El traspaso de la Caja de Jubilaciones se ha transformado en el eje de la ofensiva del gobierno. Forma parte de un pacto más general, que contempla la liquidación del régimen de licencias y la rebaja de los índices por zona de la docencia, la rebaja de los aportes del estado a la Salud (el gobierno, desde hace más de 6 meses, retiene los aportes que hacen los trabajadores a la misma) y la jubilación anticipada de 10.000 trabajadores.

El propio bussismo ya ha anunciado despidos de empleados, un mayor endeudamiento del estado y el pago de los sueldos con bonos. Bussi fue aconsejado por Cavallo a seguir el camino de Córdoba y Salta, que directamente han reducido los salarios y han absorbido un sueldo completo como contribución de los trabajadores a paliar el déficit provincial.

Este paquete ha sido pactado entre Ortega y Bussi, en la designación de funcionarios y el compromiso de Bussi de que los actos del gobierno de Ortega no serán revisados ni investigados (todos los días salen a la luz pública negociados como el de la privatización de DIPOS o del Banco Provincia, que quedara en manos de la mafia cubana del Halmintong Bank, perteneciente a los gusanos de Mas Canosa).

Los trabajadores

Debido a los atrasos en los pagos de los salarios y del aguinaldo, los trabajadores estuvieron casi permanentemente de paro de brazos caídos y en algunos casos, aplicaron medidas parciales más radicalizadas, como los cortes de rutas y manifestaciones. Los burócratas sindicales se las han arreglado para evitar un plan de lucha de conjunto; luego del paro del 6 de setiembre, un sector de la CGT, junto con gremios vinculados al MTA, conformó la  CGT ‘auténtica’, que se propone impulsar la campaña de Ortega presidente. El otro sector (más menemista) conformó una comisión de Enlace con la Asamblea de Trabajadores (CTA).

Ni los oficialistas ni los ‘opositores’ a Ortega, han tomado la bandera de defender la Caja, e incluso ATE ha declarado “que es un hecho consumado”. El lunes, sin embargo, a pesar del impresionante dispositivo de seguridad, los trabajadores de Previsión Social volvieron a movilizarse, impulsados por su Cuerpo de Delegados y los jubilados, impidiendo que la legislatura pudiera sesionar. Al día siguiente, una concentración de la Asamblea de Trabajadores, para reclamar por el aguinaldo y el pago de setiembre, se dio con la sorpresa de que numerosas reparticiones se hacían presentes (Dirección del Agua, Secretaría de Trabajo, Hospital Obarrio —ATSA, Previsión Social, etc.), impulsadas por delegados de base, en algunos casos desbordando a sus sindicatos, que no pertenecen a la A.T. —y reclamando un plan de lucha. En esa concentración, la dirigencia de la Asamblea de Trabajadores no sólo impidió que hablaran delegados de base, sino que no planteó ninguna medida para coordinar la lucha, ya sea por la Caja o por el salario.

Perspectivas que se abren

A pesar de las limitaciones de la resistencia popular, el gobierno se está viendo en figurillas para sancionar el paquete. A punto de vencer el actual período de la actual legislatura, trascendió que ésta llegaría a reunirse en algún hotel del cerro San Javier, pero esto provocó que el IPSS fuera ocupado. En todo este proceso se ha ido diferenciando un sector de delegados y activistas que se han esforzado por abrir un rumbo independiente a la lucha. En consecuencia, el paso más crucial e importante es que toda esa vanguardia se dote de un programa para la dirección de los trabajadores.