas del FMI.

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