La presente campaña electoral se caracteriza por el nivel excepcional de la hipocresía y el cinismo de que hacen gala los partidos democráticos sin ninguna excepción.

Angeloz, por ejemplo, asegura sin ponerse colorado que él no tiene ninguna responsabilidad política por el gobierno de Alfonsín. En un vano intento de desligarse del desastre actual, pretende que solamente se representa a sí mismo, lo que equivale a decir que no representa a nadie. La realidad, sin embargo, es que no sólo es candidato del partido oficial junto a los actuales ministros de este partido, sino que además comparte la fórmula presidencial con partidos de la dictadura encabezados por Cristina Guzmán y el general (r) Roberto Ulloa. A fuerza de jactarse de su independencia, Angeloz representa por partida doble al régimen alfonsiniano y a la dictadura militar.

Carlos Menem, aún más que Angeloz, declara su completa independencia del proceso actual, en su condición de candidato del partido opositor y de jefe de la fracción opositora dentro de su propio partido. Pero el justicialismo gobierna en 16 provincias, tiene mayoría en el senado y dirige centenas de municipios. Es parte oficial del régimen actual que ha desintegrado al país; ha apoyado sus leyes fundamentales. Votando los ascensos militares dio su aprobación a las leyes de punto final y obediencia debida; votando las leyes de presupuesto apoyó los pagos de la deuda externa y la rebaja de los salarios que esas leyes estipularon.

Los culpables de la situación actual protestan su inocencia para poder reincidir en la política de superexplotación de las masas y de la entrega de la nación.

¿Izquierda Unida escapa, acaso, a la caracterización de hipocresía y de cinismo de los partidos oficiales? El solo hecho de que no haya tenido una miserable palabra de condena para la masacre de La Tablada y para enjuiciar la responsabilidad del régimen democrático y de sus partidos en ella, le priva de toda autoridad y aun de derecho para pretender presentarse como una “alternativa de izquierda” o como una “alternativa al régimen”.

Pero lo que más retrata la hipocresía de Izquierda Unida son las declaraciones de sus candidatos con relación al programa.

“Gobierno de Trabajadores”

Esta consigna ha hecho las delicias demagógicas del Mas, pues ella demostraría que Izquierda Unida tiene un planteo clasista de poder; que por lo tanto es un frente revolucionario, de ningún modo democratizante; y que refleja un acuerdo principista y para nada oportunista entre sus integrantes.

Pero entre café y jugo de naranja, Néstor Vicente le explica a un periodista de Clarín, con el que entabla “una charla de verano” (19/2), que todo esto es una farsa.

El candidato a presidir el “gobierno de los trabajadores” declara, entre sorbo y sorbo, que el “tema que usted propone, de la dictadura del proletariado, no es un tema que hoy se converse ni en la Izquierda Unida ni en el Frente de Liberación”. ¡Ni se conversa!

¿Pero qué es entonces ese “gobierno de trabajadores” si no constituye una dictadura del proletariado contra los explotadores? ¿Qué realizaciones prácticas puede acometer cualquier gobierno popular que sea, si no ejerce despóticamente el poder para quebrar la resistencia y el sabotaje del capital? ¿Sin reemplazar al ejército permanente por el armamento de todo el pueblo, a la burocracia estatal capitalista por un gobierno revocable bajo control de tos trabajadores, al parlamento impotente por un congreso representativo y ejecutivo de los explotados; sin hacer esto, puede haber “un gobierno de trabajadores”, se puede dejar de pagar la deuda externa, se puede poner en marcha un “plan económico de los trabajadores”?

No, no se puede, claro que no se puede. Las declaraciones de Vicente no solamente ponen de relieve la mentira que significa la reivindicación de “gobierno de trabajadores” en el programa de IU, sino que ponen en evidencia por sobre todo el carácter mentiroso de todo ese programa, que es irrealizable en el 1% que tiene de positivo sin la dictadura del proletariado.

Vicente le dice convencido al periodista que, “para mi”, en “los países de América Latina el socialismo es una necesidad”. Pero un “socialismo” sin dictadura del proletariado es una frase vacía, es propia de un charlatán, supone un “socialismo” autorizado por los capitalistas, un “socialismo” que nace y se desenvuelve sin encontrar la resistencia de éstos.

