Con la aprobación, por parte del FMI, del nuevo acuerdo con el gobierno macrista, han salido a la luz los términos del pretendido "rescate" de Argentina. Los 57.000 millones de dólares totales de la “ayuda” al país sólo existen como garantía de última instancia para el pago de la deuda externa a los acreedores internacionales. Como prueba de ello, el Fondo ya aclaró que los primeros desembolsos de dinero quedarán en una cuenta “en reserva” del Banco Central, ya que el Tesoro “no tendrá necesidades de utilizarlos para su financiamiento”.

Detrás de esta “falta de necesidad” está el brutal ajuste del gasto corriente resuelto en el Presupuesto 2019, contra la salud, la educación, la obra pública y las provincias. Con esos recursos, el Fondo tampoco quiere alimentar corridas cambiarias: por eso, el acuerdo ratifica que la tasa de interés de referencia “no debe ser inferior al 60%”. O sea que consagra la política de colapso del crédito con la cual se ha frenado en las últimas semanas la devaluación de la moneda. No sorprende, en este cuadro, que los pronósticos del FMI anticipen un derrumbe económico todavía más agudo del que habían previsto sus propios técnicos y los funcionarios oficiales. 

Abriendo el paraguas

En efecto: las perspectivas que el Fondo traza para la evolución del régimen macrista se parecen más a un certificado de defunción que a un diagnóstico. El Fondo considera a la deuda argentina “sustentable, pero no con alta probabilidad” (sic). O sea que abre el paraguas frente a una crisis de deuda que conduzca a un defol concertado -“reprogramación”- o a un desbarranque aún mayor. En ese sentido, el ‘diagnóstico’ fondomonetarista se ampara repetidamente en la crisis financiera global.

Pero estos pronósticos funestos tienen un claro objetivo: abrir la puerta a una escalada todavía más grave contra trabajadores y jubilados. El informe del FMI no escatima críticas al ajuste macrista, al que califica de “baja calidad”. Sin decirlo, se refiere a que el recorte del gasto se ha fundado, hasta ahora, en la brutal devaluación de la moneda, que ha licuado los desembolsos en salarios, jubilaciones y gastos sociales. Una revaluación, se queja el Fondo, elevaría a su turno a estos gastos medidos en dólares. La receta que emerge de ello es clara: por un lado, un plan de despidos masivos en el Estado, que el gobierno buscará ejecutar parcialmente con el vencimiento de contratos precarios a fines de este año. Del otro lado, el acuerdo Macri-FMI indica “una nueva reforma del sistema de pensiones”. Este es el acuerdo colonial y antiobrero que contó con el cheque en blanco del Congreso, cuando los diputados del gobierno y el Pejota votaron el Presupuesto de ajuste. La base de estos recortes, a su turno, fue acordada con un amplio abanico de gobernadores que incluyó a Alicia Kirchner.

En la tarde en que se conoció el acuerdo, llamó la atención que los bonos argentinos nominados en dólares no experimentaran repunte alguno. Algún operador destacó que “el apetito del mercado argentino se concentra en el corto plazo”. O sea, en el aprovechamiento de la transitoria bicicleta que aportan las tasas de interés exorbitantes y el dólar por ahora estable. Los propios especuladores -al igual que el FMI- no creen en el acuerdo brutal que le han impuesto a la Argentina. Pero en nombre de este pacto sin futuro, pretenden imponerle una masacre social al país. Más que nunca: congreso de bases de las organizaciones obreras para resolver un paro activo y la preparación de la huelga general hasta derrotar el paquete fondomonetarista. Que se vayan el gobierno y el régimen entreguista, Asamblea Constituyente libre y soberana, que debe repudiar, en primer lugar, a este acuerdo colonial y a la deuda usuraria.