El kirchnerismo se quejó injustamente con Macri por el contenido de su discurso en la Asamblea Legislativa. Ocurre que en su repaso de la ‘herencia recibida’ omitió el punto más importante. Nos referimos al crecimiento de la deuda pública durante el gobierno anterior, que ya supera los 250.000 millones de dólares, sin contar aún los pagos que se realizarán a los fondos buitres ni la deuda de otros 20.000 millones que el BCRA tiene con la banca privada. Macri también omitió mencionar el pago de casi 200.000 millones de dólares por parte de la administración kirchnerista, lo que no impidió el crecimiento de la deuda, condujo al vaciamiento financiero del país y explica los desequilibrios económicos ‘heredados’.

 

Aunque mucho le duela a La Cámpora, el discurso de Macri es un aval implícito al relato del ‘desendeudamiento’ con el que tanto batieron el parche los propagandistas del kirchnerismo. Ahora ese relato es ‘funcional’ a la política de mega-endeudamiento que el gobierno piensa inaugurar con el pago a los fondos buitre. Los bonos por 15.000 millones de dólares que Prat Gay emitirá a una tasa usuraria del 7% anual vienen a engrosar una cuenta que deja a Argentina al borde de la bancarrota, con una deuda equivalente a dos tercios de su PBI. Se trata de deuda para pagar deuda o cubrir un déficit fiscal creciente, por las mayores concesiones dadas a los capitalistas. Es el caso de la eliminación de las retenciones agropecuarias y mineras, o los subsidios a los monopolios petroleros.

 

Mientras en Argentina los economistas vinculados al gobierno y a la oposición dicen que la coyuntura internacional es propicia para abrir un nuevo ciclo de endeudamiento, un vocero calificado del capital financiero como el Financial Times alerta en un reciente artículo con que una emisión masiva de deuda argentina puede terminar en un fracaso.

 

Una escribanía buitre 

 

Macri sabía de antemano que su pedido de que el Congreso apruebe el pacto con los buitres sería atendido con premura. En el plenario del Partido Justicialista realizado días atrás, la moción de rechazar el acuerdo con los buitres nunca llegó siquiera a ser considerada. Los gobernadores presentes dejaron en claro que votarán el acuerdo con las dos manos, porque ellos mismos están en busca de un endeudamiento para sus provincias. El bloque de senadores del PJ, comandado por Pichetto, también anticipó que votará a favor para “cuidar la gobernabilidad”. De este modo se armó el viejo truco del policía bueno y el policía malo: el bloque de senadores del FpV votará a favor pues sus votos son indispensables para aprobar el acuerdo, mientras en diputados podrán votar en contra ya que sus votos no son necesarios. La maniobra quedó al descubierto cuando todos aceptaron armar una conducción única del partido detrás de Barrick-Gioja. 

 

Los votos para el acuerdo con los buitres también vendrán del nuevo tándem que se ha formado en la última semana, la dupla Massa-Stolbizer. Con la hipocresía que caracteriza al progresismo criollo, han decidido ocultar el significado histórico de este pacto entreguista presentando una ‘agenda social’, cuya realización es incompatible con el sometimiento al capital financiero y el pago de la deuda usuraria. Hablar del 82% móvil o de la suba de las escalas del impuesto al salario mientras se vota un endeudamiento colosal en beneficio de los usureros internacionales es peor que un contrasentido, es un acto de cinismo que debe ser denunciado implacablemente.

 

Más ajuste 

 

A la hora de justificar el vergonzoso acuerdo con los buitres, que embolsarán en algunos casos beneficios superiores al 6.000%, se ha armado un nuevo relato que consiste en afirmar que el endeudamiento que busca el gobierno y los gobernadores viene a impedir o al menos moderar el ajuste en marcha en el país. Quienes difunden esta especie pretenden ocultar que el endeudamiento tiene una contraparte que el gobierno debe cumplir, y es asegurar la capacidad de pago de la deuda contraída. Pero ello sólo es posible profundizando el ajuste en marcha contra los trabajadores, que Macri quiere aplicar teniendo el reaseguro de un frente amplio que abarque a los gobernadores y al Congreso. El voto favorable al pacto con los buitres compromete a todos ellos en una ofensiva antiobrera común. 

 

Los planes en ese sentido ya son públicos. Los miles de despidos en el Estado ejecutados hasta ahora podrían duplicarse o triplicarse en el próximo período. En el mismo momento que Macri hablaba en el Congreso, 600 trabajadores de Atucha eran despedidos. Los despidos y suspensiones alcanzan a la industria y el comercio. En la UOM peligran 10.000 puestos de trabajo. La recesión es un instrumento para golpear al salario de cara a las paritarias.

 

La burocracia sindical está jugada en la misma orientación. Esto alcanza incluso a su ala izquierda, como lo prueba el rápido acuerdo que firmó la Ctera con el gobierno, que destruye el Estatuto del Docente y deja a la masa de los trabajadores de la educación con salarios por debajo de los 10.000 pesos. Los Moyano, Barrionuevo y compañía han convalidado la continuidad del impuesto al salario, lo cual pretende disimularse con un debate parlamentario tramposo en el que los trabajadores llevan siempre las de perder.

 

A la acción 

 

Los próximos 30 días convertirán al país en un laboratorio político acelerado. El voto favorable del Congreso a favor del pacto con los buitres debe ser denunciado por medio de una campaña general, movilizaciones y actos. Ello servirá para una clarificación de los intereses sociales que representa cada fuerza política en el país. En la misma línea deben inscribirse todas las iniciativas de repudio a la llegada de Obama, cuyo carácter provocador aumenta siendo que ocurrirá en las vísperas del 40˚ aniversario del 24 de Marzo. 

 

La izquierda tiene una oportunidad excepcional para tomar la iniciativa y transformarse en la oposición política al gobierno macrista del ajuste y la entrega.