La jornada de movilización por Lucía, que incluyó una hora de paro en medio de innumerables iniciativas de lucha, ha vuelto a colocar a la cuestión de los femicidios en el centro de la agenda nacional. Pero al mismo tiempo, puso de manifiesto que la violencia de género se entronca con una descomposición general del Estado, donde la mujer es víctima principal de un entramado de mafias delictivas, corporaciones capitalistas que lavan el dinero de aquéllas, de aparatos policiales y de sus jefes políticos. En el caso de Lucía, la red de complicidades con los criminales llega al propio gabinete municipal, que les facilitó abogados defensores y, según se sospecha, la posible adulteración de pericias forenses. La consigna que señala que el “Estado es responsable”, y que nuestras compañeras han levantado invariablemente en las marchas por #NiUnaMenos, aparece acá con doble significación. Por un lado, con un Estado amparando -y formando parte- de la cadena femicida. Del otro, negando recursos y asistencia a las víctimas. En la Ciudad de Buenos Aires, el teléfono gratuito de denuncias -0800 Mujer- sólo recoge la mitad de los llamados que ingresan, ¡por falta de personal! La ola de femicidios, y su conexión con las redes de trata amparadas por el Estado, convierten en farsa las pretensiones de “paridad de género” que los partidos del régimen se aprestaban a votar en la tarde este miércoles, para enmascarar a una reforma política reaccionaria y ocultar la abierta complicidad de todos ellos con quienes privan de derechos -e incluso de la vida- a las mujeres.

                                                              

Crisis de inseguridad

 

La jornada por Lucía se produce cuando la complicidad de los aparatos de “seguridad” con el crimen organizado se ha convertido en material cotidiano de la gran prensa. Por caso, la descripción de los vínculos de la Bonaerense con la droga, el juego y la trata de personas se ha convertido en el material preferido de los columnistas de La Nación y de varios canales televisivos. Pero el reconocimiento de esta connivencia, que nosotros hemos denunciado desde siempre, tiene sin embargo un objetivo encubridor: quieren cortar la cadena de complicidades que siguen “por arriba” de las fuerzas represivas (usan la acusación a la policía para exonerar al poder político) y presentar al régimen político y al propio gobierno como una víctima de esa descomposición. De ese modo, ocultan, por ejemplo, que Vidal debutó pactando la “seguridad” con la cúpula de la Bonaerense y con sus viejos jefes sciolistas -Granados-, ello, como parte de un acuerdo de gobernabilidad más general con los intendentes y punteros pejotistas del conurbano. Esta sociedad ni siquiera se desarmó después de la escandalosa triple fuga de los Lanata-Schillaci, que sólo dio lugar a algunas destituciones de mandos locales. La asimilación de las viejas mafias policiales al gobierno es un resultado de la “coalición del ajuste”, y no sólo en Buenos Aires: también forman parte de ese acuerdo los Manzur-Alperovich o Insfrán, antiguos socios de las mafias capitalistas asociadas a las redes de trata, el juego o el acaparamiento de tierras. 

 

Los supuestos campeones de “la transparencia” o el “control de fronteras” no romperán lanzas con quienes están ajustando a los maestros y estatales del interior, o fogonean las reformas laborales antiobreras contra los petroleros o los obreros azucareros. Lo mismo vale para el “socialismo” santafecino respecto del juego y de los puertos privados, los grandes canales para el narcolavado y el tráfico de drogas. Ni qué decir del megablanqueo de capitales, que los partidos “preocupados por la inseguridad” han votado unánimemente en el Congreso, en favor, entre otros, de los que fugaron fortunas amasadas con el delito. 

                                                                              

Manipulación oficial, reacción popular

 

A despecho de todo lo anterior, el gobierno manipula la crisis de inseguridad para promover un reforzamiento represivo y un mayor control social sobre las barriadas. Con ese objetivo, ha trasladado efectivos federales y gendarmes de las fronteras al conurbano, mientras introduce el debate sobre la presencia del Ejército en la “seguridad interior”. El gran Buenos Aires reiterará, así, la historia que ya recorrió el Sur de la Capital, donde el kirchnerismo introdujo hace un lustro atrás a la Prefectura y la Gendarmería. En esos barrios, y mientras la expectativa de una reducción del delito se venía abajo, sus vecinos asistían al crecimiento de las detenciones arbitrarias y los apremios contra los jóvenes, como ocurriera semanas atrás con dos militantes de la Garganta Poderosa. Entre las reaccionarias “herencias recibidas”, se acaban de revelar los partes de espionaje de la gendarmería macrista contra periodistas y organizaciones de derechos humanos, en la mejor tradición del Proyecto X de Garré y Berni. 

 

La manipulación -e incluso el coqueteo oficial- con las marchas contra la impunidad apunta a justificar ese reforzamiento represivo, en favor de los mismos aparatos que se asociaron a las redes delictivas que se enriquecieron a costa de la vida de jóvenes y de mujeres.

 

En este cuadro, la jornada por Lucía establece una peculiaridad, incluso en el método de lucha adoptado. El paro, o sea, la interrupción en el giro económico y en la administración del Estado, es un ataque objetivo a los intereses sociales y políticos responsables de la violencia a la mujer y, en general, de la inseguridad cotidiana. En el paro, y la masiva movilización de esta tarde, asoma un fermento de intervención popular que se relaciona con una situación de conjunto. Las mujeres que salieron a las calles en este miércoles soportan, en carne propia o en sus casas, la realidad de la caída del salario, los despidos y las suspensiones. Por esa agenda, la burocracia sindical ha bloqueado las medidas elementales de lucha que el movimiento de la mujer puso en marcha en este 19.

 

Detrás de esta enorme reacción popular, asoma la verdadera descomposición y la fragilidad del régimen político y el Estado al que pretenden blindar los partidos capitalistas, el clero y el capital internacional, por medio de mentirosas “concertaciones” que operan cuando los ajustes al pueblo son un hecho consumado. Saquemos las conclusiones de la enorme jornada por Lucía, reforzando la lucha por una alternativa política de los trabajadores.

 

 

Foto: Sebastián Baracco