La audiencia en que el expresidente Mauricio Macri debía declarar por el espionaje contra familiares de las víctimas del ARA San Juan fue suspendida, debido a que el juzgado de Dolores no contaba con el relevamiento del secreto de inteligencia del exmandatario (que debe ser solicitado al presidente en ejercicio). De este modo, el dirigente del PRO logró escabullirse una vez más de su declaración indagatoria. Minutos antes, el empresario había encabezado un acto junto al intendente de la localidad bonaerense y otros referentes de Juntos por el Cambio, al grito de “no toquen a Mauricio”.

Tras faltar a las dos primeras citaciones, Macri había tenido que presentarse finalmente en Dolores para declarar en la causa que sigue el juez Martín Bava, subrogante del juzgado de esa ciudad. Previamente, sin embargo, intentó sin éxito recusar al magistrado.

El seguimiento a los familiares de las víctimas del ARA San Juan fue llevado a cabo por miembros de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), quienes reportaban la información a Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, entonces al frente del organismo (hoy procesados en la causa), en contacto a su vez con el exmandatario. Con un gran nivel de detalle, uno de los informes de los espías alerta los reclamos que los familiares presentarían en su reunión con el expresidente, lo que induce a pensar que infiltraron encuentros de los mismos.

El espionaje contra quienes reclamaban el esclarecimiento de lo ocurrido con el submarino y cuestionaban la actuación del entonces ministro de defensa, Oscar Aguad, y otras autoridades, formó parte de un esquema más vasto de seguimiento ilegal contra referentes opositores y organizaciones de lucha. En una de las causas conexas que investigan estos hechos, Macri podría verse beneficiado, ya que según un artículo del diario La Nación, dos jueces de los desprestigiados tribunales de Comodoro Py (Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi), adonde el expresidente logró desviar la causa, se inclinarían por considerar que las maniobras fueron obra de agentes sueltos, cortando allí la cadena de responsabilidades.

El escándalo del espionaje plantea la necesidad de disolver la AFI y todos los servicios de inteligencia.

Operaciones

Al revés de lo que dijo Patricia Bullrich en el acto de Dolores, cuando sostuvo que los integrantes de lo que fue su gobierno son “institucionalistas”, “republicanos” y “ciudadanos de bien”, lo cierto es que las operaciones judiciales y de espionaje del macrismo no tienen nada que envidiarle al kirchnerismo.

Uno de los casos más notables es el de la “mesa judicial”, integrada por ministros, asesores y lobistas que actuaban en tándem con distintos magistrados. Este tema forma parte de una de las causas pendientes de Macri, que está a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti. También se investigan las reuniones no informadas mantenidas por el expresidente, en la Quinta de Olivos, con los camaristas Gustavo Hornos y Mariano Borinsky.

La “mesa judicial” estuvo al servicio de los choques con empresarios ligados a los K, como Cristóbal López, denunciado por una evasión impositiva multimillonaria de la empresa Oil Combustibles. Cuando los vientos políticos cambiaron, López fue liberado (e incluso obtuvo recientemente un arreglo favorable por su deuda con el fisco, a cancelar en 97 cuotas con una tasa de 2,84% mensual, por debajo de la inflación).

Macri tiene abiertas también otras dos causas judiciales importantes. Una de ellas es por el acuerdo perjudicial que el Correo Argentino intentó cerrar con el Estado, siendo él presidente. El Correo estuvo en manos del Grupo Macri entre 1997 y 2003, pero solo pagó el canon correspondiente el primer año. Acumuló una deuda con el Estado de 296 millones de pesos, equivalentes a 296 millones de dólares, dado que regía la convertibilidad de la moneda. Pero en 2016, el Estado aceptó una propuesta ruinosa de resarcimiento por 296 millones de pesos, en 15 cuotas, que recién se cancelaba en 2033. La fiscal Gabriela Boquín calculó que, considerando que en ese momento el dólar estaba a 16 pesos, la deuda real ascendía a 4.700 millones de pesos y que, “extendiendo este cálculo a 2033, el Estado dejaría de percibir una cifra cercana a los $70 mil millones” (Chequeado, 6/7).

En relación a esta causa, el macrismo pidió al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad de Buenos Aires, afín a Juntos por el Cambio, que aparte a la fiscal y a la jueza en lo comercial Marta Cirulli. La resolución de este pedido está ahora en manos de la Corte Suprema. Cabe señalar que la Legislatura porteña acaba de aprobar una reforma que le otorga al TSJ la potestad de revisar fallos nacionales, lo que podría favorecer a Macri en algunas de las causas que lo involucran.

Mientras tanto, Macri (y Bullrich) afronta también la causa por el contrabando de armas a Bolivia, en respaldo del golpe criminal de Jeanine Añez.

Este breve repaso muestra la calaña del líder de los “republicanos” argentinos. El desenlace de su situación judicial estará condicionado por la propia evolución de la situación política.

Es necesario mostrar ante los trabajadores los lazos del poder político, la justicia, los servicios de inteligencia y la clase capitalista, los mismos que ejecutan el ajuste y la represión contra las masas.