Es natural que Vicente le confiese al periodista que él no usa la expresión “democracia burguesa” sino “democracia” a secas. Para el candidato de IU, las fábricas, los bancos y los campos pueden que sean monopolio de los capitalistas, pero el Estado es de todos. El Estado “democrático” gira así en el vacío, no importa que él sea un rehén financiero del capital que lo controla económicamente por medio del sistema impositivo y de la deuda pública. Esto es lo que “piensa” (si se lo puede llamar pensar) y dice el candidato de un frente que se proclama alternativa al “sistema”. ¿A qué sistema?

Embalado en este ritmo de vulgaridades, Vicente llega a decir que “los acreedores son los bancos y no los países”, es decir que los Estados “democráticos” del “norte” no son el instrumento político y militar de sus bancos, y más exactamente tos que han permitido que estos bancos puedan cobrarse la deuda externa.

Uno de los lados menos analizados de la guerra de Malvinas es, precisamente, su relación con la política de los estados imperialistas de impedir un desconocimiento de la deuda externa por parte de las naciones oprimidas. No ya una victoria, sino apenas un empate, de Argentina hubiera hundido al sistema financiero mundial.

Las declaraciones de Vicente desenmascaran las mentiras del programa de IU, y en especial el referido al gobierno de trabajadores. Es por esto que la conclusión de Vicente en el reportaje sea que “es indispensable una Izquierda fuerte para afianzar y profundizar la democracia”, es decir, una “izquierda” que haga de contrapeso a la “derecha” en mejor beneficio del “centro”.

En febrero de 1971 Salvador Allende hizo la declaración más importante de su vida cuando le manifestó al diario Le Monde su total oposición a la dictadura del proletariado. Renunciaba así al primer paso que conduce hacia ella —al desarme de la burguesía y al armamento del proletariado. Esta cuestión tan sencilla determinó la victoria de Pinochet, la terrible derrota del pueblo chileno y el asesinato del propio Allende.

El programa de transición de la IV Internacional denuncia, precisamente, a la consigna de gobierno de trabajadores cuando es expuesta con un carácter democrático y no con un carácter anticapitalista y un paso hacia una completa dictadura proletaria. El gobierno de la izquierda en el marco del Estado burgués es uno de los últimos recursos de los que se vale el imperialismo para impedir la victoria de la revolución.

Hay más

Néstor Vicente no se limita a expresar su oposición a la dictadura del proletariado sino que declara su más completo respaldo a la dictadura de la burguesía. Al igual que Allende, que contrario al armamento de tos trabajadores dictó una legislación para desarmarlos, Vicente apoya la legislación represiva del Estado.

En declaraciones para “El Tribuno” de Salta (26/2/89), dice: “Nosotros creemos que las leyes que tiene el país son suficientemente aptas para controlar estos fenómenos de violencia”. Es evidente; la ley es para reprimir ocupaciones de fábrica o de viviendas, para expulsar a extranjeros indeseables, así como un código penal para sancionar toda expresión violenta de la lucha de clases por parte de los oprimidos.

Pero Vicente es más preciso: dice que apoya la ley de Defensa, es decir, la que consagra en el plano de la ley común el monopolio de las armas por la camarilla militar que designa el Estado. Pero esta ley de Defensa va más lejos aún, porque establece en sus “anexos” los objetivos de represión interna de las fuerzas armadas, que incluyen a los “movimientos sociales”. Vicente dice también que está en contra de la inteligencia interior de las fuerzas armadas, cuando ella no ha dejado de ser practicada ni por un instante en forma sistemática, bajo la cobertura del Estado democrático y de todos sus partidos. El Consejo de Seguridad, a Vicente sólo “le parece un lamentable avance sobre la sociedad civil” (Idem), como si el COSENA fuera a ser aplicado contra la parte burguesa de la “sociedad civil” y no exclusivamente contra los trabajadores. Vicente falsifica miserablemente el carácter del Cosena al ocultar que es un avance del Estado burgués y del Pentágono imperialista contra los trabajadores argentinos.

I.U. tiene un programa contrarrevolucionario y aplica los mismos métodos hipócritas de engaño de los partidos patronales.