Cuando comenzó el conflicto agrario, Claudio Lozano y Proyecto Sur se pronunciaron en favor del derecho del Estado a capturar la renta agraria (calificada por ellos de bien público) por medio de las retenciones a las exportaciones, aunque cuestionaban su “destino”. A medida que pasaron las semanas, Lozano descubrió la presencia de una “nueva clase media agraria” (la “única burguesía nacional realmente existente”) y se olvidó del patrimonio público de la renta del suelo. Desde la defensa de los intereses de la burguesía sojera, Lozano terminó votando contra la resolución 125.

Con Aerolíneas, Lozano está haciendo lo mismo, pero al revés. Cuando comenzó a discutirse la “reestatización”, Lozano criticó el “rescate de Marsans”. Fue más lejos que Pinedo o Carrió: pidió la quiebra, aunque, en su caso, “con continuidad”. Pero como el otorgamiento de la continuidad en una quiebra es facultad del juez (cram down) y no del legislador, el procedimiento habilitaba la intervención de capitales privados que exhibieran capacidad para asegurar el funcionamiento de la aerolínea.

La novela terminó como en el caso del “campo”: después de caracterizar al proyecto oficial de “mamarracho” a pocas horas de la votación en Diputados, Lozano votó con el gobierno la seudo reestatización de Aerolíneas. La contribución de Lozano en este caso sirvió para disimular el aspecto más grosero del proyecto Marsans-Jaime (que el Congreso ratifique un acuerdo privado con Marsans). La media sanción obliga a un acuerdo con Marsans sin necesidad de actas, puesto que solamente habilita al Estado a comprar las acciones en manos de los españoles, lo cual lleva a una negociación del precio.

Admite el ingreso de capitales privados hasta el 49%, mientras el Estado carga con los subsidios al funcionamiento. Lozano arguye en su defensa que la tasación la hará ahora un organismo oficial -como si esta condición lo inmunizara a las presiones e intereses capitalistas-, y que el desenlace o resultado de este nuevo procedimiento estará condicionado a una aprobación del Congreso, como si el Congreso fueran él y Macaluse.

El ex socio de Chacho Alvarez, Ibarra y Heller se tomó a pecho lo de la “parlamentarización” del régimen político, que por otra parte considera como una de las principales conquistas nacionales y populares del lock-out sojero. Lozano marchó junto a Yasky, un notorio agente del gobierno y defensor del acta firmada con Marsans, para apoyar lo que será un aborto de estatización. Lozano está buscando una construcción política sobre la base del protagonismo parlamentario, incluido el vedetismo, pero no sobre la base de una posición independiente de las jaurías capitalistas que dominan el país.