Mauricio Macri fue citado a declaración indagatoria para el 7 de octubre en la causa que investiga el espionaje a familiares de las víctimas del ARA San Juan, el submarino que se hundió en 2017. Hasta entonces, se le impedirá salir del país. La resolución del juez subrogante de Dolores, Martín Bava, señala que agentes de la AFI elevaban sus informes a la cúpula del organismo, integrada entonces por Gustavo Arribas y Silvia Majdalani (ahora procesados), quienes a su vez mantenían al tanto al expresidente.

Uno de los partes anticipaba, con gran nivel de detalle, los reclamos que los familiares presentarían al exmandatario en la Casa Rosada. Otro informaba que aquellos se acercarían a la quinta de Chapadmalal, en la que se encontraba el empresario en febrero de 2018, para entregarle una carta con una solicitud de pedidos de informes.

El espionaje sufrido por los familiares, que querían conocer las razones del hundimiento y cuestionaban al entonces ministro de Defensa, Oscar Aguad, se inscribe dentro de un despliegue mucho más vasto que montaron los servicios de inteligencia. En el marco del Proyecto AMBA, se crearon seis bases de la AFI en el Conurbano, entre 2016 y 2017, que se sumaban a las ya existentes en La Plata, Bahía Blanca y Mar del Plata. De acuerdo a la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), esas bases estuvieron dirigidas por excomisarios que cumplieron funciones durante la última dictadura militar. Y llevaron a cabo tareas de inteligencia contra decenas de organizaciones obreras, sociales, políticas, e incluso comedores populares y merenderos. Los sindicatos docentes, grupos piqueteros, de derechos humanos, y las organizaciones que integran el Frente de Izquierda, fueron objetivos de los espías.

El espionaje contra las organizaciones de lucha fue un recurso al servicio de las políticas de ajuste, amedrentamiento y represión, que tuvieron uno de sus capítulos en la aprobación de la reforma previsional y el posterior enjuiciamiento de los compañeros César Arakaki y Daniel Ruiz por participar de las manifestaciones contra ese robo a los jubilados.

Pero no ha sido un recurso privativo del macrismo, como lo enseña el Proyecto X de la época kirchnerista.

La denuncia por el seguimiento contra los familiares del ARA San Juan fue radicada el año pasado por la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, en Mar del Plata, pero el juez Santiago Inchausti derivó la causa a su par Alejo Ramos Padilla, de Dolores, quien investigaba el referido Proyecto AMBA. El tema quedó a cargo de Bava cuando aquel se mudó al Juzgado Federal 1 de La Plata.

El avance contra Macri en Dolores, contradictoriamente, se da en momentos en que el exmandatario podría verse favorecido por una absolución en otra investigación por espionaje, aquella que refiere a tareas de inteligencia contra Cristina Kirchner, Hugo Moyano e incluso miembros del PRO, como el actual jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta, entre muchos otros.

En dicha causa, que pasó del juzgado de Lomas de Zamora a los desprestigiados tribunales federales de Comodoro Py, dos de los tres integrantes de la cámara que está a cargo (Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi), según un artículo de La Nación, se inclinarían por considerar que esas tareas de espionaje fueron la obra suelta de algunos agentes de inteligencia rasos, lo que absolvería de culpas al tándem Arribas-Majdalani y al expresidente. Estos jueces simplemente adoptarían, de este modo, la versión del mismo exjefe de la AFI, que definió el caso como un acto de “cuentapropismo” de sus subordinados.

Las idas y vueltas de estas causas traslucen el cruce de intereses políticos en el Poder Judicial. El desenlace estará condicionado por esa situación política.

Es necesaria la apertura de todos los archivos de la AFI y la lucha por su desmantelamiento, como parte de una pelea contra todo el Estado capitalista.

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