En los primeros días de diciembre de 2009, más de 100 familias habitaron las casas aún en construcción de la segunda etapa del barrio Plan Federal II.

Los recortes presupuestarios de los K y de los Scioli, sumado al crecimiento de la especulación inmobiliaria (respaldada por una fuerte política en la actividad turística, por parte del gobierno municipal, el intendente M. A. Lunghi y sus concejales (UCR), ha llevado al límite el problema habitacional.

Es por ello que estas familias trabajadoras se han visto forzadas, por la suba de los alquileres de un más del 100 por cien y por el incremento de las tasa municipales, a tomar posesión de estas viviendas.

Durante este proceso se fue conformando la Comisión de Toma y Posesión, integrada en un primer momento por los mismos vecinos del barrio. Dicha comisión tuvo que enfrentar una tentativa de copamiento por parte de punteros del Movimiento Evita y el Partido Socialista (PS) que intentaron desviar la lucha hacia pretensiones carreristas, mediante sus estrategias de oportunismo punteriles, patoteando a los mismos vecinos que habitaron las casas y que discrepan de los métodos clientelistas.

A partir de las divergencias entre estas agrupaciones y los vecinos, es que la Comisión de Toma y Posesión quedó fragmentada en dos. Por un lado, el Movimiento Evita-PS y, por otra parte, los vecinos.

Luego de generarse esta división, comenzaron a suscitarse amenazas telefónicas seguidas por hechos de violencia, orquestadas por la facción de la organización K y socialista.

A la esposa del referente de los vecinos independientes, le incendiaron su auto. Una semana atrás, otro fue golpeado en la cara por un miembro de la patota K, en plena Asamblea Vecinal. Paralelamente, 50 familias ocuparon las casas sin finalizar del barrio Smata, que tienen un parate desde el año ‘97, y con adjudicatarios inscriptos en los años ‘73-’74. En este caso, desde la burocracia sindical se lanzó una denuncia penal buscando el desalojo de los mismos; el municipio, por su parte, no les habilita la llegada del agua y la luz, en plena connivencia con la burocracia sindical. Con el desalojo, el sindicato espera una reactivación y un nuevo negociado, vendiendo nuevamente los planes de vivienda.

Frente a este panorama, el PO junto a los vecinos luchamos y exigimos:

• Repudiamos cualquier intento de desalojo o apriete por parte de las autoridades municipales.

• Adjudicación inmediata de las viviendas y terrenos a las familias que tomaron posesión.

• Reactivación inmediata de la construcción de las viviendas bajo control de los trabajadores.

• Impuestos a la especulación inmobiliaria y aumento del impuesto rural.

• Por un plan de 5.000 viviendas populares.

• Por la apertura del plan Argentina Trabaja.