Luis Juez, el nuevo intendente de la ciudad de Córdoba, ha decidido "resolver" el problema del transporte de una manera que ni el propio Kammerath se atrevió a implementar: armando un grupo de rompehuelgas para enfrentar los paros de la UTA. El Concejo Deliberante, con el voto de la mayoría absoluta que tiene el partido de Juez, aprobó una ordenanza por la que se declara el "carácter social del transporte urbano" (sic) y habilita al Ejecutivo municipal a crear un registro de ómnibus, coches, combis, etcétera y choferes que actúen cuando por una medida gremial no haya transporte en la ciudad; es decir, autoriza al Ejecutivo a organizar un ejército de carneros y rompehuelgas.

La medida es evidentemente anticonstitucional, ya que impide el derecho de huelga. El objetivo es muy preciso: la mayoría de quienes pueden cumplir el servicio sustituto no reúnen las condiciones prácticas para hacerlo (coches en mal estado, no habilitados por los organismos de verificación, en negro, etc.): son los hoy perseguidos micros truchos. En realidad, lo único "viable" es el registro de choferes desocupados que manejen las unidades existentes. Por lo tanto, crea un enfrentamiento entre trabajadores ocupados y desocupados, lo cual redobla su carácter antiobrero y antipopular.

Los "progres" reaccionarios

Juez asumió apoyado por la centroizquierda, la CTA, y dirigentes de los gremios "combativos" (municipales, luz y fuerza); su gabinete está compuesto por varias figuras de un gran prestigio profesional y social, visualizados como progresistas e incluso con pasado izquierdista, que contrastan fuertemente con los funcionarios del repudiado Kammerath. Cumpliendo lo que es una ley de hierro, los "progres" cumplen las tareas más reaccionarias.

Juez dice que él gobierna para todos los cordobeses y no para un sector (el de los trabajadores del transporte), por lo cual su medida sería en defensa de la población, de su derecho a viajar y trabajar, vulnerado por los paros de UTA. Suena igual al reclamo de los capitalistas de terminar con el "problema piquetero" para garantizar el derecho a la circulación y, por ende, al trabajo.

Pero el problema no son los choferes que hacen paros: ellos son la solución. El transporte de Córdoba ha sido liquidado por los empresarios apañados por el gobierno municipal, que vaciaron empresas y lograron una reforma del sistema acorde a sus negocios. El sistema entró enteramente en quiebra, mientras las patronales han hecho ganancias extraordinarias (se duplicó en el último año el corte de boletos) sin ninguna inversión; el derrumbe ha sido apañado por Kammerath, que subsidió el vaciamiento empresario. Hoy, Juez sigue el mismo camino y va más lejos aún, porque pretende eliminarle a la Fetap (la patronal vaciadora) la presión obrera justo cuando los choferes reclaman la incorporación de los 200 pesos al básico (lo que significaría aumentos de hasta el 60% de los salarios de bolsillo), el pago del aguinaldo y el cumplimiento con los choferes de la ex Siglo XXI que se acogieron al retiro voluntario (bancado por el Municipio) y que no han cobrado aún.

Juez le deja a la patronal las manos libres para extender la jornada de trabajo y modificar los recorridos en función de las áreas más rentables, dejando el tendal de usuarios y choferes en la calle. La ordenanza de Juez va a reventar el sistema de transporte aun más, perjudicando a choferes, usuarios, etc., es decir, a los cordobeses para quienes dice gobernar.

Además, la decisión de Juez es una señal clara de su carácter de clase, de quiénes son sus verdaderos mandantes: el de Juez es un gobierno capitalista para los capitalistas, y cada paso lo irá revelando con mayor fuerza; con relación a Kammerath lo que ha cambiado son los mandantes, pero no su carácter de clase.

Movilizarse contra la ordenanza

La UTA ha anunciado la elaboración de un plan de lucha para impedir la reglamentación de la ordenanza rompehuelgas.

El Bloque Piquetero también se ha pronunciado contra la medida y prepara una movilización hacia el Concejo Deliberante en el curso de la semana, coincidiendo con la campaña nacional contra la reforma laboral y previsional, reclamando la derogación de la misma y llamando al conjunto del activismo obrero de la provincia a organizarnos para quebrar la norma antiobrera municipal.