En la Patagonia sobra la tierra y falta población. Sin embargo, el problema del acceso a la tierra y la vivienda es tan agudo como en las zonas superpobladas del mundo. A esto se agrega el desconocimiento en la práctica del derecho a la tierra de los pueblos originarios.

Villa Mascardi es un ejemplo reciente de que las extensiones de tierra pueden pertenecer a cualquiera con dinero suficiente como para manejar a su antojo la Justicia y su fuerza represiva, esto en contra de quienes reclaman su derecho territorial preexistente a la propia Nación Argentina. Allí fuimos testigos que no hace falta una Patricia Bullrich para montar una represión al pueblo mapuche. El gobierno del Frente de Todos sigue los pasos de Bullrich.

En Santa Cruz se invisibiliza la lucha de los pueblos originarios que están peleando por un río glacial libre sin represas, pero también por mantener sus territorios y santuarios intactos. El Estado nacional y provincial, junto a los capitales chinos asociados a Electroingeniería, están removiendo restos arqueológicos de gran valor histórico para llevarlos a kilómetros en donde serán exhibidos al estilo europeo en épocas coloniales. Ya que el lugar donde se encuentran será inundado cuando estén terminadas las megarepresas en el río Santa Cruz.

En Río Gallegos y Caleta Olivia han sido habituales la constitución de asentamientos luego “legalizados”, en la periferia de las ciudades, que luchan durante décadas por acceder a los servicios.

Otro es el caso del Chaltén donde no hay alquileres, los salarios son bajos y no se entregan terrenos fiscales. En ese cuadro los y las vecinas tomaron un predio para poder armar sus precarias casas donde vivir con sus hijos y exigir la entrega de terrenos.

San Julián: el Barrio Popular Patagonia Argentina

En la capital provincial de la minería que es Puerto San Julián, en plena pandemia y con todo lo que ésta generó arrastrando a familias a la calle, unas 48 familias espontáneamente se asentaron en marzo de 2021 en un predio con construcciones a medio terminar. Esta obra fue parte del plan “Más Cerca” de la época de CFK, el que quedó paralizado por el escándalo de la corrupción con José López revoleando bolsos en un convento.

Desde el primer momento las familias buscaron soluciones en la Intendencia a cargo de Daniel Gardonio, que a su vez es el presidente de la UCR provincial, quien los trató de delincuentes cerrando la posibilidad de cualquier salida inmediata al conflicto. El intendente solo se dedicó a denunciar en la Justicia a los vecinos y montar una campaña de odio hacia los vecinos.

Las y los vecinos recorrieron cada despacho y oficina de los legisladores municipales, provinciales y nacionales. Llegaron a elaborar un proyecto de ley el cual fue presentado en la oficina del Iduv, la legislatura, desarrollo social provincial, en el Concejo Deliberante y cada lugar donde fueron.

La diputada por el pueblo, hoy perteneciente al SER -antes fue del Frente de Todos-, les dijo que como no lo elaboró ella no lo apoyaría, y que para cualquier expresión de solidaridad debía consultar con su abogado. La senadora Belén Tapia UCR hizo declaraciones radiales con una postura acorde a su partido y no recibió a ninguna vecina en su despacho. El FdT, con sus funcionarios provinciales y en particular los municipales, se pusieron del lado del dedo acusador radical, entre ellos Gustavo Álvarez el más cercano según sus dichos a la gobernadora Alicia Kirchner. Entre el FdT y la UCR a la hora de perseguir a los vecinos no hay grieta.

El municipio en todas sus carteras tiene la misma orden; persuadir, instigar, perseguir y amenazar a cada integrante del Barrio Popular Patagonia Argentina. Llegan a amenazar a madres solteras con quitarles a sus hijos, buscar a los padres biológicos para entregárselos, poner a las infancias al cuidado de familias de abrigo, esto es básicamente en la Secretaría de la Niñez. En Desarrollo Social se les ofrece pasajes para que vuelvan a sus lugares de origen, aun sabiendo que residen en la localidad alrededor de una década, otra cosa que se les ofrece es pagar un alquiler por tres meses, algo que no se consigue.

A la generación nacida en la localidad que es parte del barrio y tienen o tenían una relación laboral con el municipio se los persiguió hasta que la mayoría se tuvo que retirar del predio. El que no aceptó, bajo cualquier excusa fue desvinculado del municipio, por más que la relación era tan precaria y en negro que se les pagaba $200 la hora, sin ningún derecho laboral.

La Secretaria de Diversidad y Género realiza su trabajo a pedido del municipio, al parecer la violencia institucional no está dentro del largo listado de tipos de violencias que sufren las mujeres y diversidades. Les aconsejan a las vecinas salir por voluntad propia ya que son pasibles a denuncias “federales” y que llegado el momento Gendarmería las reprimiría.

El predio está ocupado por más de 50 infancias y 50 adultos (4 embarazadas), a las que el intendente quiere desalojar por la fuerza, logrando que el juez Pío Pala haga lugar a una cautelar el 21 de septiembre notificando 7 días después a los vecinos que tienen hasta el 26 de octubre para salir pacíficamente o ser desalojados por la fuerza.

En estos 18 meses se han logrado conquistas y el esfuerzo de los vecinos ha permitido realizar techos, instalaciones y mejoras transformando algunas paredes en precarios hogares. Se logró en los últimos meses un fallo judicial para habilitarles los servicios básicos por parte de la jueza de familia Mardones. El primer año vivieron sin esos servicios pasando uno de los inviernos más crudos llegando a temperaturas -10°C.

A los vecinos no se les ofrece nada más que represión, en una localidad cuna de la minería de oro y plata de la provincia, mostrando que la extracción de los recursos naturales no trae prosperidad para las familias que decidieron vivir en esta provincia. El saqueo garantiza negocios para unos pocos y cumple con las exigencias del FMI en la entrega de la soberanía.

Los vecinos del BPPA con su organización independientes de los partidos burgueses están luchando contra la amenaza de desalojo. Han logrado instalar su reclamo en los medios masivos y la firma de más de dos mil pobladores de San Julián. Esta campaña que ha contado con la solidaridad activa del Partido Obrero, pronunciamientos del Congreso de Adosac y de otros sectores, ha logrado un triunfo con la postergación de la fecha del desalojo al menos hasta el 15 de noviembre. Es un primer paso para avanzar con el proyecto de finalización de obra y con la inclusión del barrio en el Renabap, de modo de asegurar un encuadre legal a futuro.

Apoyemos este ejemplo de lucha y resistencia por una vida mejor, por trabajo genuino, por la vivienda digna, por un futuro para sus infancias.

¡Tierra y Vivienda para todos!