La suspensión del desalojo del predio ocupado en Lugano es una clara victoria en la causa de la vivienda popular, así como un golpe político a los gobiernos de Macri y de Cristina Kirchner. Hace tres semanas, el macrismo intentó el desalojo con un desembarco masivo de la policía Metropolitana. La Presidenta y Berni, por su parte, le aconsejaban a Macri ser ‘más expeditivo’. Posteriormente, fuerzas represivas de los dos gobiernos comenzaron a diseñar el plan del desalojo. Mientras tanto, diputados y funcionarios recorrían la toma, aconsejando a los ocupantes retirarse a cambio de nada. La respuesta que recibieron fue invariablemente la misma: “de acá no nos vamos sin nuestra vivienda”. La mayoría de los ocupantes participaron de la toma del parque Indoamericano, que los dos gobiernos desocuparon con métodos similares y promesas que no se cumplieron. Esa derrota está muy presente en la memoria de todos y no quiere ser repetida. En la última semana, los ultimátum fueron rechazados, una y otra vez, por los ocupantes.

Hablan los vecinos

Mientras se avanzaba en los aprestos del desalojo, el PRO bloqueaba todas las iniciativas legislativas dirigidas a avanzar en el reclamo de que se urbanice la villa y se construyan todas las viviendas necesarias, en un proceso controlado por representantes electos de los vecinos. Esto fue lo que planteó nuestra banca, a través de un proyecto de ley, en la Comisión de Vivienda. La iniciativa fue sistemáticamente bloqueada, a la espera del desalojo judicial o de quebrar a los vecinos. Pero como esto no ocurrió, el PRO terminó aceptando una reunión con los delegados de la toma, a la que fuimos invitados legisladores de la oposición. El encuentro, donde hablaron todos los delegados, fue un juicio inapelable sobre la crisis de vivienda en la Ciudad. Mientras la burguesía y sus partidos se escandalizan porque la villa se extiende hacia el costado, nada dicen sobre su extensión en “propiedad horizontal”, liderada por punteros que controlan verdaderas inmobiliarias villeras y someten a familias a pagar hasta 2.000 pesos por una pieza miserable.

Como en otras oportunidades, la cuestión de la contaminación del terreno (que se utilizó como cementerio de autos de la policía Federal) fue la excusa para presentar al desalojo como “técnicamente inevitable”. Los vecinos plantearon que la remediación y la construcción de viviendas se haga por partes, mientras ellos permanecen y rotan al interior del predio ‘como garantía de cumplimiento de la urbanización’. La reunión convocada por el PRO pretendía que los diputados de la oposición oficiaron como mediadores entre el Estado y los ocupantes. De nuestra parte, no anduvimos con vueltas: nos declaramos a favor del plan presentado por los vecinos, le exigimos al macrismo que retirara la demanda de desalojo y que se pusiera en marcha de inmediato la urbanización. No fue el caso del kirchnerismo ni de Proyecto Sur (Unen), los que instaron a los ocupantes a “acercar posiciones”, cuando el macrismo no tiene otra posición que no sea el desalojo liso y llano.

Maniobras políticas

La tenacidad de la toma quebró, por ahora, la tentativa de un desalojo sumario. Pero se abre una etapa de maniobras políticas dirigidas a impulsar lo que algunos llaman ‘desocupación pacífica’. La Iglesia, que se pronunció contra el desalojo violento, trabaja por esta última alternativa. En definitiva, intentan convencer a los ocupantes de dejar la toma a cambio de promesas difusas. Ninguno de los partidos del régimen quiere una victoria de los vecinos de Lugano. Es que el reclamo por vivienda, que se extiende al conurbano y que crece con la inflación y la caída del salario, recibiría un fuerte espaldarazo. En Lugano, el ariete de estas maniobras pasa por la pretendida “necesidad de descontaminar el predio”. Esta urgencia ‘aparece’ después de la ocupación, pero no existía cuando ese mismo terreno fue cedido a los frustrados proyectos de Schoklender o, posteriormente, cuando se incluyeron en el privatista ‘plan maestro’ de la Comuna 8. La descontaminación también la quieren los ocupantes, pero como parte de la urbanización de la villa y del derecho a sus viviendas, no de su expulsión. Este es el planteo que llamamos a impulsar